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ENTREVISTA | Ministra de Educación

Isabel Celaá: "Si tenemos que guardar las distancias, habrá que volver a las aulas escalonadamente"

La ministra de Educación analiza la desigualdad que ha puesto en evidencia el confinamiento: "La brecha digital esconde la brecha social: si solo les faltara una tablet, resolverlo sería sencillo"

Y advierte que el sistema educativo debe mejorar para enfrentar otros posibles brotes: "Esto supone muchos recursos económicos, pero hemos de prepararnos"

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La ministra de Educación, Isabel Celáa. / Olmo Calvo

La ministra de Educación, Isabel Celáa. OLMO CALVO

Sin el ajetreo habitual de funcionarios, políticos y técnicos los pasos resuenan en las enormes estancias vacías del palacete sede del Ministerio de Educación en la calle Alcalá de Madrid. La ministra de Educación, Isabel Celaá, atiende a eldiario.es en la sala Goya, donde realiza estos días las videoconferencias con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas.

La ministra habla del acuerdo alcanzado este miércoles con las comunidades autónomas y también de aquellas que se han desmarcado de las medidas extraordinarias sobre la evaluación de este curso. Sobre volver a las aulas, reconoce que dependerá de las condiciones de salud pública y emplaza la decisión definitiva a finales de mayo, aunque desliza que la vuelta podría ser escalonada, por edades. Si hubiera vuelta a las aulas, cuenta, habrá evaluación presencial.

Durante la conversación, Celaá también admite que la pandemia ha cogido a España "sin planes de contingencia" y explica que las decisiones sobre el curso educativo (acabará el 30 de junio, no se seguirá avanzando por el temario y habrá una "promoción general") se van tomando "a medida que las situaciones emergen". También alaba la labor del profesorado, que en 24 horas tenía montado un sistema de teletrabajo.

¿Se plantean que la decisión de volver a las aulas pueda cambiar, teniendo en cuenta que no sabemos cómo va a ir evolucionando la epidemia?

La decisión de cerrar las aulas es sanitaria, y estamos todos pendientes de la evolución de la pandemia. Los epidemiólogos nos tienen que indicar si existen condiciones para poder reabrir. Cuando las haya tendremos que determinar también con ellos cómo escalonamos ese retorno. Por supuesto, observando las debidas medidas de higiene (las distancias, mascarillas, guantes, etcétera). Pero no sabemos si vamos a poder reabrir.

¿Hay una fecha límite para decidir si merece la pena volver o si se da el curso por cerrado?  

Seguramente, si estamos a finales de mayo y no se ve nada en el horizonte ya determinaremos que no se abren las aulas salvo para las pruebas de la Ebau (la Selectividad), que sí queremos sean presenciales en la primera semana de julio.

Este miércoles se llegó a un acuerdo con las Comunidades Autónomas, en apariencia, y menos de un día después hay cuatro o cinco que ya se han desmarcado. ¿Qué va a ocurrir con ellas?

La filosofía del acuerdo es la de aplicar la norma básica en clave de flexibilización atendiendo a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19. Pero en ningún caso se trata de modificar la norma básica, en este caso la LOMCE, que no es una competencia del Gobierno de España, sino del Congreso de los Diputados al ser Ley Orgánica. Lo que nos están exigiendo Madrid y Murcia, por ejemplo, es absolutamente improcedente. El acuerdo, respaldado por la inmensa mayoría de las CC AA, no altera contenidos de la ley y respeta los principios que rigen la evaluación del alumno, que ha de ser global y continua y cuya aplicación puede ser flexibilizada por las juntas de evaluación, que son las competentes y que lo sabrán hacer con criterios de equidad y justicia atendiendo a las circunstancias actuales.

Pero Madrid u otra comunidad podría fijar un mínimo de asignaturas para pasar de curso? ¿Tienen esa capacidad?

