El Constitucional admite el recurso del PP contra la reforma que permite al Supremo revisar las medidas contra la COVID
El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso del Partido Popular contra la reforma legal que dejó en manos del Supremo el aval a las medidas contra la COVID de las comunidades autónomas. Los jueces estudiarán la impugnación presentada por los diputados del grupo parlamentario del PP, que entre otras cosas alegan que no existió una “extraordinaria y urgente necesidad” para aprobar la norma por la vía urgente.
El Real Decreto-Ley fue aprobado el pasado mes de mayo por el Consejo de Ministros junto con diversas medidas encaminadas a la finalización del estado de alarma. Una de ellas fue permitir que los gobiernos autonómicos pudieran recurrir directamente a la sala tercera del Tribunal Supremo si los tribunales autonómicos no avalaban sus medidas contra la expansión del COVID una vez decaído el estado de alarma. El objetivo, explicó entonces el Gobierno, era acelerar los plazos y facilitar la creación de jurisprudencia.
El Partido Popular llevó la medida ante el Tribunal Constitucional alegando que se había tramitado de urgencia cuando, según su criterio, “no concurre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad”. Alegan también los diputados de la formación conservadora que la norma podría vulnerar los límites materiales del decreto-ley y que afectan “al derecho a la tutela judicial efectiva y al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado”.
En los últimos meses la sala tercera del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre decenas de medidas puestas en marcha por gobiernos autonómicos y ha establecido que la legislación sanitaria de 1986 es suficiente para, por ejemplo, establecer toques de queda o aforos máximos en la hostelería siempre y cuando no se implanten de forma generalizada en territorios amplios y sin límites de tiempo.
La posibilidad que recurre el Partido Popular, de hecho, ha sido utilizada en varias ocasiones por comunidades autónomas presididas por el propio Partido Popular. Gobiernos regionales como los de Galicia, Andalucía o Castilla y León han acudido a la sala tercera para solicitar el aval judicial de medidas como toques de queda o confinamientos perimetrales de localidades especialmente afectadas por el virus.
Informa Alberto Pozas.
