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INTERNACIONAL

La derecha se organiza para propinar un golpe económico decisivo a los sindicatos de EEUU

The Guardian ha tenido acceso a unos documentos secretos de 'think tanks' conservadores en los que se planifica una campaña nacional para convencer a los miembros de sindicatos de que dejen de pagar sus cuotas

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Protesta del sindicato Unite Here de EEUU EFE

Los activistas de la derecha estadounidense están lanzando una campaña a nivel nacional para persuadir a los ciudadanos afiliados a sindicatos del sector público para que rompan lazos con las organizaciones sindicales y dejen de pagar sus cuotas. Esto representa una amenaza directa para el movimiento progresista de EEUU.

Documentos a los que ha tenido acceso The Guardian revelan una red de think tanks de extrema derecha por los 50 estados que está planeando campañas de marketing directo dirigidas personalmente a personas afiliadas a sindicatos para que dejen de serlo. Esta maniobra secreta, espera el grupo, podría costar a los sindicatos hasta una quinta parte de sus siete millones de miembros, provocando también la pérdida de millones de dólares en ingresos y, también, debilitar la piedra angular de la política progresista estadounidense.

"Las campañas de exclusión voluntaria pueden hacer que los sindicatos del sector público pierdan entre un 5% y un 20% de afiliados, algo que costaría miles o incluso millones de dólares en concepto de cuotas... Esto puede afectar a los recursos y a la atención que los dirigentes sindicales pueden dedicar a las campañas de acción política", dicen los documentos internos.

La campaña contra los sindicatos es obra de la State Policy Network (SPN), una alianza que va de una costa a otra y agrupa a 66 think tanks de derechas y que cuenta con un fondo de 80 millones para promover las políticas regresivas que favorecen a Donald Trump, tales como rebajas de impuestos o en favor de gobiernos no intervencionistas. El grupo está financiado por donantes conservadores multimillonarios como los hermanos Koch y la Fundación Familia Walton que proviene de la fortuna de Walmart.

La documentación del SPN expuesta por The Guardian ha revelado también los motivos políticos de los ataques de dicha red contra los sindicatos. Su objetivo es "dejar sin dinero y sin influencia" a los sindicatos del sector público como medio para "revertir las políticas fallidas de la izquierda estadounidense"

El objetivo del grupo es "privar permanentemente a la izquierda del acceso a millones de dólares en cuotas extraídas de miembros de sindicatos en cada ciclo electoral".

The Guardian ha conseguido lo que el SPN denomina la "caja de herramientas" de las recomendaciones para sus seguidores sobre cómo fomentar la "reforma sindical", un eufemismo para referirse a vaciar a los sindicatos de miembros y de dinero en efectivo. La "caja de herramientas" establece cuatro "tácticas" para minar su poder, la "reforma sindical efectiva", según su lenguaje.

Una de estas tácticas es la campaña de exclusión voluntaria.

"Para que los empleados no se afilien a su sindicato, dice la 'caja de herramientas', "primero tienen que saber que pueden elegir". Una campaña de marketing directo dirigida a los empleados públicos representados por los sindicatos que combine el correo y la difusión digital ayuda a aumentar la concienciación y las tasas de exclusión voluntaria".

El plan del SPN establece cómo adquirir los datos privados de los militantes de los sindicatos a través de las leyes estatales de libertad de información, de manera que pueda enviarse directamente a ellos la propaganda: "Acceder a las listas de los miembros de los sindicatos es esencial para el proyecto. La manera más común de obtener listas es a través de solicitudes hechas bajo las leyes estatales de registros públicos".

Los maestros necesitan a los sindicatos

Todo esto llega en un momento vital para los sindicatos del sector público. La oleada de huelgas de maestros en Virginia Occidental, Oklahoma, Kentucky, Arizona, Colorado y otros lugares ha dado fuerza al movimiento obrero como parte clave de la lucha contra el estancamiento de los salarios, la disminución de los recursos y la hostilidad de la Casa Blanca.