Yo creo que no lo harán. La evaluación no recae en las comunidades autónomas sino en los equipos docentes, que son los que dictaminan si un alumno está para superar el curso o no. Lo que hacemos en un estado de emergencia es facilitar que se adapten las condiciones de programación, evaluación y promoción a ese estado. ¿O qué aspirarían a hacer comunidades que objetan a esto en un estado como este, en el que las condiciones en las que están trabajando familias, alumnos y docentes son las que son? Sería muy injusto hacer otro tipo de evaluación.

Pero las comunidades autónomas tienen unas funciones que siguen cumpliendo y no es fácil imponer un criterio. ¿Hasta qué punto tiene capacidad el Ministerio de marcar un camino?

Nos hemos dotado de un sistema autonómico, no centralizado. Esto tiene muchas ventajas, por su cercanía a las necesidades de las personas, pero tiene estas otras cuestiones: hemos de confiar y cuidar que las comunidades autónomas actúen correctamente.

Isabel Celáa, durante la entrevista en el Ministerio de Educación. / Olmo Calvo

¿Tiene capacidades ejecutivas extra el ministerio con el estado de alarma? ¿Podría excepcionalmente obligar a algo a las comunidades autónomas?

Esta propuesta será una orden ministerial, que bajo el estado de emergencia tiene más importancia. La discrepancia es un derecho de todos y las comunidades tienen sus competencias intactas. Este acuerdo abre un paraguas para adaptar la evaluación y promoción porque nos parece que las condiciones lo requieren. Hemos cambiado la modalidad de la Ebau y las condiciones deberían ser estas. Lo que pasa es que hay quien se empeña todavía en que contemos esto por el número de suspensos y no nos parece que sea el método adecuado. Creo que habrá tiempo para que ese alumno refuerce los contenidos que hagan falta.

Otra de las cuestiones que se acordó con las comunidades autónomas fue realizar actividades de refuerzo en verano. ¿Quién va a dar esas clases? 

Todos los veranos hay actividades de ocio y tiempo libre, campamentos de verano para los niños y las niñas y son los monitores de tiempo libre los que se suelen ocupar. Queremos darle un impulso a esto y para ello contaremos con ayuntamientos, diputaciones, entidades, ONG. La idea es impulsar un gran programa en el cual además de deporte y aire libre pudiéramos integrar actividades que reforzaran conocimientos que para los más vulnerables no han sido cubiertos.

¿Quién lo va a pagar?

Generalmente lo suelen pagar las comunidades autonómicas con los ayuntamientos y las diputaciones. Nosotros también vamos a impulsar y poner esfuerzos. Pero quiero que quede claro que esto es aparte, no tiene nada que ver con el curso escolar que terminará en junio ni con la Ebau. Esto es el programa de verano que esta vez acogerá contenidos relacionados con el conocimiento.

Se ha llegado a hablar de una vuelta a las aulas con mascarillas para los niños. Parece poco planteable intentar controlar que los niños se mantengan seis horas o las que sean con las mascarillas puestas, sobre todo de cierta edad.

Igual no podrían ser seis horas, pero los niños tienen una gran capacidad de aprendizaje y son muy responsables. En cuanto les explicas la situación lo aprenden rápido. Vamos a ver cómo lo hacemos. Algunos países de nuestro entorno están empezando a hablar de reabrir las aulas, de quiénes entrarían escalonadamente... Hay discrepancia sobre si serían primero los más pequeños o los mayores. Pero por ahora estamos trabajando en la salida del curso, y con las autoridades sanitarias lo que sería esa desescalada.

Otro de los escenarios que se están planteando es que haya una vuelta al trabajo antes de que se retomen las clases. ¿Hay un plan para ayudar a las familias frente a esta situación? 

Los planes los vamos haciendo a medida que las situaciones van emergiendo. No sabemos si esa vuelta a la actividad puede ser también contemporánea a la posibilidad de reabrir algunas aulas que escalonadamente pudiera ser utilizadas por los alumnos. Si no, adoptaremos otras medidas.

