Las mujeres coaccionadas por una productora porno logran el copyright de sus vídeos

Imagen de Pornhub, considerada la mayor web porno del mundo.

La última batalla era una de las más importantes. Las mujeres coaccionadas por la productora Girls Do Porn para grabar pornografía que fue distribuida sin su consentimiento han logrado que un juzgado federal de EEUU les otorgue los derechos de autor sobre esos vídeos, una herramienta clave para sacarlos de circulación.

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Los responsables de Girls Do Porn están acusados de utilizar engaños, testimonios falsos y coacción para conseguir que más de 400 mujeres accedieran a protagonizar vídeos pornográficos de 2013 a 2019. Aseguraban a las víctimas, de entre 18 y 20 años, que esos contenidos no serían publicados online y que se venderían en DVD fuera de las fronteras de EEUU. Los contratos que firmaban no hablaban de pornografía y no citaban el nombre de la productora. La realidad es que los vídeos terminaban en Pornhub, una de las webs porno más visitadas del mundo y con quien Girls Do Porn estaba asociada para generar suscriptores de pago.

Aunque el director de la productora se encuentra fugado, otro de los principales acusados fue condenado a 20 años de cárcel este verano. Otros cuatro están a la espera de juicio. Los tribunales también han ordenado la disolución de Girls Do Porn y concedido indemnizaciones millonarias a las denunciantes. Sin embargo, casi dos años después de las primeras resoluciones, los vídeos siguen siendo fácilmente accesibles en Internet, algo que las víctimas esperan remediar recurriendo a los derechos de autor.

El motivo es que, bajo la regulación estadounidense, es mucho más sencillo enviar un requerimiento a las plataformas digitales para que den de baja un contenido por violación de copyright que amparándose en las normas contra el porno no consensuado. Exigir el reconocimiento de los derechos de autor para las víctimas de este tipo de delitos, así como del porno de venganza, se ha convertido en una "práctica habitual" de los abogados en este tipo de causas, explicaba a Gizmodo Erica Johnstone, cofundadora de la asociación Without My Consent.

En Europa la situación es diferente, como explicó a elDiario.es Laia Serra, abogada experta en violencia de género. "Aquí el juez de instrucción podría pedir la retirada o la prohibición de acceso cautelar", destacaba poco después de que explotara el escándalo de Girls Do Porn: "Además, la legislación administrativa, del audiovisual y de la sociedad de la información, también prevé la prohibición de divulgar contenidos discriminatorios hacia las mujeres".

En España, las víctimas de este tipo de comportamientos no tienen por qué acogerse al copyright, sino a las leyes de privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos cuenta con un canal de denuncia prioritaria mediante el que los técnicos del organismo pueden solicitar a las plataformas que retiren este tipo de contenidos en 24 horas. Su objetivo es impedir su viralización. Las denuncias a través de este canal son compatibles con aquellas que se efectúan ante la Policía u otros cuerpos de seguridad.

El canal no solo puede usarse para impedir la circulación de imágenes de contenido sexual, sino también para agresiones y otras "situaciones excepcionalmente delicadas", como aquellas que implican a menores o víctimas de violencia de género.

En el caso de Girls Do Porn la situación se agravó porque los vídeos permanecieron en Pornhub muchos meses, ante la pasividad de la industria. En un primer momento ninguna plataforma creyó a las víctimas ni retiró los vídeos, lo que produjo un efecto llamada. En octubre, 50 denunciantes llegaron a un acuerdo privado con Pornhub, cuyos términos no se han revelado.

El cabecilla, en la lista de los más buscados del FBI

El escándalo de Girls Do Porn explotó a finales de 2019. El primer condenado por lo ocurrido es Rubén Andre García, que este agosto fue encontrado culpable de tráfico sexual mediante la fuerza, el fraude y la coacción. García era actor y trabajaba junto al director de la productora, Michael Pratt, y el cámara, Matthew Wolfe, para captar a las víctimas con anuncios que ofrecían trabajos de modelo de ropa.

Wolfe está detenido a la espera de juicio, pero Pratt se encuentra fugado desde octubre de 2019. El FBI le ha incluido en su lista de fugitivos más buscados y ofrece una recompensa de 50.000 dólares por información que facilite su captura.

Un tribunal de California ha considerado probado que García publicó esos anuncios falsos y mintió a las víctimas sobre la distribución real que tendrían los vídeos y sobre la duración de las grabaciones, que terminaban alargándose durante horas. También pagó a otras jóvenes para que fingieran haber grabado vídeos porno con ellos y convencieran a las mujeres captadas de que el proceso era seguro. El condenado señala que Pratt y Wolfe fueron cómplices en todas estas acciones.

Además de intentar que consumieran alcohol y marihuana antes de las grabaciones, García también ha reconocido que los tres amenazaban a aquellas mujeres que se arrepentían durante el proceso con publicar en Internet los vídeos o cancelar sus viajes de vuelta a casa. Las víctimas procedían de todo EEUU y los acusados, en cuanto estas aceptaban grabar un vídeo, reservaban el primer vuelo a San Diego (California) disponible, tan solo unas horas después del primer contacto, para impedir que estas se arrepintieran.

Las víctimas han declarado que Pratt, García y Wolfe dejaban el equipo de grabación bloqueando la puerta de los hoteles donde estas se producían, "por lo que las víctimas se sentían impotentes e incapaces de salir", señala la sentencia.

Pratt, además de estos cargos, también está acusado de grabar pornografía con menores de edad y de tráfico sexual de menores.

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