El dictamen del comité de la ONU sobre Garzón abre el debate sobre el derecho de los aforados a una segunda instancia
Casi una década después de decir adiós a la carrera judicial tras ser condenado por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, el comité de Derechos Humanos de la ONU ha concluido que Baltasar Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario”. Además de reprochar la parcialidad de magistrados que participaron en la sentencia, la resolución critica que por su condición de aforado —al ser en ese momento juez de la Audiencia Nacional— fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir la condena a once años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo.
El dictamen, aunque muy contundente en el fondo, tendrá posiblemente un alcance y unas consecuencias jurídicas limitadas pues, como todas las resoluciones de este organismo, carecen de valor jurisdiccional y no tienen carácter vinculante, lo que deja en manos del Estado la adopción de las medidas sugeridas, por mucho que se adhiriera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reconociera la autoridad del comité que lo supervisa, coinciden los juristas consultados por este medio. En este caso, solicita que se borren sus antecedentes penales y se le de “una compensación adecuada por el daño sufrido”.
Por Elena Herrera.
