“Delincuentes, narcos”: las acusaciones a los psiquiatras de dos entes ligados a la Cienciología desatan una batalla legal
El conflicto abierto entre la Sociedad Española de Psiquiatría y dos entidades –Citizens Commission on Human Rights (CCHR) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España (CCDH)– vinculadas a la Iglesia de la Cienciología continúa vivo en los tribunales. La organización que representa a los facultativos españoles demandó a estas dos asociaciones “por intromisión ilegítima y por dañar el honor de todos los psiquiatras” en una serie de publicaciones en las que se afirmaba, entre otras cosas, que “la psiquiatría es una pseudociencia” y que sus profesionales “están muy bien pagados por las farmacéuticas”.
La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de las organizaciones promovidas por la Cienciología. Sus magistrados determinan que debe prevalecer la libertad de expresión, aunque se hayan utilizado “términos duros y ácidos” o expresiones “vejatorias”– , según una sentencia emitida el 10 de febrero y adelantada por Confilegal. La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) ha recurrido ya esta decisión.
La SEP inició este procedimiento judicial alegando que se había vulnerado su derecho al honor. Esta sociedad alegó en la demanda que las organizaciones afirmaban en sus páginas web que los psiquiatras “son delincuentes, agresores sexuales, precursores de genocidios, responsables de la erosión de la educación y la justicia, incitadores a la drogadicción, narcotraficantes, practicantes fraudulentos o gestores de la violencia y del terrorismo”, según la sentencia consultada por elDiario.es.
“Violadores o patrocinadores del terrorismo internacional”
La organización denunciante sostuvo que estas manifestaciones “constituyen actos de difamación por atribuir hechos falsos y deshonrosos a la generalidad de los psiquiatras (promover el holocausto nazi, la discriminación racial o la drogodependencia entre menores) y vejatorios por difundir calificaciones insultantes y agraviantes (como calificarlos de violadores, patrocinadores del terrorismo internacional o propagadores de la drogodependencia)”. Por lo tanto, esta entidad defendió que estas acusaciones no pueden estar “amparadas por la libertad de expresión ni por el derecho de información”.
En noviembre de 2021 un juzgado sentenció que organizaciones demandadas habían cometido “una intromisión ilegítima” y habían “lesionado el derecho al honor de todos los psiquiatras miembros de la SEP”
En primera instancia, la Justicia estimó la argumentación de los psiquiatras españoles. En noviembre de 2021 un juzgado sentenció que organizaciones demandadas habían cometido “una intromisión ilegítima” y habían “lesionado el derecho al honor de todos los psiquiatras miembros” de la SEP. Esta decisión conllevó una condena que imponía la retirada de “todas las publicaciones lesivas del derecho al honor de los psiquiatras identificadas en la demanda”.
Citizens Commission on Human Rights y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España recurrieron el fallo. En febrero la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido sentencia y ha estimado el recurso de estas dos organizaciones. De esta forma se ha revocado la decisión primera instancia.
En el fallo más reciente se detallan los vínculos de estas organizaciones con la Iglesia de la Cienciología. La entidad norteamericana CCHR “fue creada en 1969” por la organización religiosa. En conversación con elDiario.es, Ivan Arjona, representante de la Iglesia de Scientology ante instituciones internacionales, explica que Citizens Commission on Human Rights es “una organización caritativa de vigilancia de la salud mental sin ánimo de lucro establecida por miembros de la Iglesia de Scientology y el psiquiatra Thomas Szasz”.
“Con sede en Los Angeles, California, CCHR Internacional dirige una red de defensa de los Derechos Humanos mundial de unas 200 filiales (afiliados sin dependencia financiera ni jerárquica) en 34 países. Los comisionados de la CCHR incluyen médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, legisladores, funcionarios públicos, educadores y representantes de derechos civiles. CCHR Internacional también alberga un museo que presenta la historia que dio forma a siglos de brutalidad en el campo de la psiquiatría”, detalla Arjona. elDiario.es también ha intentado recabar la versión de la SEP, pero la sociedad no ha querido comentar este caso.
Entidad de utilidad pública reconocida por el Ministerio del Interior
Su filial en nuestro país es la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España. Esta entidad tiene reconocida su utilidad pública desde el 2 de diciembre de 2009. Esta denominación le concede varios derechos, entre ellos, “exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas”, así como “beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas”.
La SEP ya se quejó ante el Ministerio del Interior por este reconocimiento en 2011. En ese momento, la sociedad que aglutina a psiquiatras españoles remitió “una solicitud, firmada también por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, para que reconsiderase el carácter de utilidad pública que ostentaba la entidad demandada”, según expuso la parte demandada y así figura en la sentencia.
