Los tribunales ponen en apuros a cinco cargos públicos del 'granero' del PSOE

Las sospechas e investigaciones en torno a destacados militantes del PSOE de Sevilla, la agrupación más numerosa del país y tradicionalmente conocida como su “granero” de votos, han comenzado a preocupar en la formación socialista, después de que en menos de dos meses hayan estado bajo el foco mediático cinco alcaldes o exalcaldes de la provincia. La estrategia del partido pasa por respetar los tiempos de los perjudicados; contraatacar a la oposición, cuando lo usa, con las manchas que tiene el rival; y, mediáticamente, se intenta evitar que el interés recaiga en ver qué piensa de ellos la presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, criada en esta agrupación, y que dirigió hasta que dio el salto a San Vicente.

En este sentido, pese a que desde el partido insisten en restarle importancia a estos casos, y en que se respete la presunción de inocencia, no está siendo un plato de buen gusto, según reconocen extraoficialmente. Primero, porque la oposición ha aprovechado cada vez que ha podido para exigirle responsabilidades a la presidenta por estos casos aún no resueltos. Y segundo, porque en ocasiones, Susana Díaz también ha tenido que responder a los medios de comunicación por estas cuestiones, cuando ha hecho de la implacabilidad contra la corrupción su lema y cuando todavía no ha descartado disputar a Pedro Sánchez la dirección del partido.

El último caso en trascender ha sido el de la alcaldesa de Almadén de la Plata y secretaria de Cooperación y Desarrollo del PSOE de Sevilla, Felicidad Fernández, con un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra que apunta a un posible delito de “prevaricación administrativa” por la contratación de dos trabajadores municipales sin convocatoria, lo que fue denunciado por la oposición.

Semanas previas se conocía que la jueza que instruye el caso ERE ha citado como investigadas los días 24 y 26 de mayo a seis personas que todavía no estaban incluidas en la causa, entre ellas al alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín Barrero, por su presunta participación en la obtención de ayudas sociolaborales para diversas empresas cuya legalidad está bajo cuestión.

Poco antes de comparecer en una sesión de control en el Parlamento de Andalucía, Susana Díaz respondía sobre ello a los medios de comunicación: “Tendrá que explicar la información que tenga al respecto”. Pero no quiso entrar más a fondo, mientras que el presidente del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, exigía que se evitaran “juicios paralelos y caza de brujas políticas”. En declaraciones a la agencia Europa Press en este sentido incidía: “Me reitero en dejar actuar a la justicia, respetando los tiempos judiciales oportunos”. Políticamente, los tiempos también se manejan lentos: fueron necesarios más de siete meses desde su detención en el marco de una operación contra el fraude de las subvenciones de formación para que el alcalde de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado, también del PSOE, dimitiera.

Pero estos casos no han sido los únicos inconvenientes de las últimas semanas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena ha librado oficio para que se confirme la condición de aforado del exalcalde de Mairena del Alcor, Casimiro Gavira, dado que es senador por Sevilla desde las últimas elecciones generales. Dicho juzgado investiga un posible desvío de fondos del partido en Arahal, cuando estaba coordinado por una gestora que presidía Casimiro Gavira entre 2014 y 2015, y en ese caso, la investigación tendría que terminar en manos del Tribunal Supremo (TS) por ser aforado.

Situación parecida con otra investigación, en este caso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, cuyo titular ha pedido ya que el TS confirme la condición de aforado del regidor del municipio y diputado por Sevilla Antonio Gutiérrez Limones. En este caso se trata de una investigación en torno a la desaparecida empresa municipal ACM donde el atestado ve “indicios de criminalidad” contra el regidor, quien continúa defendiendo su inocencia y confía en salir airoso de la causa.

También en este tiempo ha llegado a los tribunales una denuncia contra el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por adjudicaciones municipales, que incluyen una grabación de una polémica conversación entre el regidor y una militante del partido en la que llega a decir que se está “a los pies del PSOE” y que da los contratos a quien le sale “de la polla”. En todo caso, y a la espera de si los tribunales deciden continuar con la investigación, el partido le ha pedido que aclarara todos los expedientes de las adjudicaciones en cuestión y ha cerrado filas en torno a él con el convencimiento de que sólo fue un tono “desafortunado” el que empleó para expresarse. El regidor, por su parte, sostiene que ha sido “víctima de una trampa” con esta grabación.

Este caso, sin que todavía haya supuesto siquiera que el regidor esté “investigado” -que es como se denomina ahora a lo que antes era “imputado”-, molestó especialmente a la presidenta de Andalucía porque también la oposición lo sacó a relucir en uno de los plenos del pasado mes de febrero. Es más, la portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, le reprochó que se hubiera limitado a pedirle que quitara de su perfil de Twitter la imagen en la que se pasea por el pueblo con ella del brazo, cosa que en todo caso no había hecho Diego Manuel Agüera, por lo menos en el momento de escribir este artículo.