UGT y CCOO acusan al Gobierno de romper el consenso sobre migración laboral

UGT y CCOO han lamentado que el Gobierno rompa el consenso existente hasta ahora respecto a la política de migración laboral, tras el anuncio de reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, una propuesta “clasista” que “responde a los intereses de ciertos sectores económicos” y no de los trabajadores.

Así lo indican ambos sindicatos en un comunicado conjunto este viernes, después de que El País haya adelantado una posible reforma de la Ley de Extranjería que facilitaría la incorporación de miles de trabajadores extranjeros al mercado laboral y la regularización de inmigrantes.

Sobre este asunto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no ha querido pronunciarse y solo ha admitido que “hay margen de mejora y de perfección en el procedimiento”.

UGT y CCOO reconocen que el Reglamento de la Ley de Extranjería y algunos de sus elementos necesitan una reforma y así lo han reclamado, pero insisten en que no podían esperar la forma en la que ha actuado el Gobierno.

A su juicio, en los últimos meses el Ejecutivo ha roto el equilibrio y el consenso en torno a la política de migración laboral, pero también ha acentuado “la segmentación” para convertirla “en un traje a medida” de ciertos “intereses económicos” y de las necesidades de algunos sectores, pero no de los trabajadores migrantes.

El anuncio de la reforma trata de evitar, según dicen, la participación de las organizaciones sindicales más representativas de este país e incluso que puedan dar su opinión.

Ambos sindicatos coinciden en destacar que si las competencias en torno a este ámbito quedan repartidas en distintos ministerios, el resultado será que haya “trabajadores migrantes de primera clase y trabajadores migrantes de segunda”.

Por otra parte, lamentan que “se llegue a la conclusión de que hay puestos de trabajo que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones”, pero que “se asuma que estas condiciones sí son aceptables” para personas que proceden de otros países.

Por ello, acusan al ministerio de actuar “de una forma clasista” teniendo en cuenta “que transmiten a la sociedad española la idea de que hay unos migrantes más aceptables que otros” y que “solo son aceptables si se puede extraer un beneficio económico”.