La filial española de la organización promovida por la Cienciología trató de detallar su independencia de la rama internacional en el proceso judicial. La asociación registrada en nuestro país aseguró que “no recibe órdenes ni instrucciones” de la organización norteamericana. De hecho, señalan que la entidad originaria de Estados Unidos es la que “ha producido y editado la práctica totalidad del material al que se hace referencia en la demanda”, esa documentación ya traducida se “pone a disposición” del resto de delegaciones, a pesar de que CCHR mantenga “su condición de editora y responsable de las publicaciones”.
Denuncia por los folletos publicados en las webs
Esos materiales son los que han centrado gran parte del conflicto judicial. La SEP denunció varios de los folletos y artículos que la asociación española había publicado en su página web. A ese material, añadió una serie de documentales, entre ellos, algunos titulados “la psiquiatría, una industria de la muerte”; “el reino de terror de la psiquiatría” o “el marketing de la locura, ¿estamos todos locos?”.
En primera instancia, el juzgado estimó la demanda de la sociedad de psiquiatría. La magistrada consideró que en este caso primaba el derecho al honor de la denunciante sobre la libertad de expresión y de información. En esta línea, la jueza sostuvo que las asociaciones demandadas, “lejos de reflejar una opinión”, “escarnecen y humillan a los miembros de la demandante al atribuirles directamente la comisión de actos criminales y una intencionalidad de engaño hacia sus pacientes”, según detalla la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid.
La magistrada de primera instancia señaló que las acusaciones denunciadas carecían “de respaldo probatorio” y reprochó que en ellas se utilizasen “calificativos delictuales, epítetos deshonrosos o imágenes escalofriantes”. Por lo tanto, concluyó que la finalidad de estas publicaciones no era “la de exponer un punto de disenso y ejercer el derecho a la crítica sino el de ultrajar y difamar a los psiquiatras como médicos especialistas”.
“La psiquiatría, historia de un fracaso”
En febrero la Audiencia Provincial revocó esta decisión. Los magistrados se han limitado a analizar una serie de artículos, únicamente aquellos en los que no estaba vigente la caducidad de cuatro años amparada por la protección al honor. Así se titulan algunas de esas publicaciones: “el psicópata: el causante de la locura y por ello el único loco”, “nuestro mundo atrapado en las drogas” o “la psiquiatría historia de un fracaso”.
En ellos se expone, según detalla la sentencia, “que la psiquiatría es una pseudo-ciencia que no logra curar las enfermedades mentales y que con sus tratamientos, muchas veces impuestos sin contar con la voluntad de los interesados, se perjudica gravemente a las personas, se hace un símil entre el psiquiatra y el psicópata en cuanto considera que ambos perjudican a las personas”.
Cargan, además, contra estos profesionales reseñando que los psiquiatras “están muy bien pagados por las farmacéuticas”. Asimismo, afirman que esta práctica “es probablemente la fuerza más destructiva que ha afectado a la sociedad en los últimos 60 años”. En otra publicación analizada por los magistrados se reseña que estos profesionales “se han asegurado de engañar a más y más personas que no tienen problemas mentales graves e incluso a personas sin problema alguno”.
“Términos duros y ácidos”
Examinando cada una de las publicaciones, los magistrados detallan por qué consideran que prima el derecho a la libertad de expresión. Si bien destacan que “algunas de las frases o expresiones que se señalan como ofensivas podrían dar a entender que en la conducta de los psiquiatras prima el lucro económico sobre el fin curativo y terapéutico”, la Audiencia considera que no pueden aceptar “que el derecho al honor deba prevalecer cuando se enfrentan al derecho a la libertad de expresión en el campo de la salud”.
Los magistrados concluyen que, a pesar de que se han utilizado “términos duros y ácidos” –llegando a reconocer en algún caso expresiones “vejatorias”– , “todo ello se enmarca dentro de la crítica sobre los trastornos sociales en todos los campos de la vida que, a juicio del autor de la publicación, producen los fármacos”.
La sentencia también recoge las conclusiones de los jueces sobre la “revisión de determinados hechos” que realiza la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos. En este punto, el tribunal afirma tajantemente que “las supuestas ofensas provienen de una afirmación que no admite discusión”. “Se siguen practicando internamientos forzosos e involuntarios y prescribiendo tratamientos sin contar con el consentimiento de los pacientes”, concluyen los magistrados.
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