eldiario.es

9
Menú

INTERNACIONAL

Las víctimas de la represión poselectoral en Honduras acusan al Gobierno de obstaculizar la investigación

Según Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad hondureñas mataron al menos a 16 personas durante las protestas que siguieron a las elecciones de noviembre

Seis meses después de la crisis, aún no hay ninguna acusación y los activistas denuncian que el Gobierno está obstaculizando la investigación

- PUBLICIDAD -
Reabren carreteras en Honduras bloqueadas en las protestas contra las elecciones

Manifestantes ante una barrera policial en una concentración contra el fraude electoral en diciembre. EFE

Han pasado más de seis meses desde que las fuerzas de seguridad de Honduras  mataron a numerosos manifestantes durante la violenta represión que siguió a las elecciones y ni una sola acusación se ha presentado contra los autores de esas ejecuciones extrajudiciales, tal y como las definió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mientras tanto, los familiares de las víctimas sufren acosos y amenazas de muerte y tienen pocas esperanzas de que se haga justicia.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, el presidente que extendió su mandato en la polémica votación de diciembre, asegura que un grupo multidisciplinario lleva investigando las muertes desde el momento en que ocurrieron. Pero el grupo está supervisado por la Fiscalía de Honduras que, según los activistas, está retrasando la investigación.

"¿Cómo van a hacer justicia si se trata del mismo Gobierno?", se pregunta el padre de Kimberly Dayana Fonseca. Según varios testigos, miembros de la policía militar mataron a tiros a su hija, de 19 años. Por miedo a represalias, el padre pide que no salga su nombre.

La violencia estalló en los días que siguieron a las elecciones del 26 de noviembre. En el tercer día de escrutinio cayó uno de los servidores usados por las autoridades electorales y la tendencia de los votos cambió abruptamente poniendo fin a la que parecía una ventaja irremontable del candidato opositor, Salvador Nasralla.

Las tensiones, en aumento desde que en 2009 un golpe de Estado puso fin al mandato del presidente electo Manuel Zelaya, provocaron un estallido de manifestaciones y cortes de carreteras. Las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, golpeando a transeúntes inocentes y, en varios casos, disparándoles con balas y armas de fuego.

Según los grupos locales de derechos humanos, más de 30 personas murieron durante la crisis poselectoral. La ONU ha confirmado que las fuerzas de seguridad mataron al menos a 16 de esas personas.

La estudiante Fonseca fue una de las primeras en morir. En la noche del 1 de diciembre, salió de su casa para buscar a su hermano, que se manifestaba en una protesta cercana, y decirle que acababa de anunciarse el toque de queda militar. La policía militar llegó a donde ella estaba poco después. Le dispararon en la cabeza y murió al instante.

Para su familia, el terror no se terminó ahí. A los pocos días aparecieron hombres vestidos de civil preguntando por proyectiles de bala dejados por los militares. Meses después, un hombre en una motocicleta visitó en tres ocasiones el barrio de Fonseca para amenazar de muerte a la familia.

Según las pruebas, en la mayoría de las muertes atribuibles a las fuerzas de seguridad participó la Policía Militar de Orden Público (PMOP), una unidad de soldados con poca formación en funciones de policía y que había sido pensada para combatir el alto índice de asesinatos en el país.

Mariela Hernández dice que ella y su esposo vieron cómo uno de esos soldados disparaba y mataba a su hermano Cristian Hernández en San Pedro Sula, frente a la fábrica donde trabajaba. Pero los fiscales dicen que el hombre que le disparó fue un guardia de seguridad privada y no un militar. "Mi esposo se enfrentó al soldado", dice Hernández. "Le vimos la cara".

Según los activistas de derechos humanos, la falta de resultados es característica de un sistema de justicia que protege a los involucrados cuando los casos perjudican al Gobierno y que, al mismo tiempo, aplica todo el peso de la ley sobre el resto. Los manifestantes acusados de vandalismo llevan más de seis meses en la cárcel y se les han negado sus garantías procesales.

Varios grupos de derechos humanos han pedido una investigación independiente. La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez, cree que una comisión especial de la verdad podría ayudar. Aunque no pueda impartir justicia, dice, al menos podría "garantizar algún acceso a la verdad".

Para el padre de Fonseca, llegar a la verdad es mejor que nada. "Sólo quiero saber quién fue", dice. "Aunque no se haga nada".

Traducido por Francisco de Zárate

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha