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Las víctimas de la dictadura, tras la decisión del Supremo: “Los Franco tienen suerte: ellos saben dónde están sus muertos”

Concentración de familiares de víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas frente a la sede del Tribunal Supremo.

Belén Remacha / Natalia Chientaroli

“Se te revuelve todo otra vez”. Eso es lo que ha sentido Eugenia Castillo, hija del único niño preso del campo de concentración de Arnao (Asturias) y sobrina de dos hombres fusilados en 1948 en la playa de La Franca, al ver la noticia sobre la decisión del Tribunal Supremo de exhumar el cadáver del dictador Francisco Franco y enterrarlo en el cementerio de Mingorrubio, en el barrio de El Pardo de Madrid.

El padre de Eugenia, José, a sus 92 años, todavía vive, pero “ya no se entera de estas cosas. Esto llega tarde. Quedamos los familiares, y poquitos”. Ella compara cómo “a los nuestros los enterraron en el monte. Y eso con suerte. Muchos otros siguen en cunetas. Y la persona que dirigió toda aquella masacre de gente inocente estaba hasta ahora en un lugar de culto y exaltación. No puede ser esa diferencia tan grande”.

“Mi abuelo Avelino nunca pudo llevar flores a su tío, fusilado en una saca después de estar escondido. Y murió sin saber dónde estaba. Sus hijos y sus nietos siguen sin poder llevarle flores”, cuenta Emilia, que destaca que el dictador podrá reposar en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio. “Los Franco tienen suerte: ellos saben dónde están sus muertos”, ironiza. En su familia se vivió con dolor esa falta de certezas. “Sabemos que fue asesinado en algún punto del Montearenas (León) pero no sabemos mucho más. Mi abuelo siempre que me llevaba en el coche a Ponferrada decía: ‘Por aquí debe estar’.

También en una zanja de la provincia de León fue ejecutado el padre de Floreal Mateos en 1936. Él tenía 9 meses; ahora tiene 84 años, y nunca le ha podido encontrar. “Se me caen las lágrimas de rabia”, dice al teléfono. “Todo mi apoyo a que trasladen a ese asesino. Yo no le llamo por su nombre, yo le llamo dictador o criminal de guerra. Que lo saquen, y lo lleven donde nadie pueda saber dónde está”, asegura.

Eugenia Castillo insiste en esa idea: “Hay que enterrarlo en un sitio normal. Enterrarlo y olvidarle. Que su familia lo vaya a ver si quiere, pero que no vuelvan a convertir nada en un lugar de peregrinación”.

“Exhumarlo sí, pero no enterrarlo en un sitio público”,

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica es uno de los colectivos que desde hace años reclama que los restos de Francisco Franco sean retirados del Valle de los Caídos. Su presidente, Emilio Silva, se muestra satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo de avalar la exhumación del dictador. Con lo que no está de acuerdo es con que se le vaya a enterrar en el cementerio de Mingorrubio. “Nos parece absurdo que el Gobierno pretenda enterrarlo en un lugar de propiedad pública. Llevamos tiempo defendiendo que no se puede sostener con fondos públicos la tumba de un dictador. Es un signo de debilidad democrática”, defiende Silva.

“No tiene sentido que las víctimas paguen la tumba del causante de esta violencia. Esto no ocurre en otros países en los que ha habido dictaduras: ni en Portugal, ni en Italia ni en Argentina el Estado tiene que hacerse cargo. Son las familias de esos dictadores los que deben pagar ese enterramiento”, asegura.

Silva también ha mencionado las obras que ha realizado Patrimonio Nacional –a quien pertenecía el panteón de Mingorrubio, que ahora se ha cedido a la familia Franco. “Bienvenida la decisión de sacarlo del Valle de los Caídos. Pero que esto corra a cargo de un Estado que en 15 meses no ha dedicado ni un euro a identificar a desaparecidos no puede parecernos bien. Seguiremos peleando por eso”.

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