Vivienda, fiscalidad o ayudas por hijo: las demandas de Sumar para un Presupuesto que servirá de escaparate electoral

Por primera vez en la legislatura, después de que el presidente Pedro Sánchez se negara a presentar cuentas públicas para 2024, 2025 y 2026, el curso político comenzará en septiembre con una negociación en el seno del Gobierno para diseñar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Si el Ejecutivo cumple esta vez los plazos constitucionales, el texto debe estar presentado en el Congreso antes del 1 de octubre. Y, habida cuenta de que Sánchez ha abierto la puerta a adelantar las elecciones al primer trimestre del año que viene si las cuentas no salen adelante —algo que parece enormemente complicado—, el proyecto de Presupuestos para 2027 se perfila como un perfecto escaparate para mostrar las prioridades económicas y sociales del Gobierno.

Esa posibilidad es especialmente importante para un Sumar que se encuentra en pleno proceso de recomposición de su alianza y, por el momento, no tiene ni marca ni candidato. La falta de Presupuestos durante toda la legislatura ha impedido a la alianza que lidera —aún— Yolanda Díaz poner en marcha algunas de sus principales banderas, aunque en los últimos meses Sumar sí ha logrado torcer el brazo al PSOE en asuntos como la prórroga de los alquileres, que el Gobierno aprobará por segunda vez este julio después de que el Congreso la tumbara hace un par de meses. Por ello, la negociación con los socialistas para diseñar el proyecto de Presupuestos para 2027 que se llevará al Congreso se perfila como clave.

Así lo planteó hace unas semanas la diputada de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso Aina Vidal que sostuvo que la negociación de las cuentas públicas es una vía inmejorable para “presentar nuestro modelo de país y de gobierno”. “Es una buena noticia poder contar a la ciudadanía qué queremos hacer y cómo”, sostuvo Vidal, que afirmó que “este no es el momento de especular con elecciones” y quiso enviar “un mensaje muy claro al PSOE: la negociación de los Presupuestos no va a ser humo ni una forma de distraer a nadie, sino una forma de explicar quiénes somos y qué queremos hacer”.

En la misma línea se expresó este lunes el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que advirtió a Sánchez de que “sería una frivolidad” presentar los Presupuestos sin tener intención real de sacarlos adelante. “Las cuentas se presentan para ser aprobadas”, insistió Maíllo, que hizo hincapié en la necesidad de “ampliar determinados derechos y conquistas y cumplir con la labor del Gobierno hasta el fin de la legislatura”. “Uno no puede presentar unos Presupuestos sabiendo que ese debate no va a servir para nada, sería un fraude a la sociedad: los Presupuestos tienen que ser tan buenos que quienes intenten tumbarlos o se opongan a ellos sufran un coste electoral”, argumentó.

Lo cierto, no obstante, es que en privado varios dirigentes del espacio político a la izquierda del PSOE consideran que es muy probable un adelanto electoral si las cuentas, como todo apunta a que ocurrirá, son rechazadas en el Congreso. Y, en ese contexto prácticamente preelectoral, Vidal mencionó que algunas de las prioridades que planteará Sumar a los socialistas de cara a la negociación del proyecto de Presupuestos serán “la ampliación de los recursos para dependencia, nuevas dotaciones para vivienda” o la mejora de la “prestación por hijo a cargo”, ampliando su alcance más allá de los tres años de edad. “Son medidas que tienen que ver con poner a España en el punto donde nunca debería haber dejado de estar”, señaló la portavoz.

Otras fuentes de Sumar coinciden en estas prioridades de cara a la negociación y añaden una más: la fiscalidad. Hace dos años, en la última ocasión en la que el Gobierno sí amagó con presentar un proyecto de Presupuestos —el año pasado el asunto se dejó morir—, la coalición presentó un amplio documento de propuestas que, en la pata impositiva, apostaba por una reforma fiscal en profundidad. Entre otras medidas, los de Yolanda Díaz apostaban por modificar los tres grandes impuestos (sociedades, IRPF e IVA) para hacerlos más progresivos y también por crear figuras impositivas nuevas, en su mayoría destinadas a las rentas altas y a los bienes de elevado precio y coste ecológico y social.

Una negociación aún en sus inicios

En cualquier caso, las fuentes consultadas admiten que las negociaciones para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se encuentran aún en una fase muy incipiente. Este miércoles, Sánchez explicó en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN en Ankara que todavía tienen que “acordar internamente” qué proyecto se va a presentar. “Luego, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, tendremos que ir a las Cortes a intentar recabar los apoyos parlamentarios”, aseguró.

Varios de los socios del Gobierno, cuyo voto sería imprescindible para que las cuentas salieran adelante en el Congreso, confirman que no han empezado a tener un intercambio significativo de propuestas con el Ejecutivo. “Que presente el proyecto, ese es el primer paso, a ver cuáles son sus intenciones reales, y ya hablaremos luego de prioridades”, plantea una fuente de uno de los partidos aliados de la Moncloa.

Antes de presentar el proyecto de cuentas en el Congreso, no obstante, el Gobierno tiene que cumplir con varios trámites. El primero de ellos ha sido aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda de estabilidad, el marco económico en el que se inscribirán los Presupuestos. Previsiblemente, la mayoría en contra que reúnen PP, Vox y Junts en la Cámara Baja tumbará estos objetivos de estabilidad, y la ley obliga al Gobierno a hacer un segundo intento para sacarlos adelante. La Moncloa quiere que las dos votaciones tengan lugar en el Congreso este mes de julio, aunque el calendario no está cerrado dado lo apretado de los tiempos.

Hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Arcadi España, reunió a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro en el que les informó de que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, y podrán incurrir en un déficit del 0,1%. Además, el Ejecutivo abrió la puerta a que se puedan debatir y fijar unos objetivos de déficit “asimétricos”, diferentes entre comunidades autónomas en función de la posición de partida de cada una de ellas.