“Sacar a Franco es un planteamiento simbólico importante de ruptura con el pasado”

Fernando Martínez (Almería, 1949) guarda con celo, como todos en el Gobierno, la fecha en la que se aprobará el decreto ley con el que Pedro Sánchez dará el pistoletazo de salida al proceso de exhumación de Franco. Un gesto simbólico que para el responsable de la nueva Dirección General de Memoria Histórica es un paso importante de “ruptura con el pasado”. El catedrático de Historia Contemporánea, que aún está de inquilino en el Ministerio de Justicia, desgrana todo lo que pretende llevar a cabo desde la dirección general de nueva creación y que pivota en torno a la reforma integral de la ley de 2007, para lo que cuenta con el plácet de José Luis Rodríguez Zapatero.

Martínez espera que la legislatura dure hasta 2020 para que le dé tiempo a hacer lo máximo posible e incluso se muestra optimista respecto a la aprobación de unos presupuestos que permitan dotar de fondos hasta ahora inexistentes a la memoria histórica. Si no salen adelante, se compromete a encontrar la fórmula para encontrar dinero con el que llevar a cabo la que es su prioridad: la exhumación de las fosas comunes: “Es una cuestión de dignidad nacional democrática”.

A poco más de un mes de la creación de la Dirección General para la Memoria Histórica, ¿qué ha dado tiempo a hacer?

Fundamentalmente situar cuáles pueden ser los objetivos de la Dirección General. Hay una sensibilidad en el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez en temas de Memoria Histórica y derechos humanos. Y una Dirección General sirve para coordinar e impulsar políticas de memoria que no existían en España. En España era necesario un instrumento político en función de los principios que marca la ONU de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Y, especialmente, es preciso impulsar algo fundamental en este país, la búsqueda de los desaparecidos y establecer planes cuatrienales de exhumaciones abordadas de forma directa por parte del Estado, no desde las asociaciones y los familiares. También es precisa para abordar la actualización del Mapa de Fosas.

¿Y crear un censo oficial de víctimas?

En la mayoría de países hay censo nacional de víctimas, aquí no. Es necesario y se puede centralizar y coordinar para hacerlo en conjunto con las comunidades autónomas. ¿Cómo se haría? Pues tirando de todo lo que se ha investigado para ir ubicando a las víctimas, que son varias, no solo los desaparecidos. Está el exilio, la gente que pasó por los tribunales de responsabilidades políticas, por los de orden público, la gente que pasó por las comisiones de depuración profesional... Es un trabajo largo. Y ante todo hay que pensar en la reparación de las víctimas.

El objetivo es entonces reparar a las víctimas que no han sido reparadas.

Las víctimas de los vencedores fueron reparadas moralmente y económicamente. Ellos y sus familiares. Y además todos los años se les rendía un homenaje público en todas las plazas de los pueblos, donde estaban las cruces de aquellos a los que llamaban caídos 'por dios y por España'. Y mientras tanto, las víctimas de los vencidos quedaban totalmente olvidadas, estigmatizadas, invisibilizadas en las fosas comunes y en las cunetas. Una tarea fundamental es su reparación a través de las exhumaciones de fosas, de las reparaciones morales e incluso plantear algunas cuestiones que no se han abierto como las reparaciones económicas.

¿Y qué es aquello a lo que seguro que va a dar tiempo en esta legislatura, si es que llega a agotarse en 2020?

La primera cuestión que nos planteamos es poder situar en el Congreso de los Diputados el proyecto de reforma integral de la ley 52/2007, la ley de Memoria. Y no partimos de cero, partimos de una proposición de ley que registró en PSOE el 14 de diciembre de 2017 a la que posiblemente habrá que hacer algún retoque y que aborda las grandes cuestiones en este momento de la Memoria Histórica en España.

¿Por qué una reforma de la ley de 2007?

