IU lleva a la Fiscalía al Ayuntamiento de Sevilla por perder suelo público para así favorecer el plan urbanístico en Altadis

Tras más de un año de denuncia pública y política, Izquierda Unida ha decidido pasar a la acción en cuanto al proyecto urbanístico VERA que se levanta en los suelos de Altadis, la antigua fábrica de tabacos en Los Remedios. Y lo hace presentando la misma denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente, atribuyendo al Ayuntamiento de Sevilla varios delitos –que pivotan sobre el de prevaricación urbanística– por destruir una zona verde y, sobre todo, por no utilizar una fórmula urbanística con la que considera que la ciudad ha perdido más de 4.000 metros cuadrados para uso público precisamente en uno de los barrios con menos equipamientos.

VERA continúa con las obras a toda máquina tras años de tramitación administrativa, pero IU (la denuncia la firma su concejal Ismael Sánchez, aunque se hace bajo el paraguas del grupo municipal Podemos-IU) considera que esto ha sido posible gracias a que se le ha puesto una alfombra roja con la que se ha ahorrado tener que entregarle este terreno a la capital. En este sentido, señala que tenía que haber aportado el 10% de la parcela sobre la que se desarrolla el enorme complejo, que pivota alrededor de un hotel de gran lujo.

La denuncia apunta a la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A ello se añaden infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. No se apunta a ningún autor o responsable concreto, centrándose en detallar el papel que han jugado políticos, directivos y técnicos.

Troceado y calificación del suelo

La madre del cordero está en la modificación puntual que se hizo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la 54 en concreto, que aprobó el pleno hispalense en noviembre de 2022, con el socialista Antonio Muñoz como alcalde. Posteriormente, hace un año, el grupo municipal Podemos-IU solicitó al actual gobierno de José Luis Sanz (PP) que revisara el convenio urbanístico (aprobado un mes antes de su llegada a la Alcaldía, en mayo de 2023) con la promotora KKH Property Investors, para así incorporar una adenda que asegurase esta cesión del 10%.

La respuesta fue un 'no' rotundo por parte del PP, que ya desde el gobierno dio licencia de obras en 2024 y sacó adelante en el pleno del pasado mes de junio la aprobación definitiva del estudio de ordenación de la zona norte de la antigua fábrica de tabacos con el apoyo de PSOE y Vox y el voto en contra de Podemos-IU. Precisamente, a juicio de IU lo que se hizo para desbloquear el proyecto fue trocear el terreno en tres proyectos diferentes y, sobre todo, darle la clasificación de Suelo Urbano Consolidado, con lo que el fondo de inversión que impulsa la iniciativa se ha ahorrado esta cesión del 10% a la que habría estado obligada si la etiqueta hubiese sido la de Suelo Urbano No Consolidado.

Así lo establecía desde su punto de vista la normativa autonómica vigente en ese momento (la LOUA), con lo que la tramitación urbanística tendría que haber consistido en una reforma en sí del PGOU y no en una modificación puntual como se hizo. Esto habría aportado más garantías, más trámites y, sobre todo, la obligación de que le diese el visto bueno el Gobierno andaluz y no el pleno local, que fue el que lo rubricó.

Destrucción de una zona verde

El argumento que esgrime IU es que estamos ante una “transformación urbanística de equipamiento”, frente a la visión municipal de que se trata de una operación de edificación. Así lo demostraría que se ha tenido que proceder a una mejora considerable de los sistemas generales (agua, luz, gas...) porque las necesidades del complejo superaban con mucho a los servicios existentes.

Los vericuetos urbanísticos son la pata principal sobre la que se apoya la querella, que no obstante incluye otra denuncia como es la destrucción de los jardines Manuel Ferrand, una cuestión que generó una importante controversia vecinal y que también está judicializado. El impulsor en este caso es Ecologistas en Acción, que recientemente interponía tres recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), así como una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

En esta nueva denuncia, se incide en la construcción de un aparcamiento eliminando esta zona verde y talando arbolado. De hecho, resalta que la propia Gerencia de Urbanismo habría advertido internamente de que el fraccionamiento de la parcela de este espacio no estaba justificado, y se recuerda que los actos que infringen la ordenación de zonas verdes son nulos de pleno derecho. Por todo ello, se llega a solicitar la paralización de las obras en curso, a lo que se añade la crítica por cortar el acceso peatonal desde una calle, Virgen de la Fuensanta.

Más equipamiento público del que correspondería

En definitiva, la formación de izquierdas considera que se procedió a un fraccionamiento artificioso del proyecto para, de esta manera, evitar controles y eludir así la obligación de clasificar el suelo como Urbano No Consolidado. Y por ello considera que esta actuación es dolosa, porque se habría hecho a sabiendas de las irregularidades para beneficiar al promotor (KKH) a costa de las dotaciones del barrio.

Desde el gobierno local, el PP echa la responsabilidad en la espalda del PSOE, ya que apostó por la fórmula urbanística del estudio de detalle (en el que no es exigible la cesión obligatoria del 10% del suelo para equipamientos) en vez de hacerlo con un plan parcial o un plan de reforma interior. No obstante, considera que la promotora va a aportar usos y espacios libres que están por encima del 10% que se le podría haber exigido, incluyendo un espacio museístico y un gran parque público que conectará Los Remedios con el paseo de las Delicias.