Un diputado de Vox califica el golpe de Estado de 1936 como “alzamiento nacional contra los desmanes de la Segunda República”

Juan José Aizcorbe, diputado de Vox por la provincia de Barcelona, ha utilizado la expresión franquista “alzamiento nacional” esta mañana desde la tribuna del Congreso para referirse al golpe de Estado de 1936.

Al inicio de su intervención y cuando recordaba una anécdota sobre Pío Baroja, Aizcorbe describió al médico y escritor como anticlerical y “partidario del (sic) alzamiento nacional contra los desmanes de la Segunda República”.

Juan José Aizcorbe, que asistió en 2016 a la iglesia en la que se celebró una misa en honor a Franco, José Antonio Primo de Rivera y “todos los caídos por dios y por España”, impulsada por la Fundación Francisco Franco, utilizó esta intervención sobre medidas relacionadas con los consumidores para 'colar' su ideología en el Congreso.

El golpe de Estado de 1936, una sublevación militar dirigida contra el Gobierno constitucional de la Segunda República, fue en definitiva, un levantamiento militar contra la democracia que, tras no lograr sus objetivos, dio lugar a la guerra civil y la posterior dictadura de Francisco Franco.

Según señala la Ley de Memoria Democrática: “la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales fueron interrumpidas por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania y sus respectivos Gobiernos”.

Esa misma ley añade más tarde: “La incompatibilidad de la democracia española con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial hace necesario introducir las medidas que eviten situaciones de cualquier naturaleza o actos de enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes”.

Sin embargo, el representante de Vox tiene inmunidad parlamentaria y no puede ser investigado por las opiniones expresadas en su calidad de diputado.

Precisamente hoy, las Corts Valencianes han aprobado con los votos a favor de PP y Vox la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática y la aprobación de la llamada “ley de concordia” que, entre otras cuestiones, equipara el franquismo con la democracia.