Hay varios elementos. El primero es que a lo largo de diez años de funcionamiento de la ley se han puesto de relieve insuficiencias que impedían cumplir sus objetivos. Lo primero que hice con Andrés Perelló al frente del tema de Memoria en el Área de Derechos y Libertades de la Ejecutiva del PSOE, antes de la redacción de la reforma, fue ver a José Luis Rodríguez Zapatero y le comentamos las ideas. Y nos dijo “adelante”. Nos dio bastante ánimo.

La segunda idea para la reforma integral es recoger las recomendaciones de la ONU, que no es sospechosa de ser de izquierdas o de derechas, es decir, que plantea que tiene que funcionar el tema de derechos humanos. Un tercer elemento es ajustar la ley nacional a las autonómicas que son más avanzadas que la de 2007. También hay un conjunto de reivindicaciones de las asociaciones de memoria, las que están en el tajo, que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, hay que darles entrada en la ley con la finalidad de que las asociaciones de víctimas participen en los órganos consultivos que establezca la ley. Por ejemplo, estamos pendientes de crear un posible Consejo Nacional de la Memoria, donde entrarán las asociaciones, evidentemente.

¿Sacar a Franco de su tumba en una ruptura con el pasado y un saneamiento democrático del país?

Es un planteamiento simbólico muy importante de ruptura con el pasado, pero sobre todo, para empezar a cerrar heridas. Muchas veces el planteamiento revisionista y de algunos sectores es que se van a reabrir heridas. Las heridas están abiertas.

¿Hay una fecha ya para el decreto con el que sacarán a Franco del Valle de los Caídos?

Me reitero en lo que dijo el presidente del Gobierno.

Dijo que sería inminente y apuntó que en julio. Ha pasado julio y Franco aún no está fuera...

Subrayo lo que dijo el presidente del Gobierno.

¿El decreto para exhumar a Franco irá este viernes al Consejo de Ministras?

Yo no soy subsecretario. En los temas de Franco vamos a dejarlos como dijo el presidente y entiendo que el presidente quiere que sea cuanto antes.

¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir? Parece que todo se ha complicado un poco...

Un procedimiento jurídico que asegure que la exhumación no tenga problemas jurídicos.

Que la familia no pueda recurrirlo y llevar al Gobierno a los tribunales...

Todos los ciudadanos pueden recurrir cualquier cosa. Todos los aspectos jurídicos son los que se están contemplando para que el proceso no tengo problemas jurídicos.

La propia Comisión de Expertos de 2011 ni siquiera aludía al permiso de la familia. Una pregunta básica: ¿va a dar tiempo a sacar a Franco en esta legislatura?

El presidente del Gobierno ha dicho que se va a sacar y es un compromiso claro y abierto que hizo al principio y que reiteró en la comparecencia en el Congreso. Yo me creo firmemente el compromiso del presidente.

En cuanto al Valle de los Caídos, ¿se va a regular? El presidente dijo en una entrevista en eldiario.es que difícilmente puede convertirse en un lugar de reencuentro y concordia.El presidente dijo en una entrevista en eldiario.es

Va a haber un debate parlamentario interesante sobre cómo resignificar el Valle de los Caídos. Hay que resignificarlo porque no se puede convertir en un lugar de peregrinaje del nacionalcatolicismo y del fascismo. En todas las democracias se han producido resignificaciones de monumentos de este calado. Hay que derogar todos los decretos que lo han marcado, establecer un proceso jurídico que se ha marcado que se hiciera y lleva muchos años sin hacerse y dar una respuesta jurídica a todo el planteamiento del Valle. Hay que regularlo jurídicamente. Eso está en nuestra proposición de ley.

¿Sería con consenso?

Hay que buscar el consenso parlamentario sobre qué fórmula darle al Valle. Ese edificio hay que explicarlo porque nadie explica ese monumento y lo único que uno se encuentra allí son símbolos y símbolos nacionalcatólicos.

¿Hacer un museo?

