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La manoseada independencia judicial

En su ansia por recuperar el poder arrasando lo que sea necesario, tanto el líder del PP como el de Ciudadanos, han continuado agrediendo la independencia judicial mediante opiniones que no tengo más remedio que sospechar malintencionadas

Observadores piden reunirse con el presidente del tribunal del "procés"

EFE

La actuación de unos y otros ante el inminente inicio de la causa en el Tribunal Supremo del denominado procés catalán, está logrando aflorar lo peor de la política y los más bajos argumentos en pro o en contra. En medio de los vapuleos de estos y aquellos, y de otros espontáneos actores no menos secundarios, la independencia de la Justicia se está viendo agraviada, vilipendiada y manoseada hasta la saciedad, en uno de los más sucios combates dialécticos de los últimos tiempos.

Los polvos que trajeron estos lodos se originaron en el momento en que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó de lado su obligación de hacer política y comenzó a remitir al Tribunal Constitucional todas aquellas decisiones relacionadas con iniciativas del Govern catalán que muy probablemente no hubiera sido necesario que llegaran a tal instancia en su mayor parte; y después en las de la Justicia, de la mano de la Fiscalía General en aquel ya lejano septiembre de 2017. La falta de negociación, la obstinación y la realidad paralela del sector secesionista condujo al desafío. El Gobierno del PP, ocupado en tapar los agujeros que la corrupción evidenciaba en su línea de flotación, delegó en esta última la solución ¿final? al problema. Lo cierto es que con esta decisión lo enconó aún más y desvió la atención de sus graves irregularidades económicas, como en su día hiciera Jordi Pujol.

Y si esto fue así, la situación ahora es tan desalentadora como frustrante en lo político y en lo judicial. Hemos avanzado, pero hacia el desastre. Entre las posiciones extremas del Govern y especialmente de su presidente Torra, las torpezas de quienes, desde el Gobierno, queriendo decir una cosa comunican otra, solapando discursos y respuestas internas, y la desnortada y tremendista postura del PP y Ciudadanos que, con Vox, vuelven al discurso anticonstitucional de la falta de legitimidad del ejecutivo, se propicia el atropello constante de la mesura y la ecuanimidad.

Por su parte, la Justicia, merced a esa cesión de la política, en vez de rechazar el testigo envenenado, comenzó su lenta pero tozuda andadura, sin capacidad de freno en función de intereses o políticas al uso. Este camino, al que se recomienda no acceder salvo que sea imprescindible, máxime cuando se denuncia delito penal, desemboca ahora en un océano de incertidumbres probatorias y la seguridad de una sentencia que, de una u otra parte, continuara hacia el Tribunal Constitucional y después hasta el TEDH, para oprobio de un sistema democrático como el español que no ha sido capaz de solucionar políticamente lo que es un problema netamente político.

A la justicia le hizo un flaco favor el ejecutivo popular y sus adláteres, medios de comunicación afines incluidos, al embarcarse en esta historia y peor aún al jalear (o discutir) cada paso y cada decisión que tomaban los jueces en las diferentes instancias. El debate jurídico sobre si la Audiencia Nacional era competente para juzgar o no la sedición o rebelión, contó con voces profanas furibundas a favor en tertulias y foros, como si de profesionales del derecho se tratara. Por supuesto, desde la orilla soberanista la crítica a la parcialidad de los jueces era continua, quizás con más razón que las alabanzas de los contrarios, pero igualmente exagerada, con una diferencia sustancial, la existencia de personas privadas de libertad de forma estricta como vacía de razón y justificación.

De esa manera, con críticas o alabanzas, ya se empezaba a ‘mermar’ de forma subliminal la independencia judicial, poniendo las decisiones de los jueces del lado que políticamente interesaba y dotándoles así de un barniz político en función de los intereses de cada formación. Desde luego, aquí salvo los importantes planteamientos que más de un centenar de juristas pusieron sobre la mesa con tanta contundencia doctrinal como poco impacto en los magistrados juzgadores. Por lo menos, hasta ahora.

Pero fue en junio del pasado año, a raíz de la moción de censura que dio el Gobierno al PSOE, cuando las críticas se convirtieron de torrenciales en tsunamis permanentes. Las declaraciones privadas del juez instructor en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, refiriendo en una intervención pública datos sobre el caso que debería haber obviado, en vez de zanjarse en el seno del Consejo General del Poder Judicial trascendió a enérgicas opiniones contra los vocales que no habían aprobado tales manifestaciones, contra la ministra de Justicia, desde diferentes sectores, incluidos los corporativos judiciales que deberían haber templado sus críticas y no alentado a la jauría, por no rechazar lo que en su voluntad creían que debía ser prácticamente casi la detención del magistrado belga. Probablemente fue la única que actuó con prudencia y atendiendo a la defensa del estado, y por ello tuvo que pagar un precio como todos los que se apartasen en este tema de la “doctrina oficial” establecida.

De nuevo, el PP daba la imagen de que los jueces jugaban en su equipo. Incluso, el líder de la oposición, Pablo Casado, sustituyendo a las funciones propias del Gobierno, se reunió a bombo y platillo con las asociaciones, dando una imagen poco edificante para la Justicia española y su independencia. Por supuesto, desde el Govern las críticas pretendían refrendar tal impresión. Pero la sospecha alcanzó el exceso cuando el portavoz del PP en el Senado José Ignacio Cosidó, alardeó en un foro de WhatsApp de senadores de su partido, del control que sobre los jueces se podría ejercer en base al acuerdo que en aquel momento se planteaba con el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto ¿alguien sabe si esto se sigue investigando o se ha tenido intención de hacerlo? ¿Por qué esa patente de corso para quien denuesta tan brutalmente a la justicia desde la Cámara Alta?

