Fallece Antonio Buenavida, el activista de la vivienda que también peleó, sin éxito, por una muerte digna

Hace apenas un par de semanas prestó su testimonio en Televisión Española en un reportaje con motivo del primer aniversario de la Ley de Eutanasia en España. “Mi vida me pertenece a mí. Ni a mi familia ni a las leyes ni a los jueces ni a nadie. Y quiero disponer de ella hasta el final”, decía Antonio Buenavida. Por eso la había solicitado. Enfermo terminal de cáncer de páncreas desde el año pasado, se ha quitado la vida este lunes a sus 66 años, según ha informado a elDiario.es Andalucía la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que le estaba ayudando con los trámites y que lamenta “que haya tenido que recurrir a una muerte violenta, en soledad, por la falta de protocolos claros sobre la muerte asistida en el Servicio Andaluz de Salud”. “Ha hecho de su muerte un acto de denuncia”, dice de su última reivindicación un compañero activista. “Su último acto ha sido militando. Podía haberse suicidado del mil maneras, pero creo que pensaba que lo hacía así iba a poder denunciar todo ésto”, apunta otra persona cercana a él.

Admitía en televisión que el trámite para pedir a eutanasia había sido algo “engorroso”, pero había seguido adelante con el proceso, entendiendo la nueva prestación como “un avance social” y “un derecho liberador”. Buenavida era un conocido activista por la vivienda en Sevilla. Hace unos meses se proyectó el documental 'San Bernardo 52' como homenaje a su “lucha de toda la vida”. El 24 de mayo de 2005 se produjo la ocupación por parte de 11 familias de aquel edificio, y la cinta repasa cómo fue el proceso negociador. Miembro de la Comisión de Vivienda del 15M, también apoyó a los vecinos de la conocida Corrala Utopía de 2014.

“Quiero que sea una muerte digna, como he procurado que sea mi vida. Sentir que mi vida me pertenece a mí. Sobre ella no decide ni Dios, ni los tribunales, ni la Policía, ni la moral de nadie. Decido yo, cosa que molesta mucho a alguna gente. Y en este sentirme dueño de mi vida es donde me uno a la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Me han ayudado a hacer mi testamento vital y ahora vamos a redactar la petición de eutanasia. Esa palabra que quieren maldecir, cuando lo que significa es una muerte digna, feliz, que es la que yo quiero para mí”, decía en similar sentido una reciente entrevista con El Topo.

“No aguantaba más”

La asociación DMD ha trasladado en un breve comunicado remitido a este periódico que Buenavida “no aguantaba más”. “Según sus familiares y amigos -señala la asociación- Buenavida tuvo que insistir durante diez días hasta que pudo empezar a tramitar su solicitud de eutanasia. Sus doctoras, objetoras de conciencia, no sabían cómo derivar su petición de ayuda para morir para que fuese atendida por un médico dispuesto a hacerla. El Sistema Andaluz de Salud no tiene procedimientos para esta situación o, si los tiene, no ha informado a sus profesionales al respecto”.

Añaden desde DMD que “los plazos de una petición de eutanasia, de alrededor de 40 días desde que se firma la primera solicitud, ya son suficientemente largos. En una situación de deterioro tan avanzado como el que sufría Antonio Buenavida, diez días adicionales de incertidumbre son excesivos para un trámite –buscar médico responsable– que no debería suponer más de 24 ó 48 horas. La falta de protocolos ante una solicitud de eutanasia provoca inseguridad y desconcierto entre los profesionales, así como gran frustración entre personas que padecen un sufrimiento constante e intolerable”.

DMD lamenta “que Antonio Buenavida haya tenido que recurrir a un suicidio violento para poner fin a un sufrimiento insoportable. Quería morir mediante una eutanasia, en paz, en su casa, acompañado por sus seres queridos, y no pudo hacerlo. La obligación de la Junta de Andalucía es poner los medios necesarios para que, en el futuro, no se repitan situaciones similares”.

Andalucía, última en adaptarse al desarrollo marco legal

Fuentes de la Consejería de Salud consultadas recientemente por este periódico indicaban que, hasta el momento, la Junta había registrado 19 solicitudes de eutanasia, un total de 11 habían sido ya practicadas, 6 rechazadas y 2 estaban pendientes resolución. El registro de objetores puesto en marcha por la Junta tenía inscritos a 523 profesionales sanitarios.

Cabe recordar que la Junta rectificó y aceptó la eutanasia en los testamentos vitales registrados antes de la nueva ley. La Consejería dio a conocer el 11 de noviembre los nombres de los 13 integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir en Andalucía, cuya constitución se demoró en nuestra comunidad autónoma hasta el momento en que el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la misma, apenas un día antes. Al frente situó, por cierto, a Juan José Sanchez Luque, presidente del Consejo de Médicos de Málaga hasta el pasado mes de junio, académico de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y bien conocido del consejero, Jesús Aguirre, quien fue presidente del Colegio de Médicos de Córdoba de 2000 a 2006.

El caso de Andalucía es paradigmático porque, con la Ley de Muerte Digna de 2010, fue la primera comunidad autónoma en contar con una ley de derechos y garantías para las personas ante los últimos días de su vida. Tras la citada rectificación, conocida en enero, fue la última comunidad autónoma en adaptarse al desarrollo marco legal en España, que no exige la actualización o ratificación del testamento vital para poder obtener la prestación de ayuda para morir.