El Congreso aprueba la nueva ley de FP con los únicos votos en contra del PP

Éxito para el Gobierno, para la ministra de Educación, Pilar Alegría, y para su antecesora, Isabel Celaá, que se estará felicitando en la distancia. El Congreso ha aprobado este jueves la nueva ley de Formación Profesional, que creó Celaá y saca ahora adelante Alegría. Se había especulado desde el Ministerio de Educación con que esta iba a ser la primera norma educativa que se aprobara sin votos en contra en democracia, impresión que se mantuvo durante el debate de la mañana. Pero finalmente el PP votó en contra. Fueron los únicos. PSOE, UP, EH Bildu, Ciudadanos y PNV lo hicieron a favor y Vox, Foro Asturias, UPN, ERC y Compromís se han abstenido para dejar un resultado de 171 síes, 87 noes y 72 abstenciones. Ahora la ley va al Senado, donde si lo pasado en el Congreso sirve de referencia será también aprobada, quedando ya definitivamente incorporada al ordenamiento legislativo. Aunque se modifique en la Cámara Alta y tenga que volver a la baja, fuentes del Ministerio de Educación calculan que la ley se aprobará el próximo mes de marzo.

El Gobierno ha puesto toda la carne en el asador con esta ley, que llega con 5.000 millones de euros debajo del brazo para los siguientes cuatro años, 1.500 de ellos provenientes de los fondos europeos. Durante el debate de esta mañana en el Congreso, los portavoces tanto del PSOE como de UP han presumido de cintura durante el trámite parlamentario: además de aprobarse sin votos en contra, ha explicado el diputado de la formación morada Javier Sánchez Serna, se han aprobado más de 200 de las 592 enmiendas que han presentado los diferentes partidos.

Los partidos aceptan en su mayoría que España necesita una nueva ley de FP. La actualmente vigente fue aprobada por el PP en 2002 y apostaba fundamentalmente por impulsar la FP Dual, que implica más horas de prácticas en las empresas, pero nunca llegó a arrancar. Esta modalidad apenas alcanza el 4% actualmente, cuando en Alemania, país de referencia en esta formación, llega al 60%.

Beatriz Jiménez, portavoz del PP, ha explicado que “todos consideramos necesaria la propuesta para adecuar la FP a las nuevas necesidades y demandas”, ha reivindicado el buen espíritu de su partido no presentado enmiendas a la totalidad y ha aprovechado para afear al PSOE que no hiciera lo propio cuando los populares aprobaron la suya hace 19 años. Montserrat Bassa, representante de ERC, también ha valorado que “tener una amplia oferta en FP es una inversión en progreso económico y social y en formación y realización personal”, aunque ha criticado que no haya partidas para financiar los tutores compartidos entre pymes, que las puede dejar, ha advertido, fuera de la norma. Ciudadanos ha calificado de “hito importante” en materia educativa, y su diputada Sara Giménez ha puesto en valor que no se hayan producido votos en contra. “Quiero agradecer al PSOE las posibilidades de entendimiento”, ha admitido.

El Gobierno ha diseñado una ley que unifica los dos sistemas históricos de FP (la educativa y la orientada al empleo), incluye más prácticas (la idea es que todos los ciclos acaben siendo duales, que comportan un porcentaje de tiempo de trabajo en la empresa de al menos entre el 25% y el 35% y en adelante), más flexible, más amplia y con una mayor participación de las empresas. Entre los principales retos que va a tener la ley para desarrollarse está asegurar la oferta de plazas públicas. Este pasado verano decenas de miles de jóvenes se quedaron sin plazas estatales, sobre todo en Catalunya y Madrid.

El Gobierno argumenta que la nueva ley es imprescindible para reconfigurar el mercado laboral español, que presenta un exceso de trabajadores con cualificaciones bajas pero tiene escasez de empleados medios. El 25% de la población adulta española tiene actualmente una cualificación intermedia y otro 35% una de nivel bajo, pero las previsiones del propio Ejecutivo dicen que, en cuatro años, España necesitará tener un 49% de sus puestos de trabajo cubiertos por empleados con una cualificación intermedia –la que otorga la FP– y solo un 16% con baja cualificación.

España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3 % de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación.

Más flexible, más prácticas, más empresa

Entre las principales novedades de la nueva ley figura está la flexibilidad de su oferta formativa, que se organizará en cinco niveles (de la A hasta la E) de diferente dificultad y duración, de manera que se adapte a las necesidades de los trabajadores. Ahora no será necesario cursar un ciclo formativo entero y se podrán realizar pequeñas formaciones; también se introducen unos cursos de especialización al modo de los másteres universitarios.

También habrá más presencia de las empresas en el proceso formativo. Las compañías deberán tener un tutor para cada estudiante en prácticas –las más pequeñas podrán compartirlos– que tendrá voz a la hora de diseñar las formaciones específicas. Este tutor o tutora coordinará junto al docente encargado del centro el plan formativo del alumno, participará en la selección de los estudiantes aprendices y también tendrá que “evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje”. Fuentes de Educación aclaran que esto no quiere decir que los tutores de empresa vayan a poner la nota al alumno; harán un informe sobre las prácticas.

Otra de las novedades es que la ley quiere que la Universidad y la Formación Profesional se hablen. Para ello, se regulará la relación entre unas enseñanzas y otras y se diseñan pasarelas para que los estudiantes puedan saltar de los campus a los centros de FP.

La ley también hace una apuesta fuerte por la acreditación de competencias de trabajadores en activo. La acreditación de lo que los trabajadores saben hacer a base de aprenderlo en sus empresas, aunque nadie se lo haya reconocido oficialmente, no es un elemento nuevo en la Formación Profesional. Sin embargo, nunca llegó a despegar: desde que se puso en marcha en 2009 apenas lo han utilizado 300.000 trabajadores sobre un grupo potencial de 11 millones. La acreditación vendrá además acompañada de “una propuesta de itinerario formativo que complete la formación conducente a la obtención de un certificado o un título de formación profesional”, según se lee en el anteproyecto. Esto es, una vez acreditadas las competencias que correspondan, el trabajador podrá continuar formándose en algunos de los niveles de la FP.