El Tribunal de Estrasburgo tumba la denuncia de exdiputados del PP contra el Constitucional por la ley del aborto

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda presentada por una veintena de exdiputados del PP contra el Tribunal Constitucional por retrasar “injustificadamente” la sentencia sobre la ley del aborto, recurrida por los populares hace más de doce años.

Estrasburgo no ha entrado en el fondo del asunto. En una breve respuesta informa a los promotores de la demanda que el tribunal ha constatado “que el derecho supuestamente vulnerado queda fuera del ámbito de los derechos y libertades garantizados por el Convenio” Europeo de Derechos Humanos. Por esta razón, han optado por declarar “el recurso inadmisible” y poner fin al procedimiento ya que esta decisión no se puede recurrir, según la documentación consultada por elDiario.es.

Los demandantes anunciaron en junio de 2021 que presentaban esta denuncia por el “retraso injustificado” del Constitucional en resolver el recurso del PP en 2010, partido del que ellos formaban parte en aquel momento, en contra de la Ley del Aborto. En ese momento lamentaron que, a pesar de que el tribunal de garantías, habría declarado “prioritario” el recurso, llevaba años “de retraso” y “sin causa que lo justifique”, exponían en la nota de prensa con la que anunciaron esta actuación.

El TEDH arrancó el procedimiento formalmente en octubre de 2021, pero no ha sido hasta noviembre cuando se ha posicionado y ha desestimado la demanda presentada por los exdiputados populares. El juez Peeter Roosma ha sido el encargado de tomar esta decisión.

“Nos hemos quedado mirando al cielo porque no cabe recurso”, explica José Eugenio Azpiroz, exdiputado del PP y promotor de la demanda que ha llegado a Estrasburgo, sobre la decisión del tribunal europeo. Y añade: “No se puede permitir que un tribunal no realice su función: que es dictar sentencia para resolver los conflictos en el sentido en el que ellos crean oportuno”.

Junto a Azpiroz, figuran como demandantes los exdiputados Santiago Cervera, Andrea Fabra, Eva Durán o Ángel Pintado; los exministros Jorge Fernández Díaz y Federico Trillo y los diputados actuales de Vox Ignacio Gil Lázaro y Lourdes Méndez Monasterio.

Vox aprovechó la presencia de Méndez Monasterio entre los firmantes de la demanda ante el TEDH para difundir en su página web la interposición de esta demanda. “Durante más de diez años el Tribunal Constitucional español se ha negado, por razones desconocidas, a dictar sentencia en este recurso de inconstitucionalidad denegando a los demandantes en la práctica y de forma absolutamente arbitraria su derecho de acceso a la justicia”, recoge la nota de prensa de la formación de ultraderecha publicada por este asunto. 

Los impulsores de la denuncia se ampararon en el artículo seis del Convenio para argumentar su demanda. Este epígrafe garantiza el “derecho a un proceso equitativo” y los demandantes consideran que ha sido vulnerado porque el Constitucional “se ha negado a dictar sentencia” durante más de una década, “mientras en el mismo periodo ha dictado miles de sentencias en otros recursos interpuestos mucho después”, explicaron en la nota de prensa difundida en junio de 2021.

Finalmente, tras más de doce años congelado, el pleno del Constitucional se sentará a estudiar el recurso del PP contra la Ley del Aborto en la primera reunión que celebrará el próximo mes de febrero, entre los días 7, 8 y 9 de ese mes. Esta ha sido la primera medida tomada por el nuevo tribunal de garantías tras la renovación de cuatro de sus miembros y la implantación de una mayoría progresista con el magistrado Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente, informa Alberto Pozas.

El representante legal de los exdiputados del PP ante el tribunal de Estrasburgo ha sido Grégor Puppinck, director del European Centre for Law and Justice. Este abogado es uno de los actores europeos más relevantes del activismo antigénero, tal y como detalló el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) en un informe en el que estimó que los movimientos ultracatólicos han manejado “al menos” 707,2 millones de dólares para influir en las políticas sociales europeas.

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