La lucha contra la pobreza energética tiene rostro de mujer

El suministro energético es un bien necesario, y por tanto debería ser considerado un derecho fundamental. Además, facilita el disfrute de otros como la salud, alimentación, etc. El cúmulo de todos ellos otorga las condiciones necesarias para desarrollar vidas en condiciones dignas. Sin embargo, en la realidad actual, se trata más bien de un privilegio en tanto que no todas las personas tienen la misma facilidad de acceder al mismo. Una de las manifestaciones de este reparto desigual viene plasmado a través de la pobreza energética, denunciada durante esta semana a nivel europeo.

Existen tres motivos principales que determinan que una persona se encuentre en esta situación: su nivel de renta, el alto precio de la energía y la eficiencia energética de sus hogares en términos de aislamiento térmico. Estos tres puntos, sostenidos por un sistema capitalista que considera a la energía como un producto de mercado y no un derecho, conforman un conglomerado que vendrá definido en mayor o menor grado por diferentes categorías sociales como son clase, género, raza, o ubicación territorial, entre otros.

En el Estado español se estima que casi 20 millones de personas viven en situación de pobreza energética. Diversos estudios denuncian además que esta situación no solamente afecta a más mujeres sino que las mujeres la sufren mucho más. Para poder entenderlo es necesario recurrir a la teoría feminista. El discurso feminista, es un discurso corporeizado, es decir, se basa en la experiencia vivida por las mujeres en primera persona. Con ello abarca toda la complejidad de las relaciones que puede haber entre el sistema social y económico. Así, además de entender el porqué, nos proporciona herramientas para luchar contra esta injusticia social.

A través de los roles de género y la división sexual del trabajo, las mujeres siguen teniendo menos acceso al mercado laboral que los hombres y cuando lo tienen, en la mayoría de los casos, existe una brecha salarial. Además, pasan más tiempo dentro de los hogares debido a las tareas de cuidados. Esto, junto a una diferenciación en términos biológicos que pasa desapercibida debido al sesgo androcéntrico en la salud –la mortalidad por cada grado por encima de 36°C es del 12,6 % para los hombres y del 28,4 % para las mujeres– hacen que sufran de forma diferenciada los impactos de la pobreza energética.

Sin embargo, nada más lejos de la victimización, son muchísimas mujeres las que están en pie de lucha por la defensa de derechos fundamentales para una vida digna, entendiendo además la profunda interdependencia de unos con otros. Ejemplos son los movimientos de lucha por la soberanía energética, en defensa de la vivienda, o alianzas por transiciones justas y feministas -entre otros-.

Hasta ahora, el bono social era la única herramienta para luchar contra la pobreza energética, sin embargo, las comunidades energéticas se erigen como un elemento clave. A través de ellas, se promueve el cambio hacia un mayor acceso a la energía de forma democrática y descentralizada. El reto estará, además de su implementación efectiva, el realizarlo desde un enfoque feminista: contemplando las diferenciaciones en cuanto a impactos y usos de la energía y aplicando mecanismos que aseguren una participación real y equitativa en todos los procesos de las mujeres y grupos más vulnerables.