La Guardia Civil suspende al agente de 'La Manada' por la denuncia de abuso sexual de Pozoblanco, aunque seguirá cobrando
El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa ha publicado este viernes la “suspensión en funciones” del guardia civil de 'La Manada', Antonio Manuel Guerrero Escudero, que hasta ahora se encontraba “en situación de activo y encuadrado a efectos de régimen interior en la comandancia de Córdoba”, recoge esta publicación oficial. Según explican fuentes del Instituto Armado, han tomado esta decisión por la segunda causa judicial que tiene abierta Guerrero por una denuncia de abuso sexual en Pozoblanco. Con esta nueva situación laboral, mantiene su salario básico, que oscila alrededor de 700 euros.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta localidad andaluza dictó en septiembre un auto de procesamiento contra cuatro miembros de 'La Manada', entre los que se encuentra Guerrero, por la agresión sexual denunciada por una joven de 21 años a la que conocieron en la Feria de Torrecampo (Córdoba) y que presuntamente sucedieron en mayo de 2016.
Según apuntan en el boletín castrense, esta decisión fue tomada el 5 de diciembre y está en vigor desde el día 10 de ese mes aplicando lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 29/2014, de 28 de noviembre, de régimen del personal de la Guardia Civil.
Este artículo recoge que esta medida “se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave”. Asimismo, esta normativa plantea que Guerrero podrá permanecer seis meses en esta situación y que durante este periodo temporal “permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón”.
Este cese de funciones le otorga el “derecho a percibir el 100 por cien de las retribuciones básicas”, una cantidad que oscila alrededor de los 700 euros. Con esta medida pierde el derecho a cobrar los complementos estipulados. Desde la Guardia Civil explican que ya le cesaron de sus funciones cuando estuvo en prisión preventiva por los abusos sexuales cometidos en Sanfermines de 2016 y por los que han sido condenados a nueve años de cárcel por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.
En julio, desde el Ministerio anunciaron su reincorporación al servicio “por imperativo legal” pero aseguraron que, igual que realizaron con el militar, “no le asignarían destino”. Cuando tomaron esa decisión informaron que en el caso de Guerrero se seguía “aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio en 2016 por el director de este cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme”.
Sin embargo, después de que el juzgado de Pozoblanco haya dictado auto de procesamiento, la Guardia Civil ha tomado la decisión de suspenderle de funciones por estos nuevos hechos.
El fallo sobre los hechos sucedidos en Sanfermines todavía no es firme, ya que todas las partes han anunciado que lo recurrirán ante el Supremo tras la ratificación de la condena de nueve años por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
