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Multas de hasta 3.000 euros: el reglamento de Vox para mantener la disciplina de sus cargos públicos

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Laura Galaup

La llegada de Vox a las instituciones ha obligado a su dirección nacional a controlar y supervisar la actuación de sus representantes. El partido contempla multas económicas a los concejales que se ausenten de forma injustificada en los plenos, incumplan las tareas que les hayan sido adjudicadas, no respeten el “deber de confidencialidad” o no supervisen las instrucciones de gasto.

A pesar de que la formación de extrema derecha contempla la inhabilitación e incluso la expulsión de Vox por alguna de las infracciones más graves, el reglamento que han distribuido a sus ediles establece que el Comité de Garantías de Vox podrá sustituir las sanciones por multas económicas que en los casos más punitivos ascienden hasta los 3.000 euros.

Más allá del partido de Abascal, de las cinco grandes formaciones nacionales, solo Podemos contempla también infracciones económicas para los representantes que tienen en ayuntamientos, según las fuentes consultadas por eldiario.es. La formación de Pablo Iglesias establece sanciones que pueden llegar a 1.000 euros. El resto de partidos incluyen exclusivamente este tipo de infracciones en el funcionamiento de sus grupos parlamentarios en el Congreso. Los populares contemplan una multa máxima de 700 euros por ruptura de disciplina de voto y ausencias no justificadas, los socialistas rebajan a 600 euros la sanción más elevada y en Ciudadanos esa actuación puede acarrear 900 euros.

Aunque el partido de extrema derecha no ha explicado a esta redacción si sus representantes en la Cámara Baja también se someten a un régimen disciplinario, en la administración local sí que han elaborado normativa para controlar el funcionamiento de los grupos municipales.

El documento distribuido a los ediles de Vox, titulado 'Reglamento interno de los concejales y grupos municipales 2019', contempla como infracción leve la “ausencia injustificada a las reuniones que fije” el grupo o la coordinación intermunicipal. Para los de Abascal reviste mayor gravedad la ausencia no justificada a sesiones plenarias, el “incumplimiento de las tareas” relacionadas con las iniciativas “que les hayan sido encomendadas por el coordinador”, no respetar “el deber de confidencialidad” o “el principio de unidad en la actuación parlamentaria”. La reiteración de estas actuaciones constituirá infracciones muy graves.

La normativa creada por el partido de Santiago Abascal esta legislatura determina que “las sanciones previstas en los Estatutos de Vox podrán ser sustituidas, a criterio del Comité de Garantías, por las siguientes multas: para las infracciones leves con multa de hasta 100 euros, para las infracciones graves con multa de hasta 1.000 euros, para las infracciones muy graves con multa de hasta 3.000 euros”.

A pesar de que sus estatutos llegan a contemplar la expulsión del partido, la suspensión de los derechos como afiliados o la inhabilitación para cargo público por un periodo de tiempo de entre dos y cuatro años ante las infracciones muy graves, este reglamento abre la puerta a que estas faltas sean sustituidas por una cantidad económica.

Podemos: de 250 a 1.000 euros de multa

Otro partido que también estipula multas económicas en su reglamento interno es Podemos. El partido de Pablo Iglesias contempla castigos que pueden llegar hasta los 1.000 euros. Las infracciones leves son “sancionadas con una amonestación por escrito y la advertencia ante la reiteración en su incumplimiento”. En caso de que determinen que los hechos denunciados son calificados como graves, sus representantes y trabajadores abonarán “una sanción económica de 250 euros a 500 euros”. En esa categoría se enmarca la ausencia injustificada a las sesiones plenarias, la falta de transparencia en la gestión de la agenda pública o la dejación de funciones parlamentarias de forma continuada.

Las penas más altas, consideradas como muy graves, requieren el desembolso de entre 500 y 1.000 euros. Algunas de las actuaciones que se enmarcan en esta calificación son: el incumplimiento de las directrices aprobadas por la dirección del grupo, “la infracción del deber de confidencialidad cuando ello redunde en descrédito de compañeras o compañeros” de la formación o atender a los medios de comunicación sin cumplir los protocolos de actuación establecidos por la Secretaría de Comunicación. Estas sanciones pueden llevar aparejada también la separación temporal o permanente del grupo.

El procedimiento que ha estipulado la formación de extrema derecha es distinto al utilizado por la mayor parte de las formaciones nacionales. En el PP las sanciones no pueden ser sustituidas por multas económicas, según confirman fuentes populares. El reglamento interno de esta formación, que se aplica a todos sus afiliados y simpatizantes, contempla apercibimientos, suspensión de afiliación, inhabilitación para desempeñar cargos públicos u orgánicos y la expulsión del partido. En el Congreso el funcionamiento es diferente. El Estatuto interno del grupo parlamentario sí que recoge sanciones para los diputados, que oscilan entre 500 y 700 euros, por rupturas de disciplina de voto y ausencias no justificadas.

El PSOE sancionó a quienes votaron 'no' a Rajoy

Los representantes socialistas en la Cámara Baja también han tenido que abonar multas económicas por desacatar la disciplina de voto. Así sucedió, por ejemplo, hace tres años, cuando la dirección del grupo parlamentario decidió imponerla multa económica más elevada (600 euros) a los diputados que no se abstuvieron y votaron en contra de la la investidura de Mariano Rajoy.

Más allá de los cargos electos del Congreso, en el PSOE ni el código ético ni los Estatutos ni el Reglamento Federal que desarrolla los Estatutos recoge multas económicas ni sustitución de las sanciones por una cantidad determinada. Fuentes socialistas confirman que su partido tampoco contempla penas pecuniarias en los reglamentos internos aplicados a sus concejales y diputados autonómicos.

Lo mismo sucede en Ciudadanos, según apuntan fuentes oficiales de la formación de Albert Rivera. El secretario de Acción Institucional del partido, José María Espejo-Saavedra, explica que cada grupo municipal “regula su funcionamiento interno y se rige por las normas de su respectivo ayuntamiento (reglamento orgánico municipal)”.

Asimismo, este dirigente de Ciudadanos explica que sus representantes deben cumplir la Carta Ética y los Estatutos de la formación. Esta última normativa es la que establece en qué consisten las sanciones. Las más graves pueden acarrear hasta la expulsión de la formación. También conlleva la suspensión de la condición de afiliado durante cuatro años y la pérdida o inhabilitación del cargo orgánico que estuviera desempeñando el denunciado.

Con información de Carmen Moraga, Iñigo Aduriz y Aitor Riveiro.

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