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Los otros 'algarrobicos' que invaden la costa española

Además de hoteles en la playa como el almeriense, urbanizaciones, industrias e infraestructuras que invaden el litoral prolongan su existencia en casos judiciales que se alargan lustros

Las ocupaciones urbanísticas ilegales se benefician de la maraña de procesos legales, licencias de construcción, sentencias y recursos en los tribunales

El 26% de la franja costera está urbanizada, según un estudio de Greenpeace: 71.000 hectáreas de los 8.000 kilómetros costeros de España

TSJA suspende sus actuaciones sobre el suelo de El Algarrobico hasta conocer el fallo del Supremo

El Suprmeo ha fallado en contra de El Algarrobico.

Un modesto juzgado de Almería entendió en 2008 que 18 plantas sobre una playa contravenía la ley de Costas. El, a la postre, famoso hotel de El Algarrobico invadía la línea protegida. Pero se hizo necesario que pasaran ocho años y más de 20 decisiones judiciales para que el Tribunal Supremo haya sentenciado al edificio en 2016.

Este proyecto de hotel ilustra cómo, en no pocas ocasiones, se ha tratado a los 8.000 kilómetros de costa de España. El 26% de la franja litoral está urbanizado, según ha calculado la organización Greenpeace. Son unas 71.800 hectáreas de suelo donde viviendas, polideportivos, hoteles y factorías han ido brotando. Muchas veces se ha construido mientras se dirimía su legalidad en los tribunales.

El patrón se reproduce desde hace tiempo: una maraña de procesos legales a base de licencias de construcción, planes urbanísticos, leyes ambientales, concesiones administrativas, denuncias, sentencias y recursos consolidan construcciones durante años y años. El Algarrobico no ha estado solo. Como tampoco se ha tratado únicamente de hoteles. Urbanizaciones de viviendas, infraestructuras públicas e industrias han abusado de la costa.

Turismo a toda costa

Los complejos hoteleros trabajan con material sensible. Cuanto más encima del mar, mejor. Así que regularmente saltan casos de invasión. Un ejemplo de hotel no solo en construcción sino de larga trayectoria es el Médano en Granadilla (Tenerife). El edificio tiene en contra una sentencia de derribo desde 2010. Sin embargo, el caso ha debido llegar, otra vez, al Tribunal Supremo. En marzo de 2015 se ordenaba el derribo. Los magistrados entendieron que la concesión administrativa que lo protegía estaba caducada. La dirección de la empresa se enrocó y pretende seguir litigando.

Fachada del hotel Médano, en el municipio de Granadilla.

Fachada del hotel Médano, en el municipio de Granadilla.

También en las Islas Canarias, en las Dunas de Corralejo en el norte de Fuerteventura, la cadena RIU maniobró para salvar sus hoteles colocados en suelos protegidos medioambientalmente. Los edificios debían ser demolidos por ocupar el dominio público, según dictaminó Ministerio de Medio Ambiente 2005. Pero un acuerdo entre la empresa y el Gobierno –por el que un islote del archipiélago paso a titularidad pública– alargó las concesiones de uso de suelo. Es decir, los hoteles sobre la costa siguieron funcionando.

El Hotel RIU en las Dunas de Corralejo, en Canarias

El Hotel RIU en las Dunas de Corralejo, en Canarias

Son dos botones llamativos pero no exclusivos. Pilar Marcos es responsable de costas en Greenpeace y considera que "la principal amenaza para el litoral", tras el parón de la construcción vivido desde 2008, es "la cantidad de suelo declarado urbanizable aunque no se haya urbanizado aún y los nuevos impulsos del sector turístico residencial". 

Con todo, los bocados y la degradación de la costa no es patrimonio de ciertas prácticas del sector turístico. Hace menos de un mes, el Ministerio de Medio Ambiente (actuando en funciones) le otorgó una prórroga de actividad a la papelera Ence a las orillas de la Ría de Pontevedra. La concesión caducaba pero la Ley de Costas aprobada por el Partido Popular en 2013 permitía renovaciones de hasta 75 años. La que ha conseguido la empresa. Esa ley también ha reducido la franja de protección en las rías, que pasaron de 100 a 20 metros.  

Fábrica de ENCE, en la ría de Pontevedra

Fábrica de ENCE, en la ría de Pontevedra encefora.gal

Una depuradora sobre una marisma

Las ocupaciones del litoral no distinguen entre sectores. Ni de actividad ni de titularidad. En 2005, una vez más, los jueces del Supremo ordenaron que se desmantelara una infraestructura en Suances (Cantabria) que se había construido sobre la marisma. En esa ocasión se trataba de la depuradora de aguas de Vuelta Ostrera. Incluso se acreditó que había localizaciones adecuadas fuera de la zona de exclusión. De nuevo se litigó y, ya en 2013, el Tribunal denegó la posibilidad de aplicarle una prórroga operativa. El calendario de desmantelamiento le concede siete años para desaparecer.

No se trata de algo único. En octubre pasado, la plataforma Salvemos Pontevedra tuvo que solicitar que se ejecute una sentencia, de nuevo del Supremo, contra la depuradora de Os Praceres. Otro caso de ocupación del dominio marítimo. La Dirección General de Costas busca cómo legalizar la infraestructura y ha pedido a la Xunta que obtenga un título que la ampare.

Y por supuesto, el urbanismo de viviendas

El Ministerio de Medio Ambiente calculó al redactar su nueva ley de Costas que unas 10.000 viviendas estaban edificadas dentro del litoral. Una ocupación gestada desde hace décadas. Pero que no se ha detenido y trae casos y litigios hasta 2016.

Casos recientes: la promotora Marinas de Aguamarga vio su proyecto de urbanización de 350 viviendas en el Cabo de Gata (Almería) ilegalizado por el Tribunal Supremo hace ocho años. Sin embargo, desde entonces, ha peleado para no perder dinero. Hace solo unos meses tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que rechazara su recurso en busca de indemnización. Pedía 24 millones de euros porque, decía, se había cambiado la calificación del suelo de manera "arbitraria".

En Cantabria, 621 viviendas tienen encima una sentencia firme de demolición aunque no todas por ocupación de la costa. El Gobierno regional tuvo que hacer en 2011 un plan especial para la ejecución de las sentencias que afectan a las localidades de Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos, Miengo y San Vicente de la Barquera. Calculó y presupuestó que le costaría más de 10 millones de euros. Sin embargo, dos años después, ya en 2013, el Ejecutivo ideó una herramienta urbanística para que los ayuntamientos legalizasen, a posteriori, al menos 400 de estas casas. Una jugada que ha debido desbaratar el Tribunal Constitucional. Eso sí, el caso se ha alargado hasta diciembre de 2015.

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