Exteriores considera “incoherentes” varias recomendaciones del Consejo de Europa sobre la libertad de expresión en España
El Ministerio de Exteriores ha considerado este lunes que la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa sobre libertad de expresión en España es “incoherente” en varias de sus recomendaciones. La Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa ha pedido este lunes la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes por 70 votos a favor, 28 en contra y 10 abstenciones.
En un comunicado, Exteriores ha reconocido que el informe del Consejo “avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y la legalidad”. Aún así, reclama, el Ministerio “considera incoherentes las recomendaciones que instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes”.
Aunque Exteriores admite que el informe “ha evolucionado mucho en las últimas semanas en favor de posiciones más matizadas y respetuosas de la democracia y del funcionamiento del Estado de derecho en España”, rechaza que persista el “vicio” de “presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas”.
“Este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator”, lamenta el comunicado.
“Además, la Asamblea no aprobó dos enmiendas que corrigen las recomendaciones que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones. Estas son recomendaciones que chocan directamente con el principio básico de la separación de poderes”, insiste el texto de la cartera que dirige Arancha González Laya.
La ministra se ha posicionado en este mismo sentido en una rueda de prensa desde Luxemburgo: “Hace una serie de recomendaciones que tienen que ver con el sistema judicial que nos parecen confusas. Pedir al Ejecutivo que se inmiscuya en el poder Judicial es desconocer el funcionamiento del estado de Derecho”.
