Insomnio, estrés y uso de equipos propios: los docentes exigen una regulación del trabajo a distancia ante posibles confinamientos

Insomnio, estrés. Disponibilidad (casi) absoluta para atender problemas. Utilización para trabajar de equipos informáticos personales y, en ocasiones, gasto en material para la teledocencia. Maestros y profesores han navegado el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y la enseñanza a distancia como mejor han podido, y lo han hecho sin mayores quejas por lo excepcional de la situación y el poco tiempo que hubo para prepararse.

“Era una situación especial por el estado de alarma, de un día para otro dejamos de tener un tipo de enseñanza y hubo que elaborar materiales que no estaban preparados. Adaptarse. El profesorado ha metido una cantidad de horas impresionante, pero no se puede estar tirando permanentemente de la buena voluntad de los docentes” si la evolución de la pandemia obliga a impartir de nuevo clases a distancia (o si, directamente, las comunidades plantean que algunas asignaturas se realicen online para intentar separar a los alumnos y mantener la distancia de seguridad), opina José Ramón Merino, responsable de política educativa del sindicato STES. El clamor recorre los cuerpos docentes, desde Infantil hasta la Universidad: un 96% del profesorado exige que se regule el teletrabajo, según un estudio de UGT.

Porque actualmente no existe una normativa específica que establezca las condiciones laborales y materiales en las que debe desempeñarse el colectivo. “Es imprescindible una ley reguladora del trabajo a distancia en la que se establezcan las condiciones, riesgos y garantías que debe tener el teletrabajo (dadas las carencias que han quedado a la vista durante la crisis de la Covid-19)”, exige un informe reciente de CCOO sobre la materia.

El Ministerio de Trabajo está preparando un borrador de proyecto de ley que quiere llevar al Congreso cuanto antes, pero no está claro que vaya a cubrir a los docentes, al menos no a los funcionarios: el proyecto habla de “empresas” y no se refiere a la administración. Función Pública, explican fuentes del ministerio, ha anunciado un proyecto, pero poco más se sabe en este momento. Dicho de otra manera: todo indica que llegaremos a septiembre sin ley de teletrabajo para los docentes.

La situación puede acabar generando un problema, advierten los sindicatos. Muchos profesores han manifestado que no están dispuestos a costear de su bolsillo una posible vuelta a la educación a distancia, como ha sucedido hasta ahora. “Igual que en la situación normal tenemos fijadas las horas de clase o de atención al alumnado, debe estarlo para esa posible eventualidad”, explica José Ramón Merino, responsable de política educativa del sindicato STES. “Horarios, condiciones de salud (ha habido muchos problemas de cervicales), espacios de trabajo y equipamientos serían otras cuestiones básicas que habría que regular”, añade. ¿Y si no pasa o, mejor dicho, cuando no pase, al menos a tiempo para el principio de curso? “Nos planteamos que el principio de curso puede ser problemático. Hay otros sindicatos que ya tienen convocadas huelgas para la vuelta. Es por otras cuestiones, pero esto puede añadir malestar entre los docentes”, responde.

Los efectos sobre la salud

Diversos informes realizados por los sindicatos educativos durante el confinamiento han señalado las consecuencias que trabajar desde casa han tenido para los profesores. Una encuesta de la Unión Sindical Obrera (USO) contaba que el 86,9% de los docentes ha utilizado herramientas tecnológicas propias para realizar su trabajo, con el consiguiente incremento en sus gastos habituales. Casi la mitad de ellos (40,7%) han tenido que comprar nuevos equipos y accesorios informáticos, además de ampliar sus contratos de internet. El estudio de UGT añade que casi siete de cada diez docentes (69%) afirma que ha trabajado más horas de la que les correspondía, que calculan en dos horas extras al día.

Eso en cuanto a las condiciones laborales. Respecto a la afectación sobre la salud de los docentes, USO, en unos datos que son consistentes con otros informes como el de UGT, revela que el 71% de los profesores ha mostrado de manera habitual ansiedad, irritabilidad y nerviosismo; la mitad (54%) manifestaban una preocupación “excesiva” ante la situación y un porcentaje similar declaraba no haber sido capaz de encontrar momentos para el ocio y el descanso: aunque no estuvieran estrictamente trabajando, la posibilidad de que entrara un email de un alumno en apuros en cualquier momento planteaba jornadas de casi 24 horas.

