El Supremo rechaza la demanda de los ecologistas contra el Gobierno por inacción en la lucha contra el cambio climático

El Tribunal Supremo ha rechazado el pleito que diversas organizaciones ecologistas interpusieron contra el Gobierno al entender que la estrategia climática de las autoridades españolas no protegía lo suficiente el medioambiente contra los efectos del cambio climático. Los jueces entienden que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que contemplaba medidas y objetivos desde 2021 hasta 2030, aprobado por el Gobierno, supone “integrarse en el compromiso asumido por la Unión Europea” y descarta, como pedían los ecologistas, obligar al ejecutivo a endurecer sus términos.

Se trataba de un recurso planteado por Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam y Coordinadora de ONGS para el desarrollo contra el PNIEC de marzo. Reclamaban su nulidad parcial y acusaban al administración de incurrir en “inactividad”. Pedían, por ejemplo, que la reducción de gases de efecto invernadero prevista para España en 2030 por este Plan fuese del 55% y no solo un 23% como contemplaba el ejecutivo.

Los jueces rechazan que poner en marcha los criterios de la Unión Europea pueda ser algo arbitrario, tanto como para que un tribunal la revoque. “No parece que la decisión de la Administración Española, en legítimo ejercicio de dirección de la política nacional e internacional que le confiere la Constitución, pueda tacharse de arbitraria, sino todo lo contrario”, zanja la sala tercera del Supremo.

El Acuerdo de París, reconocen los jueces, es un “límite de mínimos” pero acarrea unos compromisos “de tal forma que la política seguida por el Gobierno y la Administración de nuestro País es asumir, como autoriza el Acuerdo, los compromisos como integrante en la Unión y sometida a sus criterios, esto es, a la política diseñada por la Unión en la que nuestro país ha colaborado a aprobar”. Alterar ahora por ejemplo los límites de emisiones impondría a España “la renegociación de una política diseñada, en plena armonía, en todo el ámbito de la Unión, es decir, incluso se estarían afectando a las competencias internacionales, ciertamente peculiares en el caso de la Unión, del Gobierno”.

Los grupos ecologistas han anunciado que recurrirán por “vulneración de los derechos humanos” al entender que el Supremo “ignora la ciencia y los acuerdos internacionales” además de “desproteger a la ciudadanía”.