Frente a la posibilidad de que esto ocurra, ya que las autoridades sanitarias hablan de evitar concentraciones de gente, y ante la estrategia de una vuelta escalonada a las aulas, ¿no se ha planteando una alternativa?

Buscaremos fórmulas de manera que se pueda atender a los niños, con los mayores no hay tanto problema. Un regreso escalonado en la que los más pequeños volvieran primero a las aulas plantea otras dificultades, no solo la de las mascarillas.  El niño pequeño generalmente va a la escuela con el abuelo o la madre, y esto mueve una gran cantidad de población. Todo esto está en proceso de reflexión, pero no solo en España sino en el resto de los países de nuestro entorno. No hay nada seguro; nuestra urgencia es que pase la pandemia.

La ministra de Educación, Isabel Celáa, en una entrevista con eldiario.es. / Olmo Calvo

El miércoles comentó que no había plan b para la eventualidad de que no se pudiera hacer la Selectividad. ¿De verdad que en estas reuniones ningún consejero autonómico ha levantado la mano para plantear esta cuestión?

En las reuniones con las comunidades autónomas, no. Hay un acuerdo clarísimo de que la Ebau se realizará presencialmente en junio. Parece ser que los que nos dedicamos a la educación somos optimistas y pensamos que puede y debe hacerse, pero si no fuera posible, plantearemos un escenario enseguida. La Ebau no solamente es una prueba de cierre de Bachillerato, sino que es una prueba de acceso a la universidad. Todos hemos estado de acuerdo en hacerlo presencialmente en julio: las universidades, la CRUE... Si no fuera posible, la decisión será de todas las partes.

¿Por qué se ha descartado, si es que es así, hacer evaluaciones presenciales para los dos cursos finalistas de secundaria (4º de la ESO y 2º de Bachillerato, que dan un título) si no se descarta volver a las clases presenciales?

Se descarta hacer las evaluaciones presenciales salvo si se pudiera volver a clase. Estamos poniéndonos en el escenario difícil. Y ahí lo que entendemos es que los equipos de evaluación –con evaluaciones presenciales o no– son los que tienen el conocimiento diagnóstico de cómo es el alumno, porque lo ha tenido presencialmente durante dos trimestres. Y tiene que saber si ese alumno está preparado para pasar el curso porque ha superado los objetivos. Esta es la esencia de la evaluación. Nos movemos todavía en categorías de ‘esta parte, este contenido, esta asignatura’... Estamos en un momento de emergencia, y en un momento excepcional hay que arbitrar medidas excepcionales. De otro modo la evaluación sería muy injusta. Si un alumno se ha desarrollado suficientemente para pasar el curso, ha cumplido los objetivos generales. Por eso decimos que la aprobación del curso es la norma general.

Entiendo entonces que no les preocupa los posibles fraudes si acaba siendo a distancia, como trabajos copiados de internet o hechos por algún familiar.

También habrá una conversación con ese alumno. No prevemos que sencillamente se le califique por un trabajo que haya podido remitir sino por un conjunto. Un grupo de evaluadores profesionales tiene conocimiento y adopta su decisión de manera colegiada. Por eso nosotros pensamos que tienen capacidad para ver si hay contenidos que tienen que ser recuperados o trabajados más profundamente en otro momento. La vida no se acaba porque un alumno no haya cubierto todo lo que tenía previsto para el tercer trimestre. Este tiene que valer como diagnóstico, como recuperación y para que los alumnos que van más rápido puedan seguir progresando en sus conocimientos.

Pero el problema no son esos alumnos.

Exactamente. El problema son los más desconectados. El problema es esa brecha digital que esconde una brecha social, que es la por esa razón estamos arbitrando medidas excepcionales.

Esta situación ha puesto en evidencia situaciones que no son excepcionales sino más bien estructurales, como esta desigualdad que menciona y que influye en el rendimiento de los alumnos. ¿Se están planteando modificaciones a largo plazo para mitigar esta brecha?

