Llevan a Fiscalía la gestión de residencias gallegas con muertes y contagios

La Federación gallega de asociaciones de usuarios y familiares de residencias y centros de dependencia REDE ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía Superior de Galicia contra los propietarios, gestores y directores de los 42 geriátricos de la comunidad en los se contabilizan muertes y contagios por Covid-19.

Una de esas denuncias va dirigida específicamente contra la directora ejecutiva de DomusVi España, Josefina Fernández, y contra la totalidad de directivos de este grupo “que tuvieran que ver, por acción u omisión, en cualquier decisión” que pudiera haber desembocado en dichos contagios y muertes.

En ambas, REDE sostiene que “muchos contagios” por coronavirus en las residencias “se podrían haber evitado” de haberse aplicado medidas profilácticas e higiénicas “conocidas y recomendadas desde el primer momento”.

Abunda en que “el más elemental sentido común” aconseja que en las residencias, al ser “los lugares más sensibles de todos los escenarios posibles” en una pandemia como la actual, “se deberían extremar las precauciones”, cosa que en estas 42 residencias asegura que no se hizo.

Como, por ejemplo, desinfecciones, limpiezas “adecuadas”, la adopción de “medidas recomendadas por Sanidad” o el refuerzo del personal de atención directa.

REDE afirma que aún hoy se dan en residencias gallegas las condiciones para “facilitar la aparición y propagación del virus”, porque aun después de confirmarse contagios “en muchas” de ellas no se adoptaron medidas preventivas, higiénicas ni profilácticas ni se cubrieron las ratios exigidas de trabajadores.

En sus dos denuncias, REDE solicita a la Fiscalía de Galicia que envíe a la policía judicial a estas residencias para que compruebe que se cumplen las condiciones establecidas en diversas órdenes de protección específicas para estos centros y de otras también de aplicación en este caso.

Pide que se constate cuántas personas trabajan en las mismas y si cumplían hace un mes, antes de la declaración del estado de alarma, las ratios mínimas que la legislación exige, y con qué medidas profilácticas e higiénico preventivas contaba entonces, y cuenta ahora, el personal, así como las medidas de aislamiento aplicadas.

REDE demanda de la investigación que lleve a cabo Fiscalía que se recaben pruebas que permitan en su momento dilucidar si se ha incurrido en un ilícito penal, incluidos los libros de reclamaciones y las denuncias presentadas contra ellas en el último año y medio.

Recuerda que en los últimos meses varias han sido denunciadas ante el servicio de Inspección de Mayores y Discapacitados por familiares de residentes por presunto abandono, negligencia, maltrato institucional e incumplimiento de las ratios permitidas.

También pide que se tome declaración a trabajadores y familiares de residentes de todos estos centros para dilucidar si los hechos relatados son constitutivos de los delitos de omisión de socorro, abandono de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección, homicidio por imprudencia y lesiones.

Sostiene la Federación gallega de usuarios y familiares de residencias que estas actuaciones se deben llevar a cabo ahora, cuando se puede constatar los hechos que denuncian de una manera “más fiable y fidedigna” que dentro de, por ejemplo, seis meses.