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Pablo Iglesias, los bancos y los medios

Pablo Iglesias, durante la entrevista de este lunes en Telecinco

Pascual Serrano

Como era de esperar, se ha organizado un cierto tumulto por la propuesta de Pablo Iglesias de vetar que los bancos sean accionistas de medios de comunicación. Y como también suele ocurrir en estas ocasiones, las reacciones nos aportan muchas pistas. Numerosos directivos de medios y políticos de derecha han reaccionado airados acusando a Podemos de atentar contra la libertad de expresión y desempolvando ese mantra de que la izquierda quiere controlar los medios y la prensa.

Lo que uno no entiende es por qué donde hay un banco propietario de un periódico, una radio o una televisión ellos ven libertad de prensa o de expresión. O, si le damos la vuelta, cómo creen que controla la información Podemos si consiguiesen que un gran banco no fuese dueño de televisiones. A no ser que todos esos defensores sean, de alguna manera, parte de los que trabajan no tanto para esos medios, sino para esos bancos.

A nadie se le escapa que hoy nuestros medios de comunicación, y especialmente la televisión, decide de qué noticias se informa, qué analistas las interpretan, qué posiciones políticas tienen cobertura, qué dirigentes políticos y de qué partido son entrevistados, de qué ideología serán los tertulianos que comentarán la actualidad hasta la extenuación, una actualidad que, previamente, han definido ellos en sus informativos y redes.

Imagínense que a todos los trabajadores, periodistas, directivos y técnicos que se encargan de poner ese sistema en marcha, les paga un determinado banco. Al fin y al cabo, que un banco sea el dueño de una televisión quiere decir que es el banco quien que paga las nóminas de todos los que allí trabajan. Y, por supuesto, el que nombra y coloca a los jefes, e igualmente cesa y despide.

Es evidente que hoy una televisión es una máquina de crear ideología más eficaz que un partido político. A cualquiera le parecería una barbaridad que mañana un banco fundase un partido político y se ocupase de todos sus gastos y su gestión (al margen de que sería ilegal). Por tanto, es igualmente peligroso que sea un banco el dueño de un aparato de creación de opinión más eficaz todavía que un partido político, como puede ser una televisión.

Lo que un día fue denominado cuarto poder, en la medida es que estaba llamado a vigilar a los otros tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ha terminado convirtiéndose, quizás, en el mayor de todos los poderes. Con el agravante de que precisamente este cuarto poder no está sometido a ningún contrapoder, ni a ninguna legitimidad democrática (no lo vota nadie). Y lo que es peor, se trata del poder más permeable al poder económico. La democracia intenta -o debería intentar- que el dinero no controle al poder judicial ni al ejecutivo ni al legislativo, de hecho hasta existen estrictas medidas para supervisar la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, el poder económico se ha adueñado del poder mediático. Y más cuanto más inyección financiera necesita un medio. Hubo un día en que nuestros países tenían sistemas de control mediante leyes anticoncentración, reguladoras del accionariado, que limitaban inversores extranjeros, que dotaba a los gobiernos de derechos de veto ante acuerdos de fusión, que establecía límites a la publicidad para que la viabilidad de un medio no estuviese en manos de anunciantes, etc. Poco a poco los tsunamis neoliberales y desreguladores han ido sacudiéndose esas espinitas y hoy tienen todo el campo libre para que, por ejemplo, tan solo dos grupos empresariales (Atresmedia y Mediaset) controlen el 89,7% de todo los ingresos publicitarios de la televisión en abierto.

La objeción a la propuesta de Pablo Iglesias es que es insuficiente para democratizar el panorama de los medios. Los grandes medios que en España no son propiedad de bancos tienen su viabilidad pendiente de las deudas con esos bancos (qué curioso, como los grandes partidos). Además de la necesidad de que la banca no disponga de la llave que decida qué medios pueden o no existir, habría que legislar contra la actual concentración que permite que un solo grupo económico con un solo accionista mayoritario disponga de cuatro cadenas de televisión, varias radios y varios periódicos.

La propuesta de Pablo Iglesias es bienvenida al menos para abrir el debate y desenmascarar a muchos. Lo cínico es la capacidad de algunos de airear el espantajo de atentado contra la libertad de expresión y de prensa cuando ven peligrar su control sobre la información y el periodismo. No nos dejemos engañar, aquí algunos lo que disfrutan no es de libertad de prensa, sino de derecho a la censura en la medida en que deciden de qué se informa, quién opina y a quién se ataca o se silencia.

Cuando en Ecuador, el entonces presidente Rafael Correa aprobó un decreto que aumentaba el salario mínimo de los periodistas, las empresas de comunicación y los directivos de los periódicos acusaron al gobierno de atentar contra la libertad de expresión. Aquí, cuando alguien plantea vetar que los bancos sean accionistas de los medios, tampoco faltan los que afirman que si los medios no son de los bancos se está atacando a la libertad de expresión

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