La magistrada que investiga la venta de viviendas públicas a Goldman-Sachs en Madrid le ha dicho a Hacienda que el perito que ha designado para la instrucción no sirve: ha sido hasta hace poco más de un mes trabajador del BBVA, que gestiona una de las sociedades investigadas.

La delegada especial de la Agencia Tributaria, Raquel Catalá Polo (hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá), negó la participación de la Oficina Antifraude de Hacienda en la instrucción. Lo habían solicitado el juez y el fiscal. Tras dar evasivas durante 12 meses, contestó que no tenía recursos y que no le correspondía aportar técnicos para delitos de malversación. Solo accedió a nombrar un inspector para posibles delitos tributarios: Antonio Laquidáin Hergueta.

Este funcionario había estado muchos años de excedencia y trabajando para el BBVA como apoderado en algunas de sus inmobiliarias. El banco recibió el encargo de gestionar la sociedad Bussola 99 en septiembre pasado. Esa sicav es una de las investigadas ya que pertenece al exconsejero de Vivienda de Madrid, Pablo Cavero, y su anterior gestora era Goldman-Sachs. Cavero adjudicó la venta de 2.900 viviendas protegidas a Goldman-Sachs en 2013.

Evitar “tacha o recusación”

La magistrada Concepción Jerez García, en una providencia firmada el 24 de noviembre pasado indica que Antonio Laquidáin no es adecuado por esos vínculos y para “evitar incidentes de tacha o recusación”. Le da a la Agencia Tributaria cinco días para designar otro perito.

Cuando se supo el nombre del técnico escogido por la delegada especial Catalá Polo (y su recentísimo pasado con BBVA) , un portavoz de la agencia argumentó que, al desginarse cualquier perito, “no se conocen”, las circunstancias de los casos. Y añadía que, en todo caso, el juzgado podía rechazarlo. Así ha ocurrido, añadiendo más retraso a una causa que se ve entorpecida parcialmente por los obstáculos presentados por Hacienda.