El permiso de la familia Franco no es necesario para exhumar al dictador

La familia Franco no puede evitar la exhumación del dictador. Y el Estado, como responsable de la sepultura, solo está obligado a informar a sus descendientes por si estos desean reclamar el cuerpo embalsamado del militar golpista, según los expertos consultados por eldiario.es. Si el Gobierno sigue adelante, los Franco no tienen capacidad para negar la extracción y traslado de los restos.

“La familia no tiene opción, el cuerpo es propiedad del Estado”, señalan fuentes del Ministerio de Justicia. El cadáver está “sepultado en un cementerio público”, añaden, y la prueba es el documento por el que la propia Fundación Franco endosó al rey emérito el entierro de Franco en la mayor fosa común de España. Para el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, “sería muy triste” que una decisión con “trascendencia política para toda España” quedara al arbitrio de “unas personas físicas”, como ha dicho en el matinal 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser.

La Fundación Franco ha emitido un comunicado en el que señala que ha pedido a la Presidencia del Gobierno que se le “notifique” cualquier paso y “se le dé audiencia antes de dictarse las resoluciones” por considerarse como “parte interesada” en el proceso. En el futuro, y según evolucione el proceso, tanto los descendientes del dictador como la entidad fundacional estudiarán posibles acciones judiciales.

Este periódico ha preguntado sobre el caso tanto a la familia Franco, a la Fundación como a la nueva Dirección General de Memoria Histórica, sin obtener respuesta hasta el momento.

En plena vorágine en torno a la tumba de Franco, la sentencia que pide devolver los huesos del golpista Sanjurjo a Pamplona regala argumentos a la familia del dictador y a los nostálgicos del franquismo. El militar acabó enterrado con honores por Defensa en Melilla, pero ahora podría volver a Navarra. Pero los Franco, según los expertos, no tienen capacidad de decisión sobre la momia del máximo responsable de que España sea uno de los países del mundo con más fosas comunes y desaparecidos forzados.

La salida de Franco del Valle de los Caídos es inminente, según anunció Pedro Sánchez, que tiene el beneplácito de la Iglesia en el bolsillo. Queda ejecutar un trabajo que además será 'low cost'. Y polémico, con la Fundación Franco en plena campaña para salvar el mausoleo fascista de Cuelgamuros y desmintiendo al Gobierno: dice que no hay “contacto” con los familiares del dictador y que estos expresan una “evidente negativa” a la “exhumación de su abuelo”.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria piensa que sí deben “contar con su opinión” y que si los Franco están en contra “seguro que se va a judicializar” el proceso. El Gobierno debe tutelar la operación hasta el final para evitar que la nueva tumba se convierta en “un lugar de peregrinación” franquista contrario a la Ley de Memoria Histórica, apunta el también forense Juan Manuel Guijo.

El Gobierno puede exhumar “sin ningún problema”

“No es necesario” el permiso de la familia de Franco, entiende Jacinto Lara, abogado de la Querella Argentina y expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH). “El enterramiento está enclavado en una construcción cuya titularidad recae en Patrimonio Nacional y de acuerdo con sus facultades y competencias puede proceder a la exhumación sin ningún problema”, explica. Solo hace falta contactar con los Franco “a título informativo” y por si quieren recuperar el cadáver, subraya el jurista en conversación con este medio.

“El Estado es responsable, el que lo enterró y el que lo puede desenterrar”, resume el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Y la familia Franco poco tiene que decir: “es evidente que no se pueden negar” a que el dictador salga del Valle de los Caídos. Silva cree que el trabajo de exhumación “sí puede ser próximo” y que el caso Sanjurjo no debe afectar aunque sirva de “argumento” a los defensores de Franco.

“A la familia hay que pedirle permiso o contar con su opinión”, entiende el antropólogo forense Francisco Etxeberria. “Si fuera contraria hay que argumentar con convicción sobre las razones que justifican dicha exhumación”, continúa. “Si por este camino no se resuelve, seguro que se va a judicializar”, augura, aunque tiene claro que “no hay profanación si se hace con legalidad y lo hace personal cualificado en esta materia”. Hace falta además “tener un plan para lo que se va a hacer luego con los restos, una decisión que corresponde a la familia”.

En términos similares se expresa otro antropólogo forense, Juan Manuel Guijo: “La familia tendrá el derecho a exigir que el procedimiento sea limpio, rápido e impecable, que es lo que debe asegurar el Gobierno, pero no puede exigir que se le mantenga en un sitio responsabilidad de Patrimonio del Estado”. ¿Qué argumentos pueden usar los Franco?, pregunta. “¿Acaso un presunto papel de salvador de la patria? El Gobierno no tiene por qué pedir la opinión de la familia sino solo exponer el método de exhumación y acordar los tiempos por los que unos restos que reciben casi un tratamiento patrimonial o de reliquia van a pasar a manos privadas”, sostiene.

Y amplía Guijo sobre una cuestión “de la que se está hablando muy poco o nada”: ¿dónde van los restos de Franco? ¿Puede inhibirse el Gobierno del destino del cadáver embalsamado del dictador? “La respuesta al segundo interrogante debería ser un no rotundo” por una razón simple, argumenta: “debe garantizarse que no se va a crear un lugar de peregrinación y homenaje en un espacio público, de acuerdo con la Ley de Memoria. El destino de los restos debería ser un entorno totalmente privado a cargo de la familia. El mismo proceso debería aplicarse al fundador de Falange”.

¿Es necesario e imprescindible el permiso de la familia Franco para exhumar los restos del dictador? “A mi juicio no. No lo ampara ninguna norma”, señala una fuente del PSOE consultada por este periódico. La consulta a la familia del militar golpista debe ser para informar y darles la opción de reclamar los restos, ratifican.

El pataleo de la Fundación Franco

En plena campaña para blindar el Valle de los Caídos y la tumba del dictador, la Fundación Franco desmiente al Gobierno de Pedro Sánchez y dice que no existe “contacto con la familia Franco”. Y que el Ejecutivo está haciendo “oídos sordos a la evidente negativa” de los familiares del dictador “a la exhumación de su abuelo”. La sociedad franquista, erigida en una suerte de portavoz de “la totalidad de los descendientes”, ha dejado un mensaje en redes sociales ante “algunos bulos surgidos en los medios”.

La Fundación Franco ha dedicado además a Pedro Sánchez una carta titulada 'Inapropiado, sr. Presidente' en la que le acusan de “intentar profanar y asaltar una tumba con evidente intención vejatoria de su ocupante”. Sacar a Franco de Cuelgamuros supone un “despótico y desilustrado (sic) proceder dirigido a humillar póstumamente el cadáver embalsamado de quien rigió los destinos de España”.

El Gobierno socialista pretende “escupir” sobre “los muertos” y en aras de una “pretendida reconciliación” despertará “heridas que ya estaban cerradas”, según reza la misiva. La iniciativa está acompañada de “intoxicación mediática” y “aseveraciones falsas como que el Gobierno se ha puesto en contacto con la familia Franco o haciendo oídos sordos a la evidente negativa de ésta a la exhumación de su abuelo”, manifiesta.

“¿Por qué florecen en España las flores malditas del cainismo?”, se pregunta dolida la Fundación Nacional Francisco Franco, que anuncia una defensa “firme, pero también conciliadora, pacífica y ajustada a la ley”.