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975 razones para no hablar de denuncias falsas, 975 razones para luchar contra el terrorismo machista

La violencia de género, solo en los 15 años de los que disponemos datos se ha cobrado la vida de 65 mujeres cada año

Mientras hablamos de lo que no existe (denuncias falsas), nos olvidamos de lo que sí es real: las mujeres  y menores asesinados por esta violencia

Tenemos un grave problema. ¿Por qué seguimos hablando de denuncias falsas y de derogación de la ley integral tildándola de ideología de género?

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Manifestación 8M (1)

Manifestación 8M (1) Olmo Calvo

Las razones para no hablar de denuncias falsas y las razones para luchar contra el TERRORISMO MACHISTA, siguen creciendo. Al preparar estas reflexiones, esas razones sumaban 975, número de mujeres asesinadas por este terrorismo machista desde 2.003 y hasta el 19 de diciembre de este año. ¿Y nuestros niños y niñas? Desde el año 2.013, 27 menores han sido asesinados por sus padres como una forma más, la mas cruel y ruin, de violencia hacia sus madres.

Ante estas cifras, sociedad e instituciones, debemos preguntarnos porqué, 14 años después de que se publicase la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, después de las reformas tan importantes que vieron la luz en el año 2.015 en esta materia y después, de un flamante Pacto de Estado, no se ha producido un verdadero avance en la lucha contra esta violencia y, porque, no hemos sido capaces de reducir el número de asesinatos.

“Hasta que no acabemos con el machismo, no acabaremos con el terrorismo machista”. Mientras no seamos capaces, todos y todas, la sociedad entera, de quitarnos los falsos mitos sobre esta violencia, las falsas y machistas creencias sobre este problema, mientras sigamos buscando justificaciones para el agresor y sigamos hablando de denuncias falsas, de madres maliciosas y manipuladoras, del síndrome de alineación parental, de custodias compartidas impuestas por ley y permitamos que se otorguen aún en casos de violencia de género… ninguna reforma legislativa va a surtir el efecto que debiera.

Una parte importante de nuestra sociedad sigue pensando en voz baja, y, en los últimos tiempos, no tan baja, cuestiones como ésta: la mujer pone una denuncia y al hombre se lo llevan al calabozo, la mujer tiene ahora todos los derechos, se queda con la casa, con los niños, con la pensión, es lógico que el hombre se desespere, se vuelva loco y… acabe matándola.

Son los falsos mitos sobre la violencia machista que hacen que minimicemos este problema y sus consecuencias. En tan solo 15 años, la violencia machista nos ha arrebatado en nuestro país, a 975 mujeres y aún seguimos sin llamar a estos asesinatos por su nombre y apellido: TERRORISMO MACHISTA.

En España, entre los años 1.960 y 2.010, el terrorismo político de ETA, acabó con la vida de 829 personas, 16 asesinatos por año. Nadie se cuestionaba que estábamos ante un problema de Estado, grave, ante un TERRORISMO que había que atajar desde las instituciones y desde la sociedad. Cada asesinato de ETA provocaba, no solo las mas contundentes acciones de repulsa y rechazo institucional, sino lo que fue fundamental para luchar contra él: una repulsa sin condiciones por parte de toda la sociedad civil que se echaba a la calle en manifestaciones multitudinarias tras cada asesinato.

La violencia de género, solo en los 15 años de los que disponemos datos estadísticos, se ha cobrado la vida de 65 mujeres cada año, sin embargo, seguimos mostrando pudor de llamar a este problema por su nombre.

Hay que dejar ya de hablar de lo que no existe, porque mientras hablamos de lo que no existe (denuncias falsas), nos olvidamos de lo que sí es real, el número de mujeres y menores asesinados por esta violencia.

Por una parte importante de la sociedad y, en los últimos años, de representantes de partidos políticos, se habla de denuncias falsas en violencia de género y de inconstitucionalidad de la Ley Integral. Las últimas elecciones autonómicas en Andalucía han abierto la puerta del Parlamento Andaluz, a una fuerza política que lleva entre sus propuestas de gobierno, la derogación de la Ley Integral, sobre la base de la inconstitucionalidad de esta norma.

Y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional en Sentencia N.º 59/2.008 de 14 de mayo (BOE N.º 135, de 4 de Junio_pág. 14 a 35_), afirma rotundamente la constitucionalidad de la misma.

Tenemos un grave problema. ¿Por qué seguimos hablando de denuncias falsas y de derogación de la ley integral tildándola de ideología de género?. ¿Por qué seguimos hablando de abusos contra los hombres o de situaciones de discriminación contra el hombre desde esta normativa?. ¿Por qué justificamos la conducta del agresor con pensamientos como “algo habrá hecho la mujer para que la matara, es que se había quedado con la casa, con los niños, con la pensión, es normal que el hombre llegara a asesinarla.”

Organismos internacionales como la CEDAW, achacan estas conductas y la falta de eficacia práctica de las normas jurídicas de las que disponemos para erradicar esta violencia, a la falta de formación especializada de los operadores jurídicos y, a la aplicación de las normas bajo los estereotipos y roles de género que, la cultura patriarcal de siglos de historia, ha asentado entre todos nosotros y nosotras, seamos juristas o no.

Si queremos proteger a las mujeres desde el ámbito judicial, la aplicación de las normas no podemos seguir haciéndola bajo criterios que se basen en estos estereotipos de género, estos estereotipos, como afirma este organismo, imponen una carga de prueba superior a las mujeres y niñas en los procesos judiciales por los delitos que los hombres cometen contra ellas y, excluyen o atribuyen un valor inferior, al testimonio de estas, o lo que es lo mismo, se las tacha de denunciar falsamente porque buscamos justificaciones para la conducta del agresor que lo dejen impune de la conducta violenta (archivos, sobreseimientos y sentencias absolutorias, en estos delitos, son buena prueba de ello).

En 2018, 14 de las 47 mujeres asesinadas SI había denunciado, y de esas 14, tan sólo en 9 de los casos se adoptó una medida de protección. Debemos escuchar a las víctimas si queremos protegerlas.

Ante estas cifras, es indudable que, a fecha de hoy, no hemos sido capaces desde el ámbito judicial e institucional, de afrontar este problema con la debida diligencia, y esta situación deriva directamente de un hecho clave: en nuestra sociedad del siglo XXI, no hemos sido capaces aún, de desprendernos de este MACHISMO que sigue asesinando a nuestras a nuestras mujeres y a sus hijos e hijas y, lo que es peor, estamos asistiendo sin rubor alguno, a la proliferación de asociaciones y partidos políticos que incluyen, entre sus objetivos y programas electorales, la eliminación y derogación de toda la normativa sobre violencia contra las mujeres y, la necesidad de dejar en el ámbito privado, como ocurría antes de los años 90, los “conflictos familiares”, término bajo el que se esconden verdaderas situaciones de violencia. Si queremos proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas, los juristas estamos obligados, por mandato del Art. 3.1 del Código Civil, a interpretar y aplicar las normas, conforme a su espíritu, su finalidad y la realidad social en la que deben surtir efecto pero, esa realidad social sobre la que debemos interpretarlas, no puede ser la de quienes hablan de denuncias falsas y falsas inconstitucionalidades, sino sobre la realidad de las 975 mujeres asesinadas en los últimos 15 años por este TERRORISMO MACHISTA.

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