Desde entonces, en su ansia por recuperar el poder arrasando lo que sea necesario, tanto el líder del PP como el de Ciudadanos, han continuado agrediendo la independencia judicial mediante opiniones que no tengo más remedio que sospechar malintencionadas. Así, el presidente popular repite como un mantra desde septiembre pasado que es muy grave la intención declarada por algún miembro del equipo del Gobierno (se refería a una respuesta de la delegada de Gobierno en Cataluña a una pregunta concreta) de indultar a los líderes independentistas. Con estas repetidas afirmaciones, Casado está dando por hecho que los jueces condenarán a los acusados, una manera como otra cualquiera de “influir” en el ánimo del tribunal. Como es sabido, un indulto no se puede producir si no existe una condena previa. Trabajando en común con su colega Casado, Albert Rivera repetía esta consigna el pasado sábado en un acto de su formación, pidiendo a Sánchez respeto por la sentencia del juicio del procés y que no "cambie indultos a cambio de escaños". Instó al presidente a comprometerse con que “salga lo que salga, que respete la sentencia y se cumplan las penas". Como se ve, las ideas de Rivera apuntan en similar dirección. Menos mal que después lo “arregló” como pudo, aun con la boca pequeña: "Si el juez absuelve al señor Junqueras o a cualquiera de sus consejeros, tendré mi opinión pero respetaré la sentencia".

¿Qué impresión causa este continuo martilleo de opiniones? Sin duda que la suerte está echada. No discutimos ya de los argumentos de unos y de otros, sino de que el Gobierno no debe corregir la condena a la que - por lo que opinan estos políticos, - los jueces del Supremo parecen estar abocados.

Ahora bien ¿cuál es la actitud de la otra parte? Pues nada edificante tampoco en la materia que nos ocupa. ERC, mezclando churras soberanistas con merinas judiciales, condicionaba su voto a los presupuestos de 2019 entre otros puntos, a que el Gobierno exija a la Fiscalía que no acuse a los procesados.

No es de extrañar que encontrándose los jueces en medio de tanto vocerío las interferencias acaben afectándoles entre sí. Solo de este modo se entienden las palabras del Fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira quien manifestó su oposición este martes pasado a que el juicio contra los responsables policiales autonómicos se pueda celebrar en la jurisdicción catalana que es lo que pedían los abogados defensores. Para Rubira la crispación que se vive en Cataluña podría afectar a la imparcialidad y serenidad de los jueces de allí. Una reflexión que ya realizó en su momento el fallecido Fiscal General José Manuel Maza en 2017 cuando defendió la competencia de la Audiencia Nacional por esas mismas razones de asegurar la serenidad “como presupuesto de imparcialidad”. Como es lógico, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña saltó como un resorte tachando de gravísima irresponsabilidad el sentido comentario de Rubira. "Resulta del todo insólito, y muy preocupante, que pueda utilizarse un juicio de intenciones carente del mínimo sentido normativo y fáctico en apoyo de una pretensión procesal”, protestaban los magistrados.

Amagando sin parar intentando encajar algún golpe, el presidente del Partido Popular se despachaba en la mañana de este miércoles con un ataque desmesurado y escandaloso hacia el presidente del Gobierno al que acusó de alta traición y felonía por aceptar la figura de un relator para coordinar el dialogo en Cataluña. A tal punto estaba fuera de sí Casado que llegó a calificarlo como “lo más grave que ha ocurrido en España desde el 23-F”. Siguiendo lealmente su estela, Albert Rivera asintió a su vez: “Hay que echar a Pedro Sánchez” reclamando actuar con un frente cívico. Ambos líderes conservadores se apresuraron a anunciar una manifestación el domingo en Madrid, acción a la que se sumó de inmediato el partido de extrema derecha VOX, presto a secundar en esta línea lo que sea menester. Como no podría ser de otro modo cuando el PP no sabe bien por donde tirar, Casado anunció la posibilidad de ver si cabe ir a los tribunales alegando un presunto delito de prevaricación. Más madera para los profesionales de la justicia.

En este punto, cabe señalar que estas reacciones desabridas suelen tener lugar cuando se da algún paso hacia el diálogo con Cataluña. El PP y sus compañeros de viaje, antiguos y sobrevenidos, no toleran paso alguno en ese sentido. Se diría que Cataluña es para ellos una especie de tablero militar en que recuperar el bienestar político y social para los ciudadanos catalanes no cuenta y solo interesa derrocar al enemigo. Mientras tanto, saltan de continuo noticias sobre las irregularidades cometidas por el Partido Popular que con el jaleo producido apenas resaltan. ¿Está Casado emprendiendo una vertiginosa huida hacia adelante para que no le alcance la dura realidad de la corrupción que aqueja a su partido?

Entre todo este ruido, a veces feroz, a veces esperpéntico, llama la atención que el Consejo General del Poder Judicial tan picajoso en otros casos, no haya sido capaz de dar un toque de atención a los políticos para que dejen de lado lo que se refiere a este proceso. La causa que se iniciará la próxima semana es suficientemente compleja como para evitar que haya entradas externas que animen a sugerir pautas de acción. Los jueces necesitan calma para poder realizar su trabajo con equidad y eficacia y aplicar el derecho según marca la ley y su conocimiento de forma justa. No necesitan quinielas interesadas sobre el resultado y sus posibles consecuencias ni que les sugieran la pauta a seguir. Ya está bien de manosear la independencia judicial.

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