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ENTREVISTA | Abogado de ACAI

José Antonio Bosch: "Hay mujeres que acuden a abortar y atraviesan un pasillo de personas que las llaman asesinas"

El abogado de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, denuncia el hostigamiento que sufren muchas mujeres a las puertas de las clínicas que practican abortos

"Si hubiera gente que se pusiera en un hospital y comenzara a decir a los pacientes 'cuidado, que te van a matar', ¿crees que durarían mucho ahí?", ejemplifica sobre la ausencia de respuesta por parte de la Administración Pública

En el fondo es "gente que quiere imponer su moral en la vida civil" y que "como no les gustan las normas contrarias a ella, buscan la vía de hacerlo", señala en referencia a los grupos ultracatólicos que llevan a cabo estas acciones

José Antonio Bosch, abogado y asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

José Antonio Bosch, abogado y asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Un frente común contra el hostigamiento al que se ven sometidas las mujeres en las puertas de las clínicas a las que acuden para abortar. Es el objetivo de la campaña #AbortoSinAcoso, lanzada este martes por la Plataforma ProDerechos, que aglutina a más de 60 colectivos para exigir medidas a las instituciones. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) lleva años llamando la atención sobre las acciones que los grupos ultracatólicos llevan a cabo casi semanalmente en varias ciudades de España y que suponen "una vulneración de derechos", en palabras del abogado y asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch.

Les enseñan fotos y fetos de juguete, les hablan de supuestas consecuencias del aborto o les dicen que en las clínicas se producen "asesinatos". ¿Qué consecuencias tiene esto para las propias mujeres que acuden a abortar?

Aunque no soy médico, me consta, según nos dicen los compañeros que trabajan en las clínicas, que desde un punto de vista médico las mujeres entran con las constantes vitales alteradas, estresadas o nerviosas. Es decir, no en las mejores condiciones para someterse a una intervención médica. Por otro lado, desde el punto de vista legal, estas conductas suponen la vulneración de sus derechos y libertades fundamentales. Y de una manera muy gratuita porque en el fondo lo que hay detrás es una posición ideológica muy concreta. Están en contra del aborto, pero como no pueden impedir que las mujeres aborten porque la ley lo reconoce, pretenden imponerles su criterio moral mediante este tipo de acciones.

Desde las clínicas siempre se ha puesto el foco en la Administración Pública, pero a pesar del peregrinaje de reuniones con distintas instituciones, parece que nada se ha movido. ¿Qué papel están jugando?

La Administración Pública no está asumiendo su responsabilidad. Y es responsable, en primer lugar, porque el aborto es una prestación sanitaria que está reconocida por el Sistema Nacional de Salud y porque existe una norma que reconoce a las mujeres el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. Esta ley, de 2010, establece que a este derecho se debe acceder con calidad en cualquier parte de España. Así que en estos casos se está incumpliendo.

Hay mujeres que acuden a abortar y entran a una clínica atravesando un pasillo de personas que les increpan, les preguntan por qué van a abortar, rezan o les llaman asesinas. Eso es una vulneración directa de derechos y libertades fundamentales y un atentado contra las mujeres. Entre ellos, el derecho a la intimidad y a la integridad física y moral. Eso a una mujer que a lo mejor se ha estado pensando su decisión, pero que ya la ha tomado. Imagínate lo que es encontrarte después con un grupo de extraños y extrañas que lo que intentan es que cambies de criterio.

¿Qué respuesta han dado las distintas instituciones públicas con las que se han reunido estos años?

Hemos visitado subdelegados del Gobierno, consejerías de Salud y nos hemos reunido con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Es decir, hemos ido tocando a la puerta de las distintas administraciones competentes y la respuesta suele ser llevarlo al terreno de la libertad de expresión. Pero claro, se olvidan del resto de derechos en juego en este acto.

En este peregrinaje hemos notado que la sensibilidad de los grupos de izquierdas es mucho mayor que los de derechas. Pero más allá de eso, lo que hacen las instituciones es pasarse la pelota unas a otras.

José Antonio Bosch, en un momento de la entrevista.

José Antonio Bosch, en un momento de la entrevista. FERNANDO SÁNCHEZ

De hecho, suelen vincular la impunidad con la que actúan estos grupos con el hecho de que el aborto sea una prestación dirigida a mujeres.

