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Rebeldes con causa

Incluso en caso de alcanzarse un acuerdo final, las negociaciones tan ásperas suelen dejar heridas que no son el mejor ingrediente de un gobierno de coalición

Me parece razonable y legítimo que Unidas Podemos, si se le pide que aporte sus 42 votos a la investidura del presidente, exija a cambio formar parte del gobierno. Incluso aunque este planteamiento venga motivado por intereses partidistas

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa

Aunque la fama se la lleve Juego de Tronos, a la que incluso se le atribuye el mérito de inspirar las estrategias de algunas fuerzas políticas, en realidad la obra que mejor ilustra el comportamiento de los dirigentes políticos en los últimos tiempos es Rebelde sin causa

Las escenas vividas en otoño de 2017 en Catalunya parecieron dirigidas por Nicholas Ray, aunque con un final distinto al escrito por Stewar Stern. En el peculiar 'juego del gallina' catalán nadie frenó a tiempo y todos, incluido James Dean, se precipitaron al vacío. 

Estos días, los escarceos previos a las negociaciones para la investidura de presidente del Gobierno apuntan a una adaptación a la política española de esta mítica película. Con una importante diferencia, los protagonistas en este caso son "rebeldes con causa". Tienen sus razones, aunque eso no excluye que, si no atienden a las de los otros, la peli acabe fatal. 

Una de las claves de cualquier negociación que pretenda llegar a buen puerto es entender la posición de tus interlocutores, comprender sus razones y conocer sus límites. Sin esta necesaria empatía, lo que sucede es que se comienza menospreciando a aquel con el que se negocia, para pasar después a ningunearlo y terminar culpabilizándolo del fracaso de la negociación, casi siempre con argumentos de superioridad moral. 

Esta exigencia de conocer, de entender al otro, que desde fuera de la negociación se pide a los interlocutores, es exigible también a los que, desde una posición mucho más cómoda, pretendemos analizar la situación. 

Esta actitud es la que me lleva a afirmar que estamos ante "rebeldes con causa", todos ellos con razones, todas ellas legítimas, que deben tenerse en cuenta si se quiere que esto acabe bien. Y para mí, que quede claro, "bien" significa un acuerdo de gobierno, que garantice estabilidad para toda la legislatura a partir de políticas de progreso con el máximo de implicación del PSOE y Unidas Podemos.

Me parece