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ENTREVISTA | Raimundo de los Reyes, presidente de la asociación estatal de directores de instituto Fedadi

“Cada día que pasa los directores tenemos más claro que no debemos abrir los centros hasta septiembre”

Raimundo de los Reyes, presidente de la asociación estatal de directores de instituto Fedadi.

Daniel Sánchez Caballero

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Los presidentes de las asociaciones de directores de instituto de toda España tienen claro que las clases no deben volver hasta septiembre. “Hay absoluto consenso, si no no lo habríamos puesto en el comunicado”, explica Raimundo de los Reyes, el presidente de Fedadi, la federación que los agrupa a todos ellos a nivel estatal, en alusión a la nota que publicaron hace unos días pidiendo que no vuelva la actividad presencial.

De los Reyes, que dirige un instituto en un pueblo de Murcia, reflexiona sobre la gestión educativa del confinamiento, lamenta que la administración se haya desentendido en ocasiones y le haya traspasado la responsabilidad de ciertas decisiones a los profesores, alerta sobre las dificultades que va a tener una probable vuelta con aforos limitados en los centros educativos y sostiene que la escuela no está para conciliar, lo cual no es incompatible con que se utilicen sus instalaciones para ello igual que se hace durante los veranos.

¿Qué le ha parecido la gestión de la crisis en el ámbito educativo?

Gestionar una situación de este tipo es muy complicado, no hay referentes ni experiencias previas a las que sujetarse. Dentro de eso, creo que hay cosas lógicas, como el acuerdo sobre la evaluación y que el referente fueran los dos primeros trimestres. Me pareció que la promoción y evaluación no debería haberse incorporado al pacto si no había consenso. No me gustan tampoco las medidas que no tienen un soporte legal. Cuando las cosas se dejan ambiguas puede suceder que haya diferencias de trato para el alumnado. La promoción siempre tiene que ser a criterio de las juntas de evaluación, pero hay que fijar unos criterios a los que atenerse y si no se establecen hay tantos criterios como centros, y no deberíamos dar lugar a eso por aquello del principio de la equidad e igualdad de oportunidades. Las diferencias entre comunidades son lógicas y necesarias, no debe buscarse la uniformidad, pero sí la equidad. En la titulación debería haber equidad.

“No me gustan las medidas que no tienen soporte legal”, dice. ¿Cuáles son de las que se han tomado?

Hablo del pacto que adoptó la Conferencia Sectorial en el que hubo acuerdo general de que se evaluase tomando como referente los dos primeros trimestres y que lo que se hiciera en el tercero solo permitiera al alumno mejorar. Ahí estuvieron todos de acuerdo, pero el desacuerdo fue en ver cómo se concretaba que la repetición fuera “muy excepcional”, que de hecho ya lo contempla la normativa actual y pone límites a cuánto se puede repetir. Algunas comunidades han alegado que se podía producir una situación de inseguridad jurídica, porque se pretende solucionar esto con una orden ministerial, pero en principio una orden no puede derogar una Ley Orgánica como la LOMCE. Se supone que la idea es dar a todo el mundo las mismas oportunidades. Yo no me pronuncio porque son cuestiones jurídicas, pero deberían estar de acuerdo. Y si no lo estaban, que no lo pongan en el papel.

Fedadi sacó un documento el otro día en el que pedía que no se abran los centros antes de septiembre. ¿Por qué no lo ven?

Conforme van pasando los días, cada vez tengo más claro –y el resto de compañeros de Fedadi de las comunidades autónomas– que no debemos abrir hasta septiembre. Antes pensaba que sí, pero ves los inconvenientes que hay que sortear, los problemas que se plantean a los centros y las ventajas para el alumnado, a cambio de esos inconvenientes, no compensan. La enseñanza a distancia está funcionando. Si de pronto un grupo de alumnos decide ir al centro, el profesorado algo tendrá que decir también. Hemos estado midiendo las aulas estos días con el coordinador de la Ebau, y me decía que había estado en muchos centros y cabían entre 9 y 12 por clase respetando las distancias de seguridad. Cuando el profesor acuda a atender a esos 10 alumnos (o 15, me da igual), ¿qué hago con los otros 15? En el mejor de los casos le estoy quitando la mitad del tiempo. El curso debe acabar como está y que los esfuerzos hay que concentrarlos en las previsiones para el próximo, más o menos en las líneas que ha marcado el ministerio.

