La privatización convierte en precarios a los intérpretes judiciales que garantizan el derecho a un juicio justo de los extranjeros
Dana es siria y chapurreaba español cuando denunció a su marido por violencia machista, así que necesitó una interpreté de árabe que la asistiera durante la vista. Es un derecho reconocido en España: cualquier persona extranjera que tenga que hacer una declaración judicial tiene derecho a ser asistido por un intérprete en su idioma oficial. Las administraciones cuentan con plantillas propias pero cada vez más mermadas de funcionarios, que van dejando paso a empresas externas que ofrecen estos servicios, cuando los funcionarios no llegan a cubrirlos y en los casos de idiomas o dialectos poco comunes.
El problema, según denuncian asociaciones profesionales y trabajadores, es que las personas contratadas por estas compañías no cuentan siempre con la formación adecuada y, en muchos casos, ni siquiera existen filtros para asegurar que manejan el idioma.
El juez archivó la denuncia de Dana y le quitó la protección al considerar que había cambiado de versión. “No lo hice, por supuesto”, se defiende. “Era una intérprete de Irak y no entendía bien mi acento. Además, como mi marido es iraquí ella estaba de su lado. Cuando contestaba en árabe no traducía bien, porque entiendo un poco de español y sé que es así”, explica. Su caso no es el único. “Hay intérpretes que no traducen exactamente lo que les dicen porque no están preparados para escuchar un relato de malos tratos y se pierden”, explica la vocal de la junta directiva de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Raquel Amigo.
“Nos han llegado casos de mujeres maltratadas que se arman de valor y, cuando acuden a dependencias policiales, el intérprete es el primo del marido o el hijo de 15 años, que ni está formado, ni conoce la metodología y pierde toda la imparcialidad”, continúa la presidenta de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD), María Galán, que denuncia que “actualmente no está garantizado el derecho de defensa de las personas que no conocen nuestro idioma”.
Esta asociación lleva años demandando la creación de un registro oficial de intérpretes. Un registro que reclama también una directiva europea con la que se comprometió el Gobierno español, pero que está “a la espera de que se cree”, indica Galán, y que solo existe en Canarias. Este registro permitiría garantizar la calidad del servicio y evitar situaciones en las que quienes acuden a los juzgados son, simplemente, personas que hablan el idioma.
“Interpretar con la terminología”
Porque las empresas adjudicatarias de estos servicios, principalmente Seprotec y Ofilingua, presentan una lista de intérpretes pero luego cuentan con bolsas de personal más amplias. “En principio, la empresa se tiene que comprometer a que los intérpretes sean intérpretes y a llevar unos controles de calidad, que estamos viendo que no siempre es así. Muchas veces hemos visto que era gente que hablaba la lengua, pero una cosa es irte a París y pedir un café, y otra interpretar con la terminología, la presión de un juicio por maltrato, por trata de seres humanos, narcotráfico... eso hay que saber gestionarlo”, denuncia Galán.
La responsable del departamento de interpretación para servicios públicos de Seprotec, Isabel Arroyo, explica que la compañía cuenta con un técnico de selección específico que “va cribando los currículos que nos van llegando. Tras la criba, esa persona se pone en contacto con los candidatos y les hace una entrevista en profundidad presencial o por teléfono”. “Siempre intentamos que los intérpretes tengan la mejor cualificación posible, pero hay que amoldarse a lo que nos piden”, añade. Y lo que les piden puede ser cualquier idioma, en cualquier lugar en el que tengan contrato, lo que dificulta que en idiomas poco comunes las personas que encuentran tengan formación específica bien porque en su país de origen no existe la titulación o porque, una vez aquí, realizan esta actividad de forma complementaria a otras y en situaciones muy concretas, muy pocas veces al año.
Esta empresa presta servicios a la policía nacional, los mossos, la ertzaintza, la guardia civil y servicios de justicia de varias provincias, como Madrid, Cataluña, Galicia, Aragón y Granada, entre otras. “El porcentaje de quejas anual que recibimos es del 0,08%. Realizamos 550 servicios al día, es inevitable que en alguno haya una incidencia o algo que reportas”, defiende Arroyo.
Además, reclaman más información por parte de la administración a la hora de acudir a prestar un servicio a un juzgado. “Todavía queda mucho por hacer por parte de las administraciones, que no creo que a veces tengan en consideración que los intérpretes son personas y están especializados en unos temas, no todos saben de todo. Si ni siquiera nos dicen cuál es el delito al que se está asignando el intérprete es muy difícil asignar al adecuado. Las quejas que hemos tenido han tenido que ver con eso”, explica.
25 errores graves por hora
Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona publicado en 2017 y que analizaba 55 vistas en diez juzgados de esa ciudad arrojaba dos datos preocupantes: los intérpretes judiciales comenten 25 errores graves por hora y en más de la mitad de las vistas más de la mitad de la información oral no se traduce. “Los resultados nos confirman que las personas que hacen de intérpretes judiciales no entienden cuál es su rol y muestran un gran desconocimiento del lenguaje jurídico y judicial y de sus consecuencias”, explicaba Carmen Bestué, una de las autoras, durante la presentación. “Existe una disfunción respecto a la calidad del servicio que afecta a las personas”, reconoce José Manuel Beiro, del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ).