Hay que explicarlo para todo aquel que vaya allí. Quién lo construye, cómo se construye, qué finalidad tenía... Si vas ahora a un campo de concentración nazi, te lo explican y no lo han hecho desaparecer para que se vea qué fue ese periodo histórico del nazismo. Vamos a debatir la resignificación por dónde puede ir. Eso es un cementerio donde tenemos por lo menos 34.000 personas enterradas.

La ley de 2007 dice que no se pueden hacer actividades de exaltación y apología. ¿Se va a intentar que eso se cumpla? Y un poco más allá, ¿se va a ilegalizar la apología del franquismo en España que no está penada?

La ministra planteó que se está estudiando la ilegalización de las asociaciones que hicieran apología del franquismo, del nazismo...

¿Se va a plantear su ilegalización?

En la ley planteamos la ilegalización de este tipo de asociaciones porque son incompatibles con la democracia. Cuando llaman a un alzamiento nacional, tenemos que defender los valores democráticos. Ideologías que están en contra de la libertad sindical, de la libertad de partidos, en contra de la concordia y quieren un planteamiento único... si eso se expresa y se hace apología sistemática hay que estudiarlo y, de hecho, se está estudiando ya y va a ir a debate en el proyecto de ley.

Una vez aprobada la ley, ¿la prohibición sería automática o hay que esperar a otros elementos?

Una vez que se aprueba la ley, se estudia quién puede estar incurso en esa serie de cosas y se toma la determinación.

También se está estudiando eliminar el ducado de Franco, pero Sánchez admitió dificultades jurídicas. ¿Cuáles son?

Hay que remitirse a una norma de 1912 porque no está prevista la retirada de títulos nobiliarios. Todo el mundo habla de la retirada del cuñado del rey, pero eso tiene una norma específica de carácter real. No hay una causa de indignidad que prevea la retirada de títulos nobiliarios. La única que se acerca un poco es una norma de 1948, pero no prevé la retirada sino que el título pase a otro miembro de la familia.

O sea que habría que reformar la ley de 1912. ¿Está sobre la mesa hacerlo?

Está en estudio.

¿Y se van a anular los juicios franquistas?

Se va a plantear la nulidad de los tribunales de excepción. Y estoy hablando de Consejos de Guerra, de los tribunales de responsabilidades políticas, del Tribunal de Orden Público, de las comisiones profesionales de depuración a gente a la que se inhabilita para ejercer su cargo profesional como médicos o maestros, un caso que está muy bien estudiado a nivel nacional: casi el 18% de los escalafones de maestros son depurados. O los funcionarios de correos, los arquitectos y empleados municipales... Es decir, de todo eso se plantea la nulidad, no solamente esos tribunales y comisiones sino que también se van a plantear sus fallos y sentencias.

¿Y una vez se apruebe la ley, serán declarados nulos de manera automática?

Claro, si se aprueba la ley van a ser declarados nulos. Luego los reglamentos desarrollarán la ley, pero fundamentalmente plantean el principio de nulidad. Esta es una de las cosas que se planteaba y ahora hemos visto que evidentemente hay que avanzar en esa línea.

En cuanto a las fosas comunes, no hay presupuesto. ¿Cómo se va a acometer?

El tema de las fosas es un tema sangrante, tenemos todavía a miles de personas en fosas comunes y en otros parajes de la geografía, en cunetas y cementerios. Y esto la democracia no lo puede permitir, de ninguna de las maneras. Esto no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de dignidad nacional democrática. No podemos tener todavía fosas comunes en este país y tenemos a mucha gente enterrada, por lo tanto es una tarea clave, fundamental que queremos abordar con decisión. El PP dejó la implementación de la memoria histórica con cero euros. Este presupuesto no tiene un euro para memoria histórica, pero en el de 2019 ya habrá dinero para memoria histórica. Ahí nos vamos a plantear como elemento fundamental el de las fosas comunes.

