Un informe para la ONU suspende la política de igualdad y género de España

El verano termina con una escalada en los crímenes por violencia de género y con la propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de reformar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que cumple 10 años. Ya son 41 las mujeres asesinadas por hombres con los que habían tenido algún tipo de relación. Sin embargo, la Plataforma CEDAW Sombra España presenta hoy un informe en el que denuncia que los deberes en materia de igualdad y políticas de género no se han cumplido durante los últimos cuatro años. De hecho, el documento que será presentado ante las Naciones Unidas el próximo noviembre en Ginebra, muestra toda una serie de recortes en presupuestos y en instituciones, además de una falta de evaluación de los organismos especializados en la violencia de género.

“La ministra Mato cuando habla de políticas de violencia de género solo se refiere a la atención e intervención con la víctima. Las políticas tienen que ser integrales. Abarcan a un gran número de profesionales, desde la educación y la prevención a la protección”, afirma Bárbara Tardón, portavoz de la Plataforma CEDAW Sombra España. Tardón contradice la versión del ministerio acerca de un aumento de las medidas contra la violencia de género: “Desde 2009, ha habido una reducción del 23% al presupuesto contra este tipo de violencia. Con menos recursos dudamos que se estén implementando los servicios”.

Más de 260 asociaciones de mujeres y ONG firman el denominado Informe Sombra 2008-2013, que analiza el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en 1979 por las Naciones Unidas y que España suscribió en 1984. “Se analizan muchos aspectos, no solo la violencia de género. Las áreas temáticas abarcan la educación, el empleo y los derechos económicos, la cultura, la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, entre otras”, explica Bárbara Tardón. El obligado respeto a lo ratificado en la Convención es analizado cada cuatro años por el Comité CEDAW, que recibe un informe de los respectivos Gobiernos. Además, la sociedad civil tiene la oportunidad de contrarrestar el análisis oficial con una evaluación propia, con un “informe sombra”.

A este objetivo responde el análisis de la Plataforma CEDAW Sombra España, que el país suspende. Y con mala nota. La revisión de las organizaciones sociales critican que no solo España no ha avanzado durante los últimos años, cumpliendo con las tareas que tenía pendientes, sino que ha desmantelado algunas de las estructuras que avanzaban hacia la igualdad de género.

El texto aborda varios aspectos que el informe del Gobierno omitió en su evaluación, enviada a la ONU hace un año. El Ejecutivo no incluía, por ejemplo, la desaparición de la oficina de la ONU Mujeres en Madrid, ni desarrollaba las implicaciones que tendrán para las mujeres varios proyectos normativos como la reforma del aborto y la reforma de la justicia universal, ni tampoco los recortes en los presupuestos destinados a programas de igualdad.

Según el informe Sombra, la tijera se ha llevado más de 70 millones de euros en la financiación autonómica destinados a políticas de Igualdad, un 32,5% de lo que se invertía en 2008. El recorte del Gobierno central asciende a un 49%. Además, la inacción política también evidencia una falta de prioridad: el pasado marzo el Ejecutivo aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, tras dos años sin ninguna estrategia, a pesar de tratarse de una obligación recogida en la Ley de Igualdad aprobada en 2007.

La víctima denuncia menos y recibe menos protección

La violencia machista, como una de las consecuencias más trágicas de la discriminación, ocupa una gran parte del informe. En un primer momento, las organizaciones sociales critican el reduccionismo del término “violencia de género”, que en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se entiende como aquella “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres” que “se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. De esta manera, “se ignoran otro tipo de violencia como la sexual o la mutilación genital femenina”, alerta Bárbara Tardón.

La plataforma denuncia una merma de la cantidad y calidad de los servicios especializados en la materia desde 2011. “En diciembre de 2011 se cerraron 9 de las 10 Oficinas de Atención a las Víctimas de delitos en Baleares”, un servicio que existía desde 1989, recoge a modo de ejemplo. “En junio 2012 se cerró la casa de acogida para mujeres en especiales dificultades en Málaga (Andalucía) y, al cierre de este informe, el centro de la mujer de Ciudad Real (Castilla-La Mancha) corre el riesgo de desaparecer, tras 30 años activo”, continúa el documento.

