El plan del Gobierno para favorecer a la caza con una licencia única no sirve ni en la mitad del territorio
Cuando se habla de caza en España, las imágenes que se evocan son del entorno natural, la revitalización del campo, la protección de los hábitats para que haya fauna... Sin embargo, detrás también hay un negocio de muchos millones de euros. El Gobierno se ha movido para favorecer el lado económico de la caza –por encima de consideraciones medioambientales– al impulsar una licencia única que permita moverse libremente por todos los cotos de España. Pero el mismo control sobre ese flujo económico es lo que ha surgido desde algunas comunidades autónomas: nadie renuncia a lo que se observa como un negocio millonario al que el Ejecutivo calcula 3.600 millones de euros anuales. En medio de la disputa queda el medio ambiente.
El Gobierno presentó el jueves pasado su logro: un nuevo carné de cazador que solo cubre el 30% de la superficie cinegética. Se han quedado fuera Andalucía y Castilla-La Mancha. Entre ambas suman más hectáreas de cazaderos que todas la adheridas a la licencia: Castilla y León, Extremadura, Madrid y Asturias.
El Ministerio ha argumentado que la licencia única (que no es obligatoria) “constituye una vieja reivindicación de los sectores cinegético y piscícola”. Para Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, más allá de que un documento habilite para que los cazadores y pescadores viajen sin trabas por los cotos, “el proyecto del Gobierno, tal y como está, completa los deseos de las empresas cinegéticas”. Se refiere a la caza mayor, las monterías, organizadas por sociedades que trasladan cazadores de un lugar a otro para matar venados, gamos, muflones...
Los puestos para disparar en esos lances suman muchos miles de euros. Actualmente esas jornadas exigen que se pague una cantidad a las autoridades autonómicas por cada cazador que esporádicamente dispare fuera de su lugar de origen. La tasa única les ahorra esa traba.
Desde el punto de vista medioambiental Oberhuber puntualiza que “una cosa es el concepto de que un documento habilite para cazar en cualquier parte y otra cómo se ha llevado a cabo”. “La caza es una actividad con muchas particularidades según el terreno donde se practique, así que haber puesto en marcha esta licencia sin asegurar que los futuros cazadores van a conocer las características de la zona donde disparen va a redundar en más vulneraciones de la ley”. ¿Cuáles? “Disparar a especies que son cazables en un sitio pero en otro no, no respetar periodos de veda...”.
Los permisos autonómicos van, normalmente, ligados a un examen para demostrar que se tiene la capacidad y el conocimiento de las épocas y especies que son legales abatir en esos territorios. “Haría falta un examen nacional más exhaustivo, más completo y amplio para permitir que una persona de Cataluña vaya a Extremadura un fin de semana a cazar. Habrá más accidentes”, explica.
Pérdidas de 1,5 millones al año
Esos motivos son los que justifican que la caza sea materia autonómica. Cada comunidad autónoma tiene la competencia y potestad para cobrar una tasa por cada licencia expedida (o por el examen que permita acceder a la condición de cazador). Para abatir piezas en sus límites se precisa autorización de cada una de ellas y los ejecutivos regionales, o algunos de ellos, no parecen dispuestos a dejar la gestión de esos ingresos tan fácilmente.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado el proyecto del Ministerio precisamente por esto: “Hasta que no se aclare cómo se van a repartir los fondos que se recauden”, han especificado. En esa región, hay más de 100.000 licencias cada año. Pero, además, muchas escopetas de otras zonas acuden a cacerías en esta comunidad que casi toda es coto de caza: hasta 70.000 de sus 79.400 kilómetros cuadrados (un 88%). Y todas tienen que abonar un permiso, al menos, temporal. La Hacienda castellanomanchega ingresa más de cinco millones cada año por estas licencias y calculan que, con el plan gubernamental, dejarían perderían 1,5 millones de euros anuales.
No va a haber tal distribución de recursos. Desde el Ministerio han explicado a eldiario.es que “el reparto del dinero de las tasas es muy complicado así que se ha optado por que cada autonomía se quede con lo que recaude”. Según su tesis, “la licencia tiene una incidencia menor en los ingresos por esta actividad. Lo que deja dinero es la propia jornada de caza y así lo han entendido los firmantes, incluida Castilla-La Mancha hasta dos semanas antes de rubricar el documento”, aunque luego se descolgó y no se unió a la licencia única. En 2013 había en España 848.243 licencias de caza, según el Anuario de Estadística Forestal del Ministerio de Medio Ambiente. Solo a este apartado, el Gobierno le atribuye un valor económico de 19 millones de euros.
El celo por dominar este sector tan suculento en lo económico se ha dejado sentir. La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía ha contestado a eldiario.es que “el Ministerio no ha respondido a peticiones realizadas por la Consejería para la obtención de la licencia única”. Así que el documento ideado por la ministra Isabel García Tejerina tampoco valdrá en los cotos andaluces.
Allí se acumulan más de 250.000 permisos por temporada. Es la región con mayor cantidad de licencias y dobla a la siguiente en el ránking que es Castilla y León con 122.000. También es la que más cotos de caza ofrece a las escopetas: 7.485. Andalucía ha aducido que en esa comunidad “se hace un examen a los pescadores además de a los cazadores” y como la licencia única no obliga a esa prueba no participan. Fuentes del Ministerio contestan que ese examen de pescador no está generalizado y que “no van a cambiar todas las comunidades por una”.
“Esto es un club voluntario”, rematan desde Medio Ambiente. El departamento dirigido por García Tejerina entiende que su planteamiento “es algo objetivamente bueno” y espera que “todas las comunidades se adhieran”. De momento, las incorporaciones previstas en un futuro cercano son las de Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia. Sumadas a las ya participantes apenas superan el 51% del suelo para caza.