Y si no hay presupuesto en 2019...

Buscaremos alguna fórmula para que se implemente la ley que pueda salir o la que tenemos en este momento.

¿Del tipo de la que se hizo para dotar de fondos el Pacto para la violencia de género?

Puede ser una fórmula.

¿La dotación en esos presupuestos será de 21,5 millones de euros que planteó el PSOE?

Es lo que planteamos en nuestros presupuestos alternativos. Partimos de eso.

Es decir, ¿puede ser más pero nunca menos?

Bueno, me gustaría que fuera más y no me gustaría que fuera menos, pero los presupuestos siempre hay que batallarlos, pelearlos y esperar también el apoyo de los grupos.

En cualquier caso, ¿la búsqueda de desaparecidos en fosas comunes va a ser una prioridad?

Sí. El Estado tiene como prioridad hacerlo.

¿Se incluirá la palabra “mujer” en la reforma de la ley de memoria?

No solo se va a incluir, sino que se recomienda que se hagan investigaciones en función del género porque las mujeres tienen una doble represión y eso es lo que no se ha puesto de relieve: primero por ser hijas de, madres de, por ser milicianas... pero tienen otra represión que es la represión de una mujer. ¿Por qué a una miliciana o a la mujer de un socialista, por ejemplo, le rapan el pelo? Porque el pelo era considerado como uno de los elementos que más cuidan las mujeres. ¿Por qué les dan aceite de ricino y las hacen pasear por los pueblos? Para que sean el escarnio y las devalúen como mujeres mientras se van haciendo las necesidades en público. La ley plantea que se hagan estudios e investigaciones pero en la vertiente de la doble represión.

¿Hay alguna fórmula para abordar el expolio al 'dinero rojo'?

Si a los partidos y a los sindicatos se les ha devuelto en parte sus propiedades, ¿por qué no a los particulares? Yo coordiné el 'Botín de guerra' en Andalucía y pasaron por los tribunales y comisiones de incautaciones de bienes cerca de 60.000 andaluces. Hemos dado el nombre de todos ellos y hemos valorado las incautaciones y las sanciones por responsabilidades políticas. Nos planteamos la reparación económica. Se ha hecho en otros países.

¿Y cómo se va a hacer?

Estableciendo el derecho de la reparación en la ley y habrá que hacer censos de incautaciones y de sanciones comunidad por comunidad. Planteamos fundamentalmente que se establezca el derecho. Los que hemos investigado este tema observamos que el 70% de la gente que pasó por tribunales de responsabilidades políticas vieron sobreseídas sus causas, con lo cual no tuvieron que pagar al Estado. Eso sí, les inhabilitaban a la inmensa mayoría para ejercer cargo público. En Alemania se hizo y se establecieron una serie de años en las que se produjeron esas indemnizaciones. Ese debate tiene que ir al Congreso. Estamos cogiendo todos los aspectos de memoria para introducirlos en una reforma integral de la ley cuanto antes.

¿Tiene una fecha prevista para llevarlo al Congreso?

Nos interesaría cuanto antes. Lo tenemos hecho prácticamente. Tenemos que ajustar algunos artículos y que vean el paso jurídico antes del proyecto. Cuanto antes podamos presentarlo, mucho mejor.

O sea en otoño.

Sí.

¿La Comisión de la Verdad se va a constituir? ¿Tiene fecha?

La Comisión de la Verdad se plantea en uno de los puntos del proyecto de ley. La demanda de verdad es algo que plantean constantemente las víctimas y sus familias. El relator de la ONU decía en 2014 que la memoria está muy fragmentada en España y que tal vez sería necesario buscar alguna fórmula que propiciara ese conocimiento de la verdad. Es cierto que a lo largo de todo este tiempo todas las investigaciones que se han venido haciendo, que han hecho los historiadores, nos han acercado mucho a conocer cuál fue la verdad de lo que ocurrió. Hay mucha gente que plantea que esto es una cuestión simbólica y que si tienen repercusiones tienen un valor importantísimo y, en este caso, es una ruptura con el pasado y también un compromiso con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos.

