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Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, va a solicitar al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia que le condenó hace unas semanas a dos años de inhabilitación del cargo por la filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso confesaba un delito fiscal.
Por otro lado, la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el jefe de gabinete de Carlos Mazón, el exsecretario autonómico José Manuel Cuenca, se ven las caras este lunes en una sesión del juicio que investiga la responsabilidad de las 230 muertes que causó la dana de Valencia el 29 de octubre de 2024. La jueza ha citado a ambos responsables para interrogarles y aclarar las supuestas contradicciones en sus declaraciones sobre la gestión de aquella emergencia. Pradas se ha reafirmado en que recibió órdenes de no confinar a la población esa tarde y ha asegurado que no sabía nada de la comida de Mazón en El Ventorro.
Y en Madrid, te contamos que la “libertad” de elegir hospital de la que gozan los pacientes madrileños está saliendo cara para las arcas y centros públicos: unos 1.268 millones de euros extra han ido a parar a la sanidad privada
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