¿Y para septiembre? ¿Qué le parecen los escenarios que plantea Educación?

Los centros necesitamos saber qué vamos a hacer. Si es limpiar las aulas y mantenerlas desinfectadas, bien. Si –esto es más complicado– hay que reducir la ratio, por favor consúltenlo bien con los que tenemos que llevarlo a la práctica. Nosotros podemos decir si la solución que han pensado es factible o aportar otras ideas. Y si el escenario es la no posibilidad de acudir a los centros hay que adoptar medidas que garanticen en la medida de lo posible que todos –alumnado y profesorado– van a tener unos conocimientos mínimos para entenderse a distancia. Nunca la formación a distancia suplirá la presencial, pero pongamos los medios para que se salven los primeros inconvenientes, que son los de acceso. Esta epidemia ha servido, al menos en Murcia, para que tengamos una idea bastante clara de cuántas familias tienen estos problemas de acceso a las TIC. Igual en vez de programas de libros de texto gratuito habría que invertir en conectividad, en herramientas para que puedan trabajar... Habría que reordenar las prioridades.

¿De qué porcentaje de alumnos con problemas de conectividad hablamos?

Cada centro sabe cuántas familias no podían conectarse, porque los han recopilado para enviarles material físico para que pudieran trabajar y hacer tarea y devolverlas al centro. Depende mucho de la ubicación del colegio y el estrato social que atienda. En mi centro sería más del 10% en un municipio de población media y escasa industrialización. En la capital las circunstancias cambian. Quién sí puede disponer de esos datos para planificar el curso que viene es la administración.

¿Es factible dar clase con la mitad de los alumnos en casa a tiempo parcial, como plantea el Ministerio de Educación?

Poder se puede. Duplicas el profesorado y el horario...

Eso en un mundo ideal. ¿Y en el mundo real en el que no se van a duplicar las plantillas?

Por eso pedimos que consulten para que digamos si ese cómo es realista o no. ¿Reducir las ratios al 50%? Perfecto, hasta me salvaguarda la salud. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Perdiendo horario de clase el alumnado? ¿Aumentando los espacios? Tampoco es la solución. Si me duplicas el espacio –vamos a suponer que fuera posible– y tengo el doble de aulas sigo sin tener el doble de profesores. Y no vamos a poder pagar eso. Por eso nos lo tienen que explicar: 15 alumnos, ¿cómo? Nos gustaría que se contase con nosotros en la medida de lo razonable para implementarlo, si no estamos en las mismas: ideas que no son factibles. Esto debería ser como la enseñanza, que tiene que ser individualizada. Creo que en este caso la solución debería ser individualizada por centro, que cada uno tiene unas características. Cada centro debería tener una cierta capacidad dentro de una generalidad para adaptarlo a sus condiciones. Ahí sí intervendría la autonomía de los centros, para que cada centro pueda concretarlo según sus características.

Ya que menciona la autonomía, también han protestado porque se apele a ella solo cuando las administraciones no saben qué hacer.

Hay que definir qué es autonomía. Si te dan 200 euros para comprar material informático “con autonomía”, poco haces. La autonomía debe ser adaptarse a cada centro, no puede ser una excusa para cuando no sé cómo concretar las medidas que estoy tomando. Antes de que pasara esto, no es de ahora, ya hacía la broma de que había dos cosas que nos ponían a temblar a los directivos: cuando nos decían que nos iban a resolver algo mediante un programa informático y cuando hablan de que nos van a dar autonomía, porque suele ser un marrón que trasladan. En este caso, en el que además intervienen factores de salud pública y riesgos laborales, podemos colaborar, pero nuestra autonomía con nuestra preparación como directivos no puede ir más allá de lo académico. Para tomar decisiones que afecten a la salud están los expertos en sanidad y riesgos laborales. Nosotros podemos comprobar que es factible hacer lo que proponen.

¿Tienen los profesores la sensación de que se les ha cargado el muerto?

En la promoción y la titulación han dejado el problema en la mesa de la Junta de Evaluación, eso sí. En el caso de las decisiones sobre los funcionamientos de los centros ha habido algunos decretos que atribuían a las direcciones de los centros responsabilidades que son de otra índole y van más allá de las competencias. Se pueden dar situaciones difíciles si hay un decreto por ahí que dice que “los directores garantizarán que...” y luego se dan problemas.

