El estado de alarma supera el plazo de los cuatro meses sin que nadie pida su revisión

España se adentraba en la tercera ola de la COVID-19 cuando el Gobierno decidió decretar un nuevo estado de alarma que sirviera a las autonomías como paraguas jurídico para pudieran implementar restricciones que permitieran frenar los contagios, como el toque de queda, la limitación en las reuniones sociales o los cierres perimetrales de los territorios. Sin embargo, ponerlo en marcha durante medio año contó de entrada con el rechazo de la mayoría parlamentaria, que veía, por distintas razones, en esa duración un abuso. Pedro Sánchez se vio obligado a hacer concesiones a los grupos, como su comparecencia en el Congreso cada dos meses para atraer a ERC, y ofreció una revisión del decreto cuando quedaran dos meses para su expiración. Cuando se vence ese primer plazo, ninguna comunidad ni partido político ha reclamado al Gobierno el levantamiento de esa herramienta constitucional que ha permitido limitar la movilidad durante ya un año de pandemia.

Escribe Irene Castro.