El trágala de Hacienda a los alcaldes para el uso de sus ahorros rompe con la histórica unanimidad en la FEMP y aboca al Gobierno a una negociación imposible

Entre Montoro (Cristobal) y Montero (María Jesús) no se ven grandes diferencias, salvo la vocal que distingue sus apellidos. Es lo que tienen los ministros de Hacienda, más allá de ideologías, que nunca satisfacen a todos. Más bien son siempre el blanco de todas las críticas. De las autonomías, de los ayuntamientos, de los contribuyentes y hasta de sus compañeros de Gobierno. Lo habitual es no contentar a nadie. Y, aunque el foco mediático siempre ilumine las quejas de las comunidades cuando se trata de financiación, esta vez es el flanco municipal el que se resiste a que el Ejecutivo haga bueno aquello de que “el que parte y reparte, siempre se queda con la mejor parte”.  

En la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hay una bomba de neutrones que está a punto de caer sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. El motivo es la última propuesta de Hacienda para que puedan gastar parte de sus ahorros en la reconstrucción económica tras la crisis sociosanitaria. El documento, lejos de convencer, ha provocado un profundo rechazo, además de un sonoro “no” que aglutina a alcaldes de todos los colores, si bien los socialistas –liderados por el regidor de Vigo (Pontevedra), Abel Caballero– han decidido finalmente transigir con lo que ellos mismos consideran un trágala tan solo por “disciplina de partido”, salvo algunas excepciones que ven en las últimas modificaciones del Ministerios algunos cambios sustanciales.

Aún así PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, PNV, ERC y PdeCAT siguen sin aceptar las condiciones de la propuesta de Montero, por la que Hacienda se quedaría con el grueso de sus ahorros a cambio de 5.000 millones que los municipios podrán gastar de sus remanentes acumulados. “Nos obligan a entregar nuestros dinero y a cambio nos imponen dónde y cómo podemos gastarlo”, se queja el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Ni la oferta para que los municipios reciban fondos del reparto de las millonarias ayudas europeas y del que España recibirá 140.000 millones ha convencido a los regidores, ya que el Ministerio no ha cuantificado un porcentaje. Ahora, lo más que ofrece es un compromiso escrito de abordar cuanto antes la reforma de la ley de financiación de las Corporaciones locales. Los alcaldes lo llaman “larga cambiada”.

Los ayuntamientos llevan años pidiendo al Gobierno de España que se les permita usar sus ahorros, que suman 18.000 millones de euros, pero ni la Ley de Estabilidad ni la Constitución –después de la modificación exprés del artículo 135 acordada en la anterior crisis económica entre PSOE y PP– se lo permite. Y Sánchez parece haberse olvidado por completo de la derogación que prometió en su programa electoral y plasmó negro sobre blanco en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. A lo más que ha llegado es a una solución intermedia que pasa por que los ayuntamientos creen un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes, que sería voluntario y generaría una deuda de municipal de 15.000 millones de euros. De este modo, Hacienda les entregaría un ingreso entre este ejercicio y 2021 de 5.000 millones. Y el resto, 13.000, se lo devolvería en los próximos diez años. 

La mayoría no está por la labor, entre otros motivos, porque se impone un destino final de los fondos –sobre todo para proyectos de movilidad sostenible– y el plazo de devolución a diez años se les antoja eterno. Y todo ello, además, con una sensación general entre los alcaldes de agravio permanente respecto al trato que el propio Sánchez dispensa a las autonomías, con las que se ha reunido telemáticamente durante la pandemia en catorce ocasiones y a las que ha convocado este viernes a una cumbre presencial en San Millán de la Cogolla, que contará con la presencia de Felipe VI.

Dificultades en el seno de la FEMP

En este marco, el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, ha hecho ya varios intentos baldíos en busca del consenso en torno a la oferta del Gobierno y que han obligado a Hacienda a retirar al menos en una ocasión del orden del día del Consejo de Ministros el Real Decreto para habilitar los recursos municipales. El resultado es el bloqueo y un astronómico pago de intereses que los ayuntamientos se ven obligados a abonar a los bancos por mantener sus ahorros inmovilizados. Caballero ha tenido que cancelar en varias ocasiones la votación en la Junta de Gobierno de la FEMP ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo unánime. A última hora de este miércoles, se vio obligado a posponer al viernes una convocatoria extraordinaria de la Junta que iba a votar hoy jueves la propuesta definitiva de Hacienda. Lo pidió el PP tras esgrimir que la cita les coincidía con la celebración de algunos plenos municipales.

El PSOE no tiene mayoría en el órgano gestor de la FEMP, que integran 25 miembros: 10 del PP, uno de Ciudadanos, Podemos-IU y Junts per Catalunya y 12 del PSOE, que necesitaría asegurarse al menos un voto para aprobar la propuesta enviada por Hacienda. De momento, no cuenta con ello, pese a la discreta negociación que los socialistas han mantenido en el Congreso con el partido de Puigdemont para arrastrarlo al “sí” e idem con Unidas Podemos. Los morados entienden que los ayuntamientos son la “primera trinchera frente a la crisis y que no se puede gobernar contra ellos, por lo que reclaman el blindaje de la autonomía municipal y el refuerzo de su financiación.

El malestar es notable, incluso entre los regidores del PSOE, que de someterse a votación el texto ya han dicho que votarán a favor “con la nariz tapada” para no abrir una crisis en el seno del partido que erosione a Sánchez y, de paso, de  nuevos argumentos a la derecha con los que desgastar al Gobierno. 

Sea como fuere, y aunque Caballero –que no defiende la misma posición crítica que sus homólogos del PSOE– lograse ese voto que necesita, el problema se trasladaría al Congreso de los Diputados, ya que el Ejecutivo tendría que convalidar el decreto con una mayoría que hoy por hoy no tiene para su propuesta. Y esto sin contar con que Caballero pasaría a la historia de la FEMP como el primer presidente que rompió con la histórica unanimidad con la que ha actuado este organismo en los últimos 40 años. Jamás hubo una votación que no saliera en estos términos. Si Caballero insiste en someter el texto a votación es probable que sea la primera en la historia de la democracia. 

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, entiende que la falta de flexibilidad y la “arrogancia” del Ministerio de Hacienda supone “un desprecio intelectual a lo que representan los ayuntamientos, que también son Estado”. El último texto remitido por María Jesús Montero es, en su opinión, una “propuesta de recentralización e intransigencia” que aleja el acuerdo y deja, además, en una delicada situación al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero. “La ministra actúa más con la lógica contable de un abogado del Estado que con la de un gobierno progresista”, añade.

Precisamente Caballero hizo una defensa cerrada del texto ante la última Ejecutiva Federal del PSOE y después de que en un anterior encuentro el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tuviera un agrio enfrentamiento con Sánchez por los términos de la propuesta. En esta ocasión, Nuria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fue quien advirtió que el planteamiento de Hacienda iba a necesitar de mucha explicación en los ayuntamientos. En la misma dirección apuntan las quejas de otros alcaldes, como el de Mérida, el socialista Antonio Osuna, quien se niega en rotundo a incrementar las tasas municipales a sus vecinos “para financiar el déficit del Estado”. Y también las de los regidores del PP, cuya posición es más implacable aún.

Salvo milagro (laico) y que Hacienda se descuelgue con alguna otra novedad en su última propuesta –algo que no se prevé–, el Gobierno suma un nuevo problema en un momento en el que no le sobra uno y su relación con los grupos parlamentarios que hicieron posible la investidura no es del todo óptimo. Todo está en el aire y todo apunta a que en la FEMP se acabaron las votaciones por unánimes.