Está en nuestra ley, que en este momento está en el Congreso y cuyos plazos de enmiendas se han reanudado otra vez. Nuestra ley dice que la escuela ha de ser inclusiva, compensadora de desigualdades de origen. Tiene que ser una escuela que habilite no solamente para el conocimiento en un mundo cambiante sino también para la digitalización, para una educación para el desarrollo sostenible... Todo eso está en la ley. 

Hemos hecho de la necesidad virtud. El profesorado se ha volcado en ponerse en contacto con sus alumnos, enviarles tareas, recoger los deberes, hacer un feedback con el alumnado. Pero notamos que hay carencias, no solo de acceso a Internet sino también de falta de una herramienta individualizada por alumno para que pueda trabajar juntamente con sus hermanos, que están siguiendo distintas áreas de conocimiento, o con sus padres, que están teletrabajando y a lo mejor solo tienen uno o dos ordenadores en la casa, que parece mucho pero ahora puede ser poco. Esto es lo que el sistema tiene que ir identificando, y las comunidades lo están haciendo.

¿Están recopilando información sobre los alumnos más desfavorecidos?

Desde el primer día dijimos que había que identificar a aquellos alumnos que estaban desconectados por circunstancias de cualquier naturaleza. Si solamente les faltara una tablet, eso se resuelve con recursos económicos. Sería lo más sencillo. El problema es el hábitat, estar en un ambiente en el que el conocimiento no se valora, o que los padres tengan que atender también sus obligaciones. Ciertos hogares están sujetos a una tensión importante y esto está gravitando ahora mismo sobre la educación. Por eso digo que hay una brecha digital que podría resolver de manera más o menos fácil, pero hay una brecha social que es la que preocupa y para eso estamos arbitrando desde el Gobierno medidas también socioeconómicas. 

Los especialistas advierten que puede haber más brotes de COVID-19 que nos llevarían otra vez a esta situación excepcional. ¿Hace falta una estructuración más formal de este sistema a distancia?

No conozco ningún sistema educativo que haya pasado en 24 horas, como nosotros, a que los profesores empezaran a enviar material a sus alumnos. No tenemos un sistema educativo con efecto espejo. Nuestra modalidad, igual que la del resto de países, es una modalidad presencial. La escuela es insustituible, pero tenemos que ir preparando el sistema en la medida de lo posible. Y sí, esto supone muchos recursos económicos, pero hemos de prepararnos.

La emergencia sanitaria y social puede descalabrar las cuentas que se habían hecho antes de la crisis y habrá que replantear prioridades. ¿Cómo va a afectar a la inversión en Educación?

Una cosa está clara: no vamos a renunciar al objetivo que teníamos de inversión en gasto educativo del 5% del PIB.

Pero tiene la pequeña trampa de que con el PIB cayendo podríamos alcanzar ese nivel de gasto sin añadir un euro más.

Nos referíamos a las cuantías en relación al PIB que veníamos sosteniendo hasta la mitad de marzo. Estamos trabajando mucho en aportar recursos a los alumnos. Por ejemplo, el programa en abierto por televisión.

¿Y los profesores? Están utilizando sus recursos personales, sus ordenadores, alguno se ha comprado una pizarra... ¿Van a recibir algún tipo de compensación?

El profesorado sabe cómo está el sistema y cómo estamos todos. Y cómo los ERTEs, la renta, los ingresos, etcétera están gravitando sobre el gasto público. Esto no lo tenemos sistematizado.

Las decisiones tomadas a partir de la epidemia han generado un reposicionamiento de muchas de las fuerzas políticas que apoyaban la ley de Educación. ¿Cree que esto podría poner en peligro su aprobación?

