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La Justicia avala los protocolos de derivación a hospitales de los ancianos de residencias de la Comunidad de Madrid

27 noviembre 2020 - 17:03 h
Dimite el gerente de las residencias públicas de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado investigar la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por los supuestos criterios de exclusión hospitalaria aplicados en los centros de mayores durante la primera fase de la pandemia al no poder establecerse “un nexo causal” entre la conducta imputada y el resultado ilícito al no haber una identificación de las víctimas.

Así consta en una resolución, contra la que cabe recurso, en la que se inadmite a trámite la denuncia, que se dirigía además contra “todos aquellos que pudieran ser responsables, por la existencia de un documento/protocolo, elaborado por la citada Consejería y remitido a hospitales y residencias de la comunidad” para excluir a los citados residentes.

Según la denuncia, estos documentos establecerían “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias con motivo del estado de alarma y la situación excepcional derivada de la pandemia de COVID-19.

Los magistrados inadmiten a trámite la denuncia, en primer lugar, por adolecer ésta de la necesaria precisión, “al faltar absolutamente la identificación de quienes hayan fallecido o de a quienes se les haya excluido o no permitido ir a un hospital”.

En segundo lugar, los magistrados dicen que los protocolos tienen “unos objetivos, generales y secundarios, que no pueden tacharse de irrazonables a la vista del fenómeno de la pandemia que empezaba a sufrir el país, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio, empezó a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial”.

“El simple examen de los protocolos no determina, necesariamente, que se hayan producido resultados lesivos para los derechos de los residentes, en la medida en que desconocemos quiénes han podido ser perjudicados por la aplicación directa de los citados protocolos”, asegura la resolución.

Informa Europa Press

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