Y lo que es más preocupante, el Tribunal Supremo de EEUU está a punto de dictar sentencia en el caso Janus contra AFSCME, uno de los casos sindicales más importantes de los últimos años. Si los cinco jueces conservadores del tribunal más importante votan a favor del demandante antisindical asestarían un duro golpe a los sindicatos al dar a los empleados el derecho a optar por no pagar su parte de los costos de la negociación colectiva a pesar de que se beneficiarían de salarios negociados más altos y mejores condiciones.

Esto a su vez daría luz verde a grupos conservadores como SPN para intensificar sus esfuerzos para animar a los miembros de los sindicatos a la renuncia masiva. Como una declaración de intención clara, el SPN invitó a Mark Janus, un asistente social dedicado a la infancia en Illinois que es el demandante  en el caso que llegó al Tribunal Supremo, para hablar en su congreso anual en San Antonio, Texas, en agosto.

Carrie Conko, vicepresidenta de Comunicaciones de SPN, dice que los "trabajadores deberían ser capaces de decidir por sí mismos si pagar las cuotas sindicales y las tasas es usar bien un dinero que tanto les cuesta ganar o si ese dinero estaría mejor en otro lugar". El objetivo del SPN no es político, asegura, sino que trata "simplemente de proteger la libertad de expresión".

Según Conko, los sindicatos del sector público se habían metido en un problema al dejar que algunos trabajadores sintieran que estaban siendo utilizados. El caso de Janus, continúa, podría ayudar a los sindicatos públicos a mejorar su posición entre sus miembros porque "tendrán que demostrar su valía proporcionando una mejor representación para hacerse con las contribuciones voluntarias".

El pasado 5 de marzo se movilizaron los profesores de Virginia Occidental para pedir un aumento salarial.

El pasado 5 de marzo se movilizaron los profesores de Virginia Occidental para pedir un aumento salarial. Tyler Evert / AP

Randi Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, dice que los documentos de The Guardian revelan el alcance de los planes secretos por los grupos derechistas justo antes de conocerse el fallo del caso Janus en el Supremo. "Estos documentos demuestran que Janus contra AFSCME no es un caso presentado por personas que tratan de tener voz. Es un caso presentado por fuerzas con dinero para eliminar la voz y el poder de los trabajadores".

Dijo también que los multimillonarios de derechas como los Koch "saben que las familias trabajadoras solo tienen poder cuando están unidas a través de los sindicatos, y no se detendrán ante nada para destruirlo. Pero hemos visto también un apoyo sin precedentes para nuestros sindicatos y las oportunidades que ofrecen para lograr vivir mejor. Cuando llegue la sentencia de Jano, nos mantendremos unidos y preparados para actuar y luchar contra las fuerzas que quieren silenciar a los trabajadores".

Uno de los think tanks del SPN, la Freedom Foundation en Olympia, capital del Estado de Washington, ya ha comenzado a hacer campaña y a recaudar fondos en base a un fallo del caso Janus que vaya en contra de los sindicatos. Ha estado mandando emails a sus seguidores en los que dice que "nos estamos preparando en gran medida para lanzar una amplia campaña de educación y activación para aprovechar al máximo un fallo favorable en este caso histórico".

Y dice también: "Las consecuencias de un fallo favorable son enormes. Imagina decenas, incluso cientos de millones de dólares que ahora se usan para ayudar a las dañinas causas de la izquierda y a sus candidatos... desapareciendo".

En el año 2016, Freedon Foundation llevó a cabo  una campaña descarada en Washington y Oregon en la que llamó a las puertas de más de 10.000 trabajadores de cuidados infantiles y cuidados en el hogar para decirles que por  una resolución anterior del Supremo podían optar a no pagar las cuotas sindicales.

En el documento obtenido por The Guardian, SPN se jacta de que la operación de la fundación costó al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de dichos estados casi nueve millones de dólares en cuotas perdidas y honorarios legales.

Traducido por Cristina Armunia Berges

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