Tras esta pérdida de calidad, muchos ven una dejadez por parte de la adminsitración y un interés por terminar de externalizar el servicio. “Hace tiempo que percibimos un interés en externalizar servicios. No hay interés en la gestión pública de la justicia, como en otros tantos temas: intérpretes, procuradotes, etc. Externalizar no es que de por sí sea malo, pero somos un servicio público que tiene una garantía de calidad y eso no está entre los objetivos que hemos ido viendo”, denuncia Beiro.
“Se está recurriendo demasiado a empresas subcontratadas para hacer una tarea con empleados públicos fijos, que garantizan mucho más la independencia”, explica el presidente del sector de justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Juan José Carral. Por ejemplo, “en la Audiencia Nacional hay 12 traductores e intérpretes, de una plantilla inicial de 18. No se están cubriendo plazas vacantes”, indica. En este órgano se tratan asuntos que van desde el terrorismo hasta estafas a gran escala o narcotráfico. “Muchas veces el desarrollo de esos procedimientos depende mucho de las traducciones y el trabajo de interpretación. El hecho de que ese trabajo pueda caer en una persona externa puede generar ciertas dudas, sobre todo por la independencia y el deber de sigilo”, continúa.
Jacek Ciacma es traductor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es uno de los siete traductores que tiene este órgano, de francés, portugués, polaco, árabe, chino e inglés, y que dan servicio en unos 150 juzgados de pueblos madrileños. A los que ellos no llegan acude la empresa Seprotec, que es quien tiene contrato en esta comunidad. También para prestar servicio en los idiomas que ellos no conocen, porque los suyos se eligieron, dice, en la década de los años 80 del siglo pasado y, desde entonces, ha surgido la necesidad de interpretar otros nuevos, como el rumano.
Imposible para la administración
Desde la sección de justicia del sindicato Comisiones Obreras explican que en los últimos años ha crecido la planta judicial y los idiomas, no así la plantilla. Seprotec indica que el boom de la externalización de los servicios de traducción o interpretación se produjo hace unos 12 años. “Las administraciones, por su cuenta, era imposible que llegaran a controlar todos los aspectos que la empresa privada si puede: contratación de los intérpretes, salario base...”, enumera Arroyo.
Ciacma teme que la suya sea “una categoría a extinguir” y conoce bien las diferencias entre su posición y la de sus compañeros externalizados. “Nosotros tenemos que ser titulados superiores y, además, hemos pasado una oposición. Hay también malestar dentro de esta pobre gente que colabora con estas empresas, porque lo que les pagan es la esclavitud. Muchos son inmigrantes que para ganar 10 o 20 euros cogen lo que sea”, continúa. Amigo pone un ejemplo parecido: “Hace unos días, de guardia, tuvimos un servicio espantoso con una intérprete de brasileño que no entendía español”. Porque, como considera Ciacma, “un traductor con experiencia que esté preparado no va a colaborar con una contrata de este tipo”.
Es el caso de María (nombre ficticio), que lleva un año colaborando asiduamente con Seprotec y con Ofilingua, otra empresa que se lleva gran parte de los contratos con quien esta redacción ha intentado sin éxito ponerse en contacto. El esquema que cuenta es más o menos el mismo: envió su currículum y empezaron a enviarla a servicios sin ningún tipo de verificación, explica. “Lo hacemos por internet o por whatsapp, ni prueba de idioma ni nada. No conozco a nadie”, explica. Ella sí tiene un título de traducción e interpretación, pero admite que hay compañeros que no lo tienen.
Desde la empresa desmienten que se contrate a nadie sin haber tenido, al menos, una entrevista telefónica, pero si reconocen que en algunos casos, no se realiza prueba de idioma. “Si es una persona de Marruecos y tiene una licenciatura, no tiene mucho sentido que le hagamos una prueba, lo que nos interesa es que hable español”, indican. En cualquier caso, María dice que dejará de colaborar pronto porque “ahora estoy de interna cuidando a señoras mayores porque necesito trabajar y cubrir mis gastos. No puedes así”, indica.
Entre 12 y 18 euros brutos por hora
Seprotec recurre a unos 1.000 interpretes al mes, de los cuales alrededor de 350 son estables y están contratados por obra especifica, de forma eventual o indefinidos. Al resto, se les hace un contrato por obra y servicio en función del día o los días que vayan a trabajar. Para la remuneración, explican, se ajustan al convenio de oficinas y despachos de la provincia en cuestión. “Ahora mismo los precios están rondando los 12-18 euros brutos la hora”, indica Arroyo.
Así, es difícil poder acumular un salario que evite una situación de precariedad para aquellos, la mayoría, que no realizan servicios a diario. A María, por ejemplo, 14 servicios al mes no le dan para vivir. “Se nota claramente que las condiciones de trabajo de los intérpretes hacen que sea un sector claramente precarizado”, indica Beiro, que no cree “que sea sensato culpar a los intérpretes” de los problemas de calidad en los servicios. “Es un tema que se tiene que abordar desde la gestión pública”.