“En estas circunstancias, cada correo había que cuidarlo mucho. Porque en directo una sonrisa, un gesto, suavizan mucho. Pero por escrito hay que extremar la calidez del contacto. Cada email lleva su rato, no es solo poner tarea o corregir. Hay que tener las puertas abiertas siempre”, explicaba Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en un centro de Madrid.

150 millones para dar un ordenador a cada docente

Un reciente informe de CCOO que analiza la situación del teletrabajo en el ámbito educativo calcula que para dotar de un ordenador a cada docente –requisito mínimo imprescindible del que partir para regular la enseñanza a distancia, según el sindicato– haría falta una inversión de, al menos, 119.503.184 euros. Además, añade el sindicato, las administraciones educativas deben hacer una renovación de los equipos informáticos ya existentes, lo que supondría una partida adicional de, al menos, 26.556.263 euros.

Pero los ordenadores solo son la punta del iceberg para CCOO. El sindicato explica que también harían falta: una plataforma educativa uniforme, segura y estable (nube educativa), que permita la conexión de un número elevado de estudiantes y profesorado durante periodos de tiempo dilatados (una cuestión no tan menor según dónde: Educamadrid, la plataforma que utiliza la Comunidad de Madrid, colapsó en los primeros días de confinamiento para desesperación de los profesores, que no podía ni acceder a sus correos electrónicos); una conexión adecuada y suficiente para realizar la labor profesional; la formación didáctica, metodológica y digital para impartir la docencia en entornos digitales; formación específica en salud laboral, riesgos psicosociales y ergonómicos; y un proyecto pedagógico flexible son las líneas rojas que marca CCOO de cara a una regulación.

Merino, de STES, coincide y resume: “Tenemos los suficientes elementos propios en la profesión como para tener una normativa propia”.

Además, los profesores exigen que se aborde una de las cuestiones que consideran fundamentales: la separación de los tiempos de trabajo y de ocio y el derecho a la desconexión digital. “La nueva realidad que se ha impuesto en entornos digitales ha difuminado los tiempos educativos, bien estructurados en un horario de atención presencial”, explican en CCOO. “Aspectos como atender consultas fuera del horario, cuando se realiza atención a otros cursos, la acción tutorial, la atención a familias, etc., no pueden generalizarse bajo la premisa de la inmediatez, que es uno de los rasgos característicos del mundo digital”, argumenta el sindicato.

En este sentido, recuerdan los expertos, tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018 como el Real Decreto-Ley 8/2019 refieren el derecho a la llamada “desconexión digital” de los trabajadores. “Las administraciones educativas y la representación de las y los trabajadores deben establecer unas normas sobre el uso de las tecnologías de la comunicación que garanticen el derecho al descanso y las vacaciones”, sostiene CCOO, que propone que se establezcan periodos de descanso obligatorios para los profesores.

Un último aspecto que preocupa a los docentes, y para el que no han tenido apenas respuestas, es la protección de datos, una cuestión especialmente sensible al tratarse de menores. Al trabajar desde casa con sus redes domésticas y con plataformas a veces distintas de las oficiales porque estas no funcionaban, muchos profesores han tenido dudas respecto a posibles incumplimientos de las leyes.

Diego Redondo, director de un centro de Educación para adultos, explicaba indignado las consignas que había emitido al respecto la Delegación de Protección de Datos acerca del uso de redes domésticas para trabajar: “Si los profesores deciden utilizar su red personal para uso profesional [poca capacidad de elección tuvieron] deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para no poner en riesgo la seguridad de datos de terceras personas (...), porque si tratan los datos sin estas precauciones se convierten en los únicos responsables del uso inadecuado de los mismos. Si no desean o desconocen cómo debe aplicar dichas medidas deben abstenerse de utilizar la red personal con fines profesionales”, respondía la Delegación a una consulta.

Para los profesores, esta instrucción, dada en Madrid, es el equivalente digital a responsabilizar a los directores de los centros de los planes de higiene y seguridad, como se ha hecho en muchas regiones. “Es reírse en la cara de los docentes”, zanjaba un profesor madrileño.