El juez del caso Villarejo cita a los comisarios que dirigieron la Policía con González, Aznar y Rajoy
El juez del caso Villarejo ha citado a declarar a los tres jefes operativos de la Policía con los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy para que expliquen el papel del policía encarcelado durante sus mandatos, han informado a eldiario.es fuentes del caso. Los dos primeros, Agustín Linares y Pedro Díaz-Pintado, comparecerán como testigos, y el tercero, Eugenio Pino, lo hará como investigado, la condición que ya ostentaba en la causa por su presunta participación en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, una de las piezas separadas.
La declaración de los tres mandos, ya jubilados, se producirá el próximo 28 de noviembre y ha sido acordada a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Los tres firmaron escritos similares al inicio de la causa en los que aseguraban que conocían y autorizaron los negocios del comisario mientras estuvo a sus órdenes. Esos negocios son el epicentro de las actividades ilegales del funcionario que se investigan en la Audiencia Nacional.
La iniciativa de aquellos tres responsables operativos de la Policía en distintas etapas se produjo en enero de 2018. Apenas habían pasado dos meses de la detención e ingreso en prisión de Villarejo y ya se especulaba con la cantidad de información que el policía podía guardar de políticos, jueces y empresarios del país, pero también de sus jefes y compañeros. El director adjunto operativo de la Policía en tiempos de Zapatero, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, falleció en enero de 2012. Una hija suya trabajó hasta la detención de Villarejo en una de las empresas de éste.
Del citado como investigado, Eugenio Pino, cabe destacar que es el artífice de la brigada política de la Policía durante la primera legislatura del Gobierno del Mariano Rajoy. Con aquella brigada política colaboró Villarejo en las maniobras policiales y extrajudiciales contra el proceso soberanista en Catalunya. Pero también en el espionaje y sustracción de información a Bárcenas después de que éste ingresara en prisión y confesara la financiación irregular del PP durante al menos dos décadas.
Las cartas de los responsables policiales, ya jubilados, para los que pide la citación Anticorrupción choca con un informe obrante en la causa en el que la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de la Función Pública, afirma que no consta que Villarejo solicitara “en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas”. Ese informe fue recabado por los investigadores en junio de 2017, cuatro antes de la detención de Villarejo y cuando ya Fiscalía y Asuntos Internos investigaban en secreto al policía.
Precisamente en el marco de sus negocios privados se han producido la mayoría de las actividades presuntamente delictivas por las que se investiga al comisario, que aprovechaba su condición de funcionario para obtener información confidencial, redactar dosieres y venderlos a sus clientes a precios millonarios.
Villarejo siempre defendió que, de forma desinteresada, puso sus negocios a disposición de la Policía para contribuir a delicadas investigaciones que necesitaban que no se detectara el rastro de sus compañeros. El comisario jubilado estuvo fuera de la Policía entre 1983 y 1993 y en esa época sitúa la creación de su pequeño imperio empresarial. Fue con José Luis Corcuera en el Ministerio y Agustín Linares al frente de la Policía cuando abandonó la excedencia para reincorporarse como agente liberado, sin dejar su actividad privada.
En su última época en la Policía con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, el diario El País reveló que el comisario participaba en 12 sociedades con 16 millones de capital. Aquello obligó al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a ordenar una investigación interna que concluyó que los negocios de Villarejo eran perfectamente compatibles con su actividad de funcionario. La investigación se le encargó al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, otro destacado miembro de la brigada política imputado hoy junto a Villarejo y Pino por el espionaje a Bárcenas.
Una de las piezas que recoge esa actividad es la denominada Land, sobre un enfrentamiento en el seno de la familia García Cereceda. Fueron los investigados Susana García Cereceda y Francisco Peñalver quienes solicitaron que las cartas de los jefes operativos de la Policía se incorporaran a las pesquisas contra ellos. En otra de las causas, otros dos imputados han actuado igual. Además, el imputado Adrián de la Joya, histórico socio del comisario e igualmente investigado por la Audiencia Nacional, incorporó las cartas a la investigación en su contra.
Por su parte, Villarejo pidió que no se llamara a declarar a Pino y los otros dos mandos mientras pesara el secreto sobre las actuaciones que ya fue levantado. Pedro Díaz Pintado fue subdirector operativo de la Policía (el equivalente entonces al puesto que luego desempeñó Pino) durante el Gobierno de José María Aznar. Por su parte, Agustín Linares, en la época de Felipe González, concretamente entre 1987 y 1994.
