La ONU critica la proliferación en España de “clubes sociales de cannabis”
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ve con “preocupación” la proliferación en España de “clubes sociales de cannabis” y alienta al Gobierno central a tomar “todas las medidas prácticas” para detener su propagación.
Esto se recoge en el Informe 2016 de este órgano de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, y que se ha difundido este jueves.
La JIFE recuerda que estos clubes cannábicos han aparecido en diversas autonomías donde utilizan la normativa que permite el derecho de asociación.
Según el informe, el País Vasco es la única comunidad autónoma que tiene un registro específico de clubes cannábicos, mientras que en las demás aparecen simplemente dentro del registro de asociaciones.
“El Gobierno no ha apoyado ninguna iniciativa para regular ni autorizar esos clubes”, recuerda la JIFE, recordando que estas asociaciones son contrarias a la Convención de 1961 que limita el uso del cannabis solo para fines médicos y científicos, y no recreativos, tal como es el consumo en estas asociaciones. Lo que sí ha hecho es endurecer las multas por cultivo en casa si la planta es “visible”, a través de la ley mordaza,
“La Junta ha mantenido un diálogo constante y activo sobre esta cuestión con las autoridades de España” y toma nota de las medidas adoptadas para “detener la propagación de los clubes sociales de cannabis”.
Entre esas medidas cita “la denegación de la autorización para inscribirse en el registro de asociaciones y la remisión de las solicitudes de inscripción a las autoridades fiscales”. “Otra medida ha sido plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por las comunidades autónomas para la creación de esos clubes”, indica el informe.
Sin embargo, el Supremo validó en una sentencia los pequeños clubes de cannabis, señalando que el cultivo compartido destinado a consumo exclusivo de los miembros “a escala reducida” puede carecer de relevancia penal.
“El Gobierno ha afirmado que uno de los principales retos que sigue afrontando es la elevada prevalencia del uso de cannabis en algún momento de la vida, que según la información disponible se sitúa por encima del 30 %”, señala el reporte.
