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Hacienda ofrece de perito para el caso de venta de VPO en Madrid a un exasesor del gestor de una de las sociedades investigadas

Pablo Cavero junto al expresidente de Madrid, Ignacio González.

Raúl Rejón

La delegada especial de Hacienda, Raquel Catalá Polo –hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá– ha propuesto como perito judicial de la venta de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs a un exasesor del BBVA, Antonio Laquidain Hergueta. Un inspector de Hacienda que ha ejercido hasta hace escasas fechas como apoderado de inmobiliarias del banco.

La intención explícita de la instructora Concepción Jerez es indagar las relaciones entre la sicav del exconsejero de Vivienda de Madrid, Pablo Cavero, –Bussola 99– y la propia Goldman Sachs, que le gestionaba esta sociedad de inversión. Hace dos meses, la familia Cavero cambió a Goldman Sachs por BBVA para administrar su sociedad de inversiones.

Ahora, el ex asesor de esta entidad es el escogido por Hacienda para asistir a la magistrada en su investigación. BBVA ha confirmado que Laquidain ha dejado de trabajar para el banco. Entre otras sociedades, era apoderado de Anida Operaciones Singulares, la inmobiliaria el grupo, hasta el pasado 23 de septiembre, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La propuesta de perito de la Agencia Tributaria ha llegado tras doce meses de espera y no responde a la petición del juzgado y el fiscal del caso. El requerimiento solicitaba dos peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) justificados por la “trascendencia, gravedad y cuantía de los delitos investigados”, según recogía la Fiscalía.

Raquel Catalá impide la investigación de Antifraude

Raquel Catalá considera que sus recursos son escasos, están desbordados por la carga de trabajo y que la agencia no es competente para investigar delitos de prevaricación y malversación. Así que niega la participación de la ONIF y nombra al inspector únicamente por si afloraran delitos contra la Hacienda.

BBVA explica que este abogado “ya no tiene ninguna relación laboral con el banco. Fue apoderado pero ya no es trabajador”. De esta manera, “no caería en ninguna incompatibilidad”, cuentan desde la entidad bancaria.

Por su parte, la Agencia Tributaria contesta que el inspector acaba de reincorporarse de una excedencia. Sobre la cuestión de que hasta hace poco tiempo estuviera vinculado con el banco en el que ha terminado la sociedad de inversión objeto de investigación judicial, un portavoz ha respondido que “cuando se propone un perito cualquiera no se tiene conocimiento del caso por lo que no se tienen nunca en cuenta estas circunstancias”.

Además, añade “el juez tiene la posibilidad de solicitar un cambio de perito”. En realidad la jueza Jerez no pidió este recurso sino el mencionado de la ONIF.

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