Juicio a 17 personas sin hogar por reivindicar “derecho a techo” en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla

Los incidentes producidos en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el 27 de diciembre de 2017 se juzgan este viernes. Numerosas personas sin hogar y activistas por el derecho a la vivienda, tras una concentración a las puertas del Consistorio, quisieron hacer oír su voz directamente ante el alcalde y los concejales mientras se debatía una moción de Participa Sevilla en demanda del cumplimiento de diversos acuerdos sobre la materia. Las consignas de “derecho a techo” subieron de tono hasta que los ahora acusados trataron de avanzar hacia las bancadas de los ediles, lo cual provocó que fueran desalojados en unos incidentes que ahora el juzgado deberá aclarar.

El atestado que levantó entonces la Policía Local, en el que se basan las acciones judiciales, relata que los agentes formaron en el salón de plenos una barrera pudiendo frenar el avance del grupo de manifestantes “a pesar los empujones y la presión”, mostrando una “actitud violenta y decidida” de acceder a los concejales. El desalojo se produjo “no sin gran resistencia, arremetiendo contra los agentes” y con ánimo de “entorpecer”, consiguiendo “perturbar” el normal desarrollo del pleno municipal y profiriendo gritos de “alcalde sinvergüenza”.

Fuentes del caso desconocen si las personas a las que se va a juzgar serán acusadas de un delito leve de falta de respeto a agente de la autoridad o de delito leve contra el orden público que está despenalizado y actualmente se enmarca en una falta administrativa. Días después de los hechos, la Policía aportó al juzgado imágenes y vídeos de los hechos, que ahora se analizarán en la vista oral, como las difundidas en Youtube por Onda Joven Sevilla:

Los acusados, la mayoría personas sin hogar a excepción de tres o cuatro activistas, formaban parte en aquel tiempo de la llamada Corrala Dignidad de personas sin hogar, que posteriormente pidió sin éxito al Ayuntamiento su transformación en hogar social. Cuatro de sus miembros fueron condenadas por usurpación en otro procedimento judicial por ocupar viviendas en la calle Fray Isidoro de Sevilla, en el barrio de la Macarena. La corrala fue desalojada definitivamente en julio de 2018. Algunos de estos activistas tienen otro frente judicial abierto en el cual seis personas fueron encarceladas de manera preventiva durante dos meses por otro intento de ocupación en el número 42 de la calle Macarena.

Diversos colectivos sociales que luchan por el derecho a la vivienda han convocado una concentración de apoyo este viernes a las 11.30 en los juzgados del Prado, al tiempo que denuncian el retroceso en las libertades que supone blindar los plenos municipales. Según un comunicado de la 'plataforma de apoyo a los 18 de la Macarena', “es muy grave que se condene por su contenido la legítima reivindicación de las personas que van a ser juzgadas, cuando el sinhogarismo y los problemas de vivienda son tan notorios en nuestra ciudad, con tres desahucios diarios y más de 1.000 personas durmiendo a la intemperie cada noche”.

El colectivo también considera “muy grave que se juzgue esta reivindicación por su forma, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla debería ser supuestamente un lugar donde la ciudadanía puede exponer sus problemas”. Por todo ello dicen que “la celebración de este juicio es ya un gran retroceso en nuestro derecho a la libertad de expresión y siembra un peligroso precedente en la ciudad de Sevilla”.

La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) también ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “rechazo a la criminalización de la protesta social que nunca puede ser, en una sociedad democrática, la forma de solucionar los conflictos sociales”. “La defensa de los Derechos Humanos es una obligación ciudadana que exige una participación activa de denuncia, propuestas y sensibilización”, apunta APDHA.

Sandra Heredia, concejal de Adelante Sevilla, se refería este jueves al asunto: “Sería un terrible precedente que estas 17 personas sean condenadas por protestar en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla y por denunciar el dramático problema de la falta de vivienda que padecen miles de personas en Sevilla y que es consecuencia directa de las malas políticas realizadas desde las instituciones”.