¿Entiendo que se refiere a esa frase que apareció en una orden que decía que los directores serían los responsables de proveer de material sanitario a los trabajadores de los centros?

Es que será si se puede. Llamas a las empresas de las mamparas y no queda metacrilato. Pero tienes que abrir el centro. Podemos ser gestores, pero no responsables. Y sobre todo no podemos tomar decisiones que se refieran a la salud de los demás. Nos tienen que dar unos protocolos claros y nosotros decimos si se puede o no.

Parece que hay centros –creo que en Andalucía, por ejemplo– que están decidiendo no abrir. ¿Tienen la libertad de elegir?

Es que la opinión de la Junta era que los centros no abrirían hasta septiembre. En Murcia nos faltan los papeles, pero la decisión es similar. En Euskadi lo han dejado a criterio de los centros, en Valencia estaban previendo que para primeros de junio una vuelta voluntaria... Yo la voluntariedad no la veo. Va por otro derrotero, habla de las decisiones de las familias en función de la conciliación. Entiendo los problemas, que son grandes sobre todo con los niños más pequeños, pero la solución no debería ser el colegio. El colegio está para otra cosa. Si hay que convertirlo en medida social de recogida de alumnos cuyos padres no pueden atenderlos, hágase como tal recurso, pero no como colegio.

O sea, no con profesores.

Por ejemplo. Cuando el problema se plantea en términos de conciliación, planteamos el colegio como un sitio donde los niños están con alguien. Pero los colegios no están para eso, y si encima para hacer eso desatendemos a otros y nos cargamos todo lo que hemos estado haciendo con la educación a distancia, no le veo la ganancia a nadie. Los centros públicos, por otro lado, no dejan de ser edificios públicos que pueden tener otras posibilidades. Otra cosa del pacto educativo era utilizarlos en julio para actividades y escuelas de verano, y no se hablaba de dar clase ni de profesorado, se hablaba de otras actividades. Creo que no debemos mezclar las cosas. Una es recuperar la actividad lectiva, otra si los centros pueden ofrecer otros servicios a la población, no solo el educativo. Pero ahí ya son más centro público que colegio.

Si la ministra le pidiera consejo para la vuelta a clase, ¿cómo lo haría previendo unas condiciones similares a las que hay?

Es complicado. Quizá fragmentar la asistencia a clase, unos días unos alumnos y otros otros. Luego habría que ver cómo se compensa la no asistencia, que no podría ser con trabajo telemático porque el profesor estaría con la otra mitad. Habría que pensar con otra forma de compensarla, con tareas para los días que no va a estar... Pero si pones trabajos luego habría que revisarlos, y el profesorado ya está saturado, aunque si la cosa no se desmadra siempre está dispuesto a hacer ese esfuerzo. Pero no le puedes decir que dé 40 horas [semanales] de clase [la jornada actual son 20]. Igual no habría que duplicar el profesorado, pero si se puede conseguir que en vez de 20 horas sean 15 o 16, les puedes dar un margen de tiempo para hacer el seguimiento de los demás. También sería un esfuerzo económico importante, soy realista. Pero cuando la situación se sale de lo normal lo normal es que cueste dinero arreglarlo.

¿Sería partidario de primar la asistencia de ciertos colectivos más vulnerables?

Es una posibilidad que no estaría de más contemplar, sin desatender completamente al resto, por supuesto. Sobre todo a ese alumnado que en su casa no tiene la atención y el seguimiento necesario.

¿Cree que esta situación ha servido para que la sociedad valore más el rol del docente?

No lo sé, tengo impresiones de todas las clases. Hay familias que sí, otras no lo verán. Pero en términos generales sí ha servido –y lo demuestra la presencia constante de temas educativos en los medios de comunicación– para que nos demos cuenta de que es un tema más importante de lo que creemos. Cuando las cosas funcionan medianamente bien no nos damos cuenta. Tampoco quiero ensalzar la importancia de nuestro colectivo sobre otros, porque una de las cosas que se ha demostrado que esto es un sistema que necesita que funcionen todas las partes o se cae. Hay muchos colectivos a los que no prestábamos atención, no solo al docente. Pero el profesorado ha estado a la altura, ahora hay que dotarle de medios para que pueda estarlo más si es necesario.

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