La COVID-19 confirma años de avisos de la marea blanca: “No es cuestión de tener razón sino de que se actúe”

La pandemia de COVID-19 les ha dado la razón, pero eso no les satisface mucho: “Llevamos ocho años, no es cuestión de tener razón sino de que se actúe”, explica Carmen Esbrí, la coordinadora estatal de mareas blancas. Ahora que cada lunes a las 20.30 la plataforma Sanitarios Necesarios convoca concentraciones frente a centros de salud y hospitales “para que los aplausos se conviertan en algo real”, los veteranos de la Marea Blanca avisan de que “hay que tener mucho cuidado. No es el momento de llamar a aglomeraciones”.  

Estas citas han evocado de manera casi automática la marea que aglutinó a sanitarios y ciudadanos con la chispa del plan privatizador masivo diseñado por el Gobierno de Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty en la Comunidad de Madrid. Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, recuerda que en 2012 ya empezaron a advertir del deterioro del sistema a base de recortes presupuestarios y privatización. “La COVID-19 ha sido un golpe que ha generado mucho dolor y que, con un sistema más fuerte, habría sido menor”.

Los recortes ejercidos por los gobiernos autonómicos y central, entre 2009 y 2013, fueron de unos 9.000 millones. Un 12% de los recursos, según el Sistema de Cuentas de la Salud. Una caída así era muy difícil que no tuviera consecuencias palpables en la atención de los pacientes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al explicar el pasado domingo cómo se iban a destinar los fondos transferidos a las comunidades autónomas para amortiguar el golpe de la pandemia, aseguraba: “Hemos comprobado también las heridas que dejaron los recortes practicados en fechas recientes, que ya nadie puede negar a la vista de los acontecimientos”.

Las heridas se tradujeron en 12.180 empleos sanitarios menos o una caída de 7.330 camas de hospital, según los recuentos del Ministerio de Sanidad. Algunas parcelas no han remontado, como la Atención Primaria, que en 2018 recibía todavía menos fondos que los asignados en 2009. “Hemos comprendido, de una vez para siempre, que ninguna coyuntura económica ni tampoco circunstancia política pueden justificar el maltrato a nuestro servicio público de salud. Porque eso equivale a hacernos más débiles y frágiles, como hemos visto durante estas semanas tan difíciles”, resumió Sánchez.

“100% pública”

Durante esos ocho años, cada mes, las mareas blancas se han reunido en la calles para recordar y protestar por el deterioro. Solo han parado cuando la COVID-19 irrumpió. Así que Esbrí admite que “las reivindicaciones [de Sanitarios Necesarios] son defendibles”. De hecho, al revisarse, coinciden casi al pie de la letra.

El manifiesto de la Mesa por la Sanidad Pública-Marea Blanca pide “una sanidad 100% pública, universal y de calidad”. Por su parte, Laura Castillo, enfermera en el hospital 12 de Octubre (Madrid), recordaba que las concentraciones de los lunes reivindican “una ley que blinde la sanidad: que no consienta privatizaciones ni recortes, que mejore las condiciones laborales, que garantice que todos los servicios ahora externalizados vuelvan a ser públicos”. Esbrí subraya que ellos siempre han pretendido “parar la privatización sanitaria y eso, de momento, no lo estamos viendo”. Ideas casi idénticas.

Lo cierto es que los recortes de presupuesto público para la sanidad fueron acompañados de un auge del sector privado. El 25% de los ingresos de las clínicas privadas provienen de algún tipo de relación con el sector público, según explica la Fundación Idis (un lobby de la sanidad privada). Solo en concesiones para gestionar servicios, la inyección de dinero público a grupos privados pasó de 586 millones de euros en 2009 a 859 millones en 2012. 

Precisamente este 8 de junio, las mareas (que se agruparon en una plataforma estatal en 2016 con activistas de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Euskadi, Catalunya, Aragón, La Rioja, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana) han subrayado la “ineficacia” que, a su juicio, ha evidenciado “la llamada colaboración público-privada” a la hora de afrontar las necesidades impuestas por la COVID-19: desde el material para los sanitarios a la atención socio-sanitaria en las residencias de mayores. Sin embargo, Carmen Esbrí precisa que “que para salir en masa hay que esperar y ser coherentes y tener inteligencia porque, si no, todo lo que hemos hecho hasta ahora no habrá valido de nada”. Se muestra cautelosa porque, en su experiencia, los grupos grandes terminan por hacerse poco controlables. “Y lo primero es respetar la salud”.