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Una juez pide al fiscal que analice si un periodista de Intereconomía profirió “insultos y vejaciones” transfóbicos

La diputada Carla Antonelli, con compañeros del colectivo LGTB

Carmen Moraga

La juez del Juzgado de Instrucción Nº 32 de Plaza Castilla de Madrid, ha decidido trasladar al fiscal la denuncia presentada por la diputada regional del PSOE, Carla Antonelli , contra el periodista de Intereconomía, Xavier Horcajo, por “insultos vejatorios y transfóbicos que incitan al odio” para que informe “si procede la continuación del procedimiento penal”.

La diputada de la Asamblea de Madrid y activista transexual denunció a Xavier Horcajo por los insultos que vertió contra ella el pasado 1 de octubre del 2015 en el programa El Gato al Agua de Intereconomía.

Horcajo lanzó contra Antonielli comentarios como: “Que el Señor Tomas Gómez [exsecretario general del PSM] no se le ocurrió la cosa de llevar un travestido porque era muy guay en las listas de Madrid”. También dijo: “Si alguien no está operado no puede llegar a la condición de transexual”, unas expresiones consideradas como “de burla, mofa e injurias”, que “menoscaban la dignidad, honor e imagen personal” de Antonelli y la del todo el colectivo LGTB al que ella pertenece.

Claro que no era la primera vez que Horcajo realizaba en la misma cadena ultraconservadora comentarios vejatorios contra la diputada. En otra ocasión preguntó en tono burlón a los demás contertulios: “¿Quieren ver como es Carla, Carlos, Carlitos, Carlines o lo que sea Antonelli, pues es esa señora de aspecto tan lozano, la chica, chico o lo que sea..”, o “..a mí me hubiese parecido más lógico que hubiese incorporado antes a una persona con síndrome de Down o a un enfermo de Sida”, dijo, en referencia a las listas electorales elaboradas por Gómez.

Por todo ello, el juzgado razona como fundamentos jurídicos que los hechos que resultan de las actuaciones de Horcajo “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Además, considera que para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en ellos han intervenido, “es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 757 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso el procedimiento aplicable”.

Según diversos artículos del nuevo Código Penal, estos delitos podrían ser castigados con penas previstas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a doce meses. Ahora tendrá que ser el ministerio Fiscal el que informe a la juez si procede la admisión de la denuncia y la continuación de la tramitación del procedimiento penal.

La diputada presentó la denuncia contra Horcajo el pasado 16 de octubre, con su abogado, Luis Sánchez Iñiguez, varios compañeros del PSM y de Jesús Grande, Presidente del Colectivo LGTB de Madrid, COGAM. 

Entonces, Antonelli manifestó que “insultos vejatorios de este tipo tienen que terminar de una vez por todas, ya que no van dirigidos a una sola persona sino que incitan al odio hacia todo el colectivo LGTBI, y en este caso hacia las personas transexuales”.

La activista asegura que confía plenamente en la Justicia y en que el informe del ministerio Fiscal continúe con el procedimiento, “para que se actúe de forma contundente contra este tipo de manifestaciones que no se sustentan en un Estado de Derecho y de respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, consagrados por la Constitución Española y la legislación vigente”.

En declaraciones a eldiario.es, Antonelli se muestra muy satisfecha por este “primer paso” que ha dado la juez. “Es importantísimo porque la mayoría de las denuncias presentadas por insultos o vejaciones a miembros de nuestro colectivo se han echado trás o han sido sobreseídas”. “Ahora hay indicios de que ésta puede seguir avanzando ya que en el auto se insta a entregar los videos de los programas con objeto de estudiar en profundidad el caso”.

La diputada opina que estos comportamientos que “atentan contra los derechos fundamentales de las personas no son de recibo. No puede cundir la sensación de que todo vale contra ciertos colectivos”, ha concluido.

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