Los esfuerzos del Gobierno en materia de prevención tampoco son los suficientes para las ONG. “El presupuesto destinado a prevención es muy inferior a otros mucho menos prioritarios. En 2012 la inversión en campañas de reclutamiento del ejército duplicó a la de prevención de la violencia de género”, comparan.

A la asfixia presupuestaria hay que sumar problemas en la formación de los profesionales de la justicia, sobre los que alertó el Comité de la CEDAW en una condena histórica a España por negligencia en un caso de violencia de género. La hija de Ángela González fue asesinada por su padre (exmarido y maltratador de Ángela durante años), del que las autoridades españolas no vieron necesario alejarla, a pesar de las repetidas denuncias de la madre. “Es necesario que los jueces y las juezas, así como todo el personal que tiene contacto con la víctima en los procesos judiciales, tengan una formación específica de género porque si no, son incapaces de detectar ciertas conductas peligrosas”, dice Tardón.

El número de denuncias de las víctimas a sus agresores continúa bajando, pero también lo hacen las órdenes de protección. De las 41 mujeres asesinadas este año, solo 11 habían denunciado a sus maltratadores; y dos habían retirado la denuncia. En el momento de sus muertes, cinco de ellas habían contado con alguna medida de protección que había sido suprimida más tarde y en solo tres casos la medida estaba vigente.

Pérdida de derechos en distintas áreas

Mientras la Ley Integral contra la Violencia de Género merece una revisión, otras aún no han sido aprobadas. Es el caso de la demandada Ley Integral contra la Trata de Mujeres, para luchar contra el tráfico de personas en un país que es destino y lugar de paso entre África y Europa para las mafias. De hecho, España ha incumplido el plazo para la trasposición de una Directiva Europea al respecto. “Hay también un problema sobre cómo se aborda la trata de personas, desde la inmigración y la seguridad del Estado en lugar de desde una perpectiva de apoyo a la mujer”, opina Bárbara Tardón.

Las mujeres extranjeras son uno de los colectivos más vulnerables, en parte, gracias a algunas de las reformas legislativas del Gobierno. Las inmigrantes en situación irregular, que han perdido sus tarjetas sanitarias y el derechos a una atención sanitaria normalizada, no cuentan con uno de los principales mecanismos de detención del maltrato: las consultas de Atención Primaria. Además, la limitación de la justicia universal limitó también la acción de los tribunales respecto a las mafias de trata de personas.

La tarea de educar a las próximas generaciones no pinta mejor. La nueva ley de educación, la LOMCE “es otra clara vulneración de las responsabilidades adquiridas con la CEDAW” –expone Tardón– “No hay un programa específico sobre la igualdad entre hombres y mujeres y, además, fomenta la discriminación a través de la financiación pública de centros que segregan a sus alumnos por sexo”.

En el terreno laboral, la crisis y la reforma legal del Gobierno se han encargado de “reducir los derechos laborales y económicos de las mujeres”. “El paro y los trabajos temporales y a tiempo parcial afectan más contundentemente a las mujeres”, dice la portavoz de la Plataforma CEDAW Sombra España. Según el documento, el 72,5% de la personas con contrato a tiempo parcial son mujeres. En este sentido, España sigue sin ampliar a cuatro semanas el permiso de paternidad, contemplado en la Ley 9/2009, lo que contribuye a discriminar a las mujeres en su faceta de madres, según algunos colectivos.

Otros datos significativos: “En 2010 éramos el cuarto país europeo con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral (tras Luxemburgo, Malta y Chipre) y dedicamos al hogar unas 4,29 horas diarias por las 2,32 horas que le dedican los hombres”.

En esta telaraña en la que todas las políticas se relacionan, los recortes a la dependencia también influyen en la exclusión de las mujeres del mercado laboral. “Cuando hay necesidad de cuidar a algún familiar son ellas las que dejan sus trabajos o reducen sus jornadas, porque sus salarios suelen ser más bajos”, resume Tardón.

La discriminación que engraganan todas estas variables tendrá consecuencias en el futuro. “Pueden ser terribles. Vivir en una sociedad que discrimina genera siempre violencia. Las consecuencias de los recortes en las políticas públicas pueden ser desastrosas”, concluye Tardón.