La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, respalda la ley del 'solo sí es sí': “Es una buena ley y protege a las mujeres”

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este viernes que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí es “una buena ley”, “garantista” y que “protege a las mujeres”. Lo ha hecho en una de sus primeras intervenciones como titular de la cartera, que asumió este pasado martes, durante la reunión celebrada en Pamplona en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea con el resto de responsables de igualdad de los Estados miembro y a las puertas del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista.

Redondo ha hecho hincapié en que la norma es “una buena ley” porque “pone el foco en el consentimiento y les dice a las mujeres 'estáis a salvo, solo sí es sí'. La ministra ha justificado que el texto, impulsado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ”tuvo que ser retocado porque la técnica legislativa es a veces fastidiada“, en referencia a la reforma que el PSOE sacó adelante en las Cortes con el apoyo del PP y el voto en contra de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, para modificar la parte penal tras varios meses de desgaste político por la acumulación de rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales.

La nueva titular de Igualdad ha recordado que la norma fue la traducción política y legislativa del clamor feminista que recorrió España tras la primera sentencia de 'La Manada', que condenó a los cinco hombres por abuso sexual y no por agresión en un fallo que luego fue corregido por el Tribunal Supremo.

“Es una ley de abajo a arriba, que surge en la calle por un acontecimiento dramático y absolutamente reprobable, pero que dio lugar a una ola feminista de indignación en todos los rincones de España que afloró en una ley”, ha afirmado la ministra ante los periodistas.

Redondo ha calificado la norma de “garantista” y ha puntualizado que “protege a las mujeres”, por lo que ahora “lo que hay que hacer es implementarla y ser conscientes de que necesitamos todavía más recursos y esfuerzos para que la legislación llegue a todas”. Entre otras cosas, la ley obliga a la creación de un centro 24 horas de atención integral a víctimas de violencia sexual en cada provincia, cuyo plazo para implementarse ha tenido que ser ampliado un año más porque a día de hoy solo funcionan cuatro de los 52, según ha denunciado Amnistía Internacional.

España, “a la avanzadilla”

La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, también presente en la reunión, ha asegurado en la comparecencia ante los medios que “está claro” que España “va a la avanzadilla” en lo que respecta a políticas de igualdad, pero “tenemos que hacer más porque no todos los estados miembro son como España”. Así, ha secundado promover “el sí es sí”, para lo que ha asegurado estar “intentando convencer a todos los estados miembro para que sigan los pasos de España” y se pueda “llegar a un acuerdo” en este sentido sobre la directiva europea contra la violencia de género, actualmente en fase de negociación.

Por su parte, la ministra también ha querido poner el foco en que, aunque “queda muchísimo por hacer”, en España “tenemos elementos” y una “buena legislación” que “ha prometido ”seguir implementando“ pero que ”los jueces deben aplicar, no tienen margen de maniobra“. ”Es evidente eso en un estado de derecho, los jueces interpretan la norma, pero la aplican. Están sometidos al imperio de la ley“, ha afirmado con la intención de ”trasladar un mensaje de garantía a las mujeres“.

La ley del solo sí es sí incorpora un abanico de medidas integrales de prevención, atención y reparación de las víctimas de delitos sexuales, pero la parte penal del texto centró todas las miradas tras las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales. En un contexto de enorme alarma social ante lo que el Gobierno llamó “efectos indeseados” de la ley y tras semanas de infructuosas negociaciones entre Igualdad y Justicia, los socialistas decidieron presentar en solitario una reforma que, si bien no retoma el término abuso, gradúa las penas en dos escalones en función de su hubo violencia o intimidación.