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El Defensor del Pueblo pide explicaciones a la Policía por el acoso de grupos ultras en las clínicas que practican abortos

El organismo se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para preguntarle "cuál es el criterio que se adopta" en estos casos

Grupos ultracatólicos llevan años acudiendo a las puertas de centros de Madrid, Málaga o Albacete para protestar contra el aborto y hostigar a las mujeres que entran con el objetivo de que cambien de decisión

Las clínicas aplauden la investigación del Defensor del Pueblo, pero lamentan que solo pregunte a Policía y no al Ministerio de Sanidad: "Se está ofreciendo una prestación sanitaria de forma deficiente"

Un feto de juguete de los que muestran los ultracatólicos a las puertas de la clínica.

Un feto de juguete de los que muestran los ultracatólicos a las puertas de la clínica. PATRICIA J. GARCINUÑO

El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Dirección General de la Policía en el marco de la investigación que sigue por la situación que atraviesan algunas de las clínicas que practican abortos en España. En una comunicación fechada el pasado 28 de junio a la que ha tenido acceso eldiario.es, el organismo informa de que se ha preguntado al cuerpo "cuál es el criterio que se adopta en casos como los referidos", es decir, en los episodios de acoso que viven muchas de las mujeres que entran a estos centros médicos para interrumpir su embarazo y acaban siendo hostigadas por grupos ultracatólicos que se sitúan a sus puertas.

En estos casos, señala el Defensor del Pueblo, "existen personas que ejercitan su derecho de reunión y manifestación y, por otra parte, otras personas padecen hostigamiento y acoso". Se trata de un frente en el que pelean las clínicas desde que el Gobierno socialista aprobara en 2010 la actual ley del aborto y que motivó el pasado mes de marzo una reunión del organismo con varios grupos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. A partir de ahí, el Defensor abrió un expediente al que se han añadido recientemente tres denuncias concretas interpuestas ante la Policía Nacional. El objetivo es supervisar la actuación policial, que es en muchas ocasiones requerida por las clínicas en estos casos.

Lo que hacen este tipo de grupos es situarse a las puertas de las clínicas casi semanalmente, y en algunos casos diariamente, para abordar a las mujeres que entran con fotografías, folletos, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que accedan. El objetivo es que den marcha atrás en su decisión. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha identificado varios focos en los que la presencia es más recurrente e intensa, entre ellos, Málaga, Albacete, Córdoba y Algeciras (Cádiz) o Madrid.

Es en la capital, concretamente en la clínica Dator, donde han ocurrido los hechos relatados en las tres denuncias incorporadas recientemente al expediente del Defensor del Pueblo, que también solicita información a la Dirección General de la Policía para conocer la situación en la que se encuentran estos tres procedimientos. El organismo deberá responder "en un tiempo razonable". Preguntado sobre este expediente, la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, no ha respondido por el momento. 

Pegatinas en la fachada y una procesión

Uno de los procedimientos analizados se refiere al acoso sufrido en la puerta de la clínica el pasado 11 de mayo por parte de una procesión presidida por el obispo ultracatólico y arzobispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. El desfile, organizado por una parroquia cercana, se paró en un momento dado ante el centro médico, donde "unas sesenta personas" se concentraron "durante 30 minutos" y tras "rezar el rosario" comenzaron "a proferir frases como 'aquí matan niños' que repetían constantemente". 

Un momento de la procesión. De espaldas y tras la Virgen, el obispo auxiliar Martínez Camino.

Un momento de la procesión. De espaldas y tras la Virgen, el obispo auxiliar Martínez Camino.

Unas semanas antes, con motivo de las elecciones generales celebradas el 28 de abril, la misma clínica amaneció con decenas de pegatinas en uno de los cristales laterales de la fachada que pedían a Abascal, Rivera y Casado que deroguen la actual ley del aborto. La exigencia estaba en la línea de las peticiones que durante días hicieron colectivos contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo, como Derecho a Vivir o HazteOir, que presionan a los candidatos de Vox, Ciudadanos y el PP para que pongan fin a este derecho

La tercera denuncia versa sobre unos hechos ocurridos el pasado 22 de abril, cuando, según consta en el escrito, una mujer y "dos chicas menores de edad" pertenecientes a alguno de los grupos que se sitúan a las puertas "exigieron subir a las habitaciones donde se encuentran las pacientes para hablar con ellas e interesarse por qué abortan". El personal les solicitó que abandonaran el centro médico, pero "ante su insistente negativa" y su "actitud desafiante", aunque "no agresiva", la clínica llamó a la Policía Muncipial, que medió en el conflicto.

No solo un problema de orden público

Desde la ACAI celebran que el Defensor del Pueblo se dirija al Ministerio del Interior porque "la actuación policial no ha sido siempre la más eficaz. A veces no intervienen y otras las denuncias se quedan dormidas en comisaría", explica José Antonio Bosch, abogado de la asociación. Sin embargo, sí señala que "cuando la Policía interviene, la gente se retira". De hecho, en la clínica Ginecenter de Málaga, por ejemplo, el acoso es frecuente, pero ha mermado desde que una reunión con la Subdelegación del Gobierno motivara una mayor presencia policial. No obstante, ACAI lleva años reuniéndose con distintas administraciones sin apenas cambios.

"Al final es la pescadilla que se muerde la cola porque para casos concretos de mujeres, la Policía necesita que denuncien. Algo que es muy difícil. Y cuando alguna denuncia, nos dice que no identifica a los autores", prosigue. Por ello, para ACAI el hostigamiento en las clínicas no es solo un problema de orden público y lamenta que el Defensor del Pueblo solo pida explicaciones a la Policía y no al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Bosch apunta a que "lo que se está produciendo es que se está ofreciendo una prestación sanitaria de forma deficiente", lo que incluso "llega a ser contrario" a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. "La ley habla de que es un derecho que debe garantizarse en igualdad, pero en la práctica está dependiendo de la zona y de la clínica a la que se acuda. Es una vulneración de derechos", reitera el abogado, para el que hubiera sido pertinente preguntar también a las autoridades "responsables de aplicar la ley".  

Zonas seguras de acceso

El Defensor del Pueblo cuenta con un informe entregado por las asociaciones en el que definen cómo suele ser la batería de acciones que realizan estos grupos. Suelen centrarse en "el bloqueo de los accesos a las clínicas, consignas, gritos y amenazas a las mujeres y acompañantes y a las y los profesionales" además de intentos de disuasión individual a las mujeres que van a abortar. Algo que hacen "parándolas y abordándolas hablando con ellas en un intento de cambiar su decisión, mostrando diversa propaganda antiaborto llegando incluso a perseguirlas hasta que se meten en sus vehículos o transporte público", describe.

Este tipo de actuación, "aparentemente de tono menor y sin agresividad manifiesta", prosigue, "ejerce un efecto quizás más dañino". Por otro lado, de vez en cuando aparecen pintadas en el suelo y fachada de algunas clínicas con frases como "aborto asesinato" o "matan niños. Asesinos". Según un informe de ACAI en base a 300 entrevistas a mujeres que acudieron a abortar y fueron abordadas por estos manifestantes, la mayoría (un 89% y un 66%) se sintieron acosadas y amenazadas respectivamente y un 73% "muy molestas".

Ante esta situación, las clínicas piden medidas para proteger el acceso al aborto, como ocurre en otros países. En algunos se han establecido las llamadas "zonas de acceso seguro" que rodean a las clínicas para permitir que las mujeres entren sin ser hostigadas. En Francia, por ejemplo, este tipo de acciones son sancionadas en el marco de un delito "de obstaculización al aborto". 

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