No tener hogar dificulta el acceso de las personas a la asistencia sanitaria en España
Aunque no se dispone de datos exactos, se calcula que entre 35.000 y 40.000 personas viven en la calle en España. A esta cifra hay que sumarle otros tres millones de familias que sobreviven sin hogar, pero bajo el techo de viviendas indignas o infraviviendas. Se encuentran en riesgo de exclusión social, aunque no duermen en la calle entre cartones, bajo los soportales o dentro de un cajero automático. Son personas sin hogar que pasan su día a día en viviendas ocupadas, asentamientos o chabolas.
Estos datos han sido presentados este martes a través del informe de Cáritas que da inicio a la campaña “Nadie sin salud. Nadie sin hogar” y que denuncia las dificultades de las personas sin ingresos fijos para procurarse una alimentación sana, socializarse, acudir a los centros médicos cuando surgen síntomas de una enfermedad o comprar medicinas. Todos ellos son factores que van minando el estado de la salud física y mental, y así lo demuestran las dos décadas de diferencia en la esperanza de vida que separa a las personas sin hogar del resto de la población.
Vivir en condiciones indignas enferma y agrava la enfermedad. Una situación de vulnerabilidad que se empeora con los obstáculos que enfrentan las personas sin hogar para acceder a la salud, un derecho fundamental que ha dejado de ser universal en España tras la entrada en vigor de la reforma sanitaria hace más de un año. “Que alguien se vea obligado a vivir en la calle es el reflejo de una sociedad excluyente y enferma, en la que las personas tienen dificultades para acceder al derecho a la salud”, ha denunciado este martes Julia Almansa, de la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar (FEPSH).
Enfermedades sin diagnóstico ni tratamiento
Rosalía Portela, presidenta de la Federación de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados (FACIAM), se ha referido a la retirada del documento de atención primaria que permitía que personas en situación irregular “fueran atendidas dignamente”, con especial incidencia en el caso de la Comunidad de Madrid. Según el infome, en la capital el 44% de las personas sin hogar no dispone de tarjeta sanitaria porque hay requisitos que no cumplen quienes viven en la calle, como tener un certificado de residencia o empadronamiento.
Como denuncia Sonia Olea, representante de Cáritas, la reforma sanitaria ha convertido la salud “en un beneficio y no en un derecho”, lo que obstruye el acceso a los servicios sanitarios de estos colectivos, tratados en los hospitales “como problemas y no como pacientes”.
El derecho a la salud definido por la OMS como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” no está garantizado, por tanto, para estas personas, que tampoco disfrutan de derechos básicos como el acceso a la vivienda, al trabajo, a una pensión o a los servicios sanitarios. Invisibles y condenados a la marginación, dejan de vivir en condición de ciudadanos para sobrevivir en una sociedad que no le permite ni la integración ni el desarrollo digno como personas.
Sus penosas condiciones de vida, además, les convierte en propensos a desarrollar enfermedades o cronificar las que ya existen. “Al ocupar las posiciones sociales más desfavorables, estas personas están social e individualmente expuestas a adoptar estilos de vida con mayores riesgos para la salud que aquellos que tienen mejores condiciones y, por extensión, que ocupan posiciones más favorables”, explica el informe.
La falta de relaciones afectivas es uno de los múltiples motivos que pueden provocar la enfermedad mental. Muchas veces son transtornos depresivos no diagnosticados que, aunque tienen cura, se convierten en crónicos si las personas sin hogar no disponen de acceso a la medicación adecuada. Otros problemas están relacionados con las adicciones a las drogas, especialmente con el alcoholismo. Ante la complejidad de estas patologías, agravadas por la ausencia de bienestar mental, social y físico, Cáritas reclama una acción más comprometida por parte de las administraciones públicas, que contemple una intervención integral, de acompañamiento en calle y de coordinación entre servicios sociales y médicos.