Vamos a trabajar para que no sea así. Se han reiniciado los plazos de la tramitación: ya estamos en fase de enmiendas.Pensamos que es una ley muy necesaria que empieza por derogar la LOMCE, y creo que en esto todas las fuerzas políticas con excepción del Partido Popular estábamos muy unidas. Vamos a trabajar para recabar los apoyos necesarios. Espero que las fuerzas políticas entiendan que una reforma legislativa es imprescindible en el sistema educativo español. Es un proyecto de ley contemporáneo frente a una LOMCE que describía itinerarios segregadores, que consideraba la FP de segunda categoría, y que lleva desde el año 2013 y no fue respaldada por nadie con excepción del PP. 

¿Esta crisis es una oportunidad para cambiar el sistema?

Los principios rectores de la nueva ley son la digitalización y la enseñanza personalizada. Necesitamos digitalización para tener esos recursos preparados. Muchos miles de profesores se están formando ahora para enseñar y estar al frente de la digitalización de sus alumnos. Tenemos en este momento casi 7.000, y vamos a aumentar esa cifra. La enseñanza personalizada también es absolutamente clave para tratar la diversidad con equidad: que los más rápidos puedan avanzar según su ritmo y aquellos que son más lentos puedan desarrollar sus destrezas en el tiempo. Lo de las ratios de 20 o 25 alumnos está totalmente bajo el foco de la reflexión: se puede plantear agrupaciones diferentes a las que hemos venido utilizando; más alumnos con dos o tres docentes.

Pero la ley no ha modificado las ratios actuales, muy criticadas por los docentes.

Eso no necesita una ley orgánica, pero tampoco importaría porque lo que queremos es que empiecen a organizarse las enseñanzas por ámbitos de conocimiento... Pero esto ya es hablar de un futuro desarrollo de la ley y de una gestión, y en este momento es otra la batalla que tenemos encima de la mesa. 

El tema de las ratios también influirá en las posibilidades de la vuelta al cole. ¿Lo aprendido de la COVID-19 no anima a bajarlas?

Si tenemos que guardar las distancias, habrá que trabajar escalonadamente. Puede ser por edades, por centros, hay muchas variables. Ya veremos, esto está todo bajo la campana de la evolución de la pandemia.

Otra de las cosas que no entró en la ley es el tema de la escuela concertada y de sus cuotas, que han vuelto a la polémica estos días porque se siguen pagando aunque se supone que corresponden a actividades extraordinarias. 

La ley reconoce la educación pública como eje vertebrador del sistema y por una red de centros concertados. Lo que no va a admitir la ley es que algunos proyectos que se dicen concertados formen parte de empresas que reparten beneficios.

¿El Ministerio tiene alguna capacidad para imponer que no se paguen las cuotas? Porque se sabe que son obligatorias en muchos colegios y que contribuyen a la desigualdad del sistema al usarse como criba de alumnos.

El Ministerio de Educación paga a los profesores. Luego hay cuotas voluntarias que a veces han ido a los tribunales y se han considerado adecuadas para servicios extraescolares. Esperamos, confiamos y deseamos que todos los centros cumplan su función social. El sistema público es el eje vertebrador y el sistema concertado acompaña la función social. ¿Que las cuotas pueden ser un vector de desigualdad? Es evidente, pero también hay centros concertados que cumplen acogiendo a todos los alumnos sean cuales sean sus circunstancias. Eso es lo que tenemos.

Como miembro del Gobierno, ¿cree que se podrían haber hecho cosas mejor en la gestión de la epidemia? ¿Hay espacio para la autocrítica? 

Es una pregunta casi filosófica. Y no me corresponde a mí responderla. Todo es perfectible y se puede hacer mejor. Tiempo habrá de hacer una evaluación también de esto. Esto no lo había previsto nadie; nadie pensó que la COVID-19 pudiera tener semejante impacto. Nos ha cogido a todos sin planes de contingencia. Hemos aprendido en este tiempo. Pero aunque todavía no sabemos realmente cómo se comporta el virus, sí sabemos que tiene efectos bastante desastrosos.

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