Las comisiones de la verdad no son judiciales sino el reto de conocer todo lo que ocurrió y hacer un informe de recomendaciones sobre cómo reparar y sobre todo las garantías de no repetición y crear un clima que propicie la no existencia de violencia, culturas de paz, de convivencia... Están formadas por expertos independientes no solo nacionales sino también internacionales aprobados por el Parlamento. La comisión de expertos de la ONU lanzó un comunicado valorando muy positivamente que el Gobierno de Espña se planteara la comisión de la verdad así como el liderazgo de la exhumación de las fosas comunes. Es un espaldarazo.

El clima que se ha creado es de ilusión renovada en las víctimas desde la moción de censura. Si no se alcanzan los objetivos previstos, ¿sería un nuevo varapalo para las víctimas?

Vamos a intentar en la medida en que podamos, sabiendo las dificultades, tratar de dar respuesta a los principales cuestiones que tiene que resolver la democracia española en función de las víctimas. Esto no es una cuestión de izquierdas o derechas es una cuestión de democracia, de defensa de los derechos humanos y de dignidad nacional democrática. Tenemos que hacerlo para mirar al futuro y resolver problemas que no se han resuelto todavía. Los que estamos en la Dirección General tenemos mucha responsabilidad. Queremos medios, vamos a poner todo nuestro conocimiento y vamos a consultar con mucha gente para implementar todo lo que podamos. Esperemos que la legislatura no sea corta sino que nos permita sentar las bases para avanzar en la actualización del mapa de fosas para poder acometer un plan cuatrienal, tener la ley como elemento básico que podamos consensuar...

¿Esos programas cuatrienales estarían blindados de alguna forma frente a posibles gobiernos que no quisieran implementarlos?

Vamos a procurar poner todas las cautelas posibles. En los programas cuatrienales se valora económicamente el plan cuatrienal. Habrá que dotarlo para cuatro años.

¿Es Pablo Casado al frente del PP la peor noticia para las víctimas del franquismo?

No es buena noticia. Pero reitero que todos los grupos apoyaron la proposición no de ley del PSOE en la que se planteaba implementar las políticas de memoria y que es prácticamente el decálogo en torno al cual se va a mover la reforma integral. El PP no votó en contra. Me parece que es una buena línea de futuro y yo llamo a la sensibilidad del PP para que acometamos conjuntamente algo que es un deber de democracia.

“Los de izquierda son unos carcas, siempre con las fosas de no sé quién”, “no gastaría un duro en sacar a Franco” o “en España las víctimas no tienen problemas con las fosas”, son algunas frases del nuevo líder del PP, Pablo Casado. ¿Qué le parece su actitud con las víctimas del franquismo?

Es evidente que este tipo de expresiones no ayudan, no sitúan bien el tema. Hay que situarlo en el marco de los derechos humanos, de futuro de una democracia consolidada que resuelve los problemas que todavía están sin resolver. Me gustaría que esto lo viéramos todos y nuestro esfuerzo es que lo hagamos todos. No es un tema de izquierdas o derechas, es una cuestión de país.

¿Cabe, como hace la ley andaluza y se está haciendo en unidades didácticas, abrir el melón educativo de que entre la memoria en las aulas?

Sin lugar a dudas. Lo vamos a acometer porque hay que divulgar el tema de la memoria en las aulas tanto en primaria, como en secundaria y el ámbito universitario. Así lo vamos a plantear en la ley. Es curioso porque en Andalucía se ha celebrado el Día de las víctimas del franquismo el 14 de junio en todas las escuelas.

¿Se va a hacer un Día nacional de las víctimas del franquismo?

Sí. Hay que hacer un día que se recuerde. Lo de Andalucía me ha parecido precioso.