Piensa por un momento en un centro de transfusión de sangre en el que un grupo de una determinada religión se pusiera en la puerta sistemáticamente a decir 'no entres a dar sangre porque va contra las normas de Dios'. O que haya gente que se ponga en la puerta de unas Urgencias de un hospital y comience a decir a los pacientes que entran 'cuidado, que te van a matar'. ¿Crees que durarían mucho? ¿Qué diferencia hay entre estas prestaciones y el aborto? Pues por un lado un posicionamiento ideológico y por otro que es un problema que afecta a las mujeres. Esto es lo que silencia el tema y provoca que desde determinadas posiciones se mire para otro lado.

Desde ACAI denuncian que en muchos casos estas acciones traspasan la línea de la mera información y pueden llegar a constituir un delito.

Sí, en muchas ocasiones. Podrían ser delitos de injurias, calumnias, lesiones a la integridad moral o coacciones. Sin embargo nos encontramos con el problema de que la mayoría requieren la denuncia por parte de la víctima. Es decir, la acción penal no se puede iniciar de oficio. Esto es complicado porque esas mujeres han llevado a cabo un acto íntimo y muy personal, han tomado la decisión y después es difícil que acudan al juzgado. En alguna ocasión que sí ha ocurrido las denuncias han acabado archivadas. La mayoría porque el autor es desconocido. Nadie sabe quién es el autor, pero tampoco hay mayor interés en averiguarlo. Es como cuando te rompen una luna de un coche y vas y pones una denuncia. Se archiva porque no saben quién es el autor. En esto nos tratan igual que a las lunas de los coches.

¿Qué tipo de grupos son los que llevan a cabo estas acciones? ¿Son siempre los mismos?

No son los mismos siempre ni actúan a nivel estatal. En Málaga son unos, en Madrid otros y en el Puerto de Santa María (Cádiz) otros. En muchos casos no les tenemos identificados, pero sí todos comparten ideario. Venden que tienen una preocupación por la mujer embarazada y que la quieren ayudar. Yo siempre he pensado que tendrían que preocuparse más por los niños que ya han nacido que por los que no han nacido todavía, pero es así como de alguna manera se presentan. ¿Qué hay de fondo? Gente que quiere imponer su moral en la vida civil. Y que, como no les gustan las normas porque son contrarias a su moral, en este caso la Ley de 2010, buscan la vía de hacerlo. En el fondo son grupos fundamentalistas y anti libertades.

Un cartel contra el acoso en el acto de presentación de la Plataforma ProDerechos.

Un cartel contra el acoso en el acto de presentación de la Plataforma ProDerechos. FERNANDO SÁNCHEZ

¿Qué medidas exigen a la Administración Pública?

Lo que planteamos es que se cree un tipo penal amplio en el que se englobara cualquier tipo de obstaculización, coacción o difusión de información falsa en lo que respecta al aborto. Es algo que ya ocurre en Francia. Como la situación política lo hace imposible ahora, creemos que hay una solución fácil. Es algo parecido a lo que pasa con el tabaco y las escuelas: no te prohíbo fumar pero no se puede hacer delante de un colegio. La idea sería establecer una distancia mínima para que a las puertas de las clínicas no puedan llevarse a cabo este tipo de acciones, como ya ocurre en otros países. Informe, rece, manifieste, encienda las velas que quiera... pero no en una clínica.

La Ley del Aborto de 2010 todavía no se ha desarrollado completamente. ¿Qué falta?

Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la educación sexual en las aulas y la formación de los profesionales. La norma era muy ambiciosa, pero se ha quedado reducida a únicamente lo que es la atención a la interrupción voluntaria del embarazo en sí misma.

Por otro lado, solo una mínima parte de los abortos se hace en la sanidad pública. La mayoría se derivan a clínicas en las que las mujeres no pagan nada con las que la Administración Pública tiene conciertos.

El aborto es una prestación que tendría que dar el Sistema Nacional de Salud. En vez de darlo directamente en sus hospitales, se practica en las clínicas acreditadas, que efectivamente son clínicas concertadas. Creo que ocurre por varias razones, la fundamental, que el aborto tiene una connotación ideológica y religiosa detrás. En un servicio de salud, un ginecólogo que, por el mismo salario que cobra por dedicarse a revisiones o partos, se dedicara a practicar abortos tendría el inconveniente de que está estigmatizado, quizás no promocionaría... Estaría realizando un trabajo más incómodo. Por otro lado, en el servicio público de salud está reconocida la objeción de conciencia de sus profesionales. Y por último, como el sistema actual funciona bien y tiene un nivel de calidad importante, tampoco ha habido nunca ningún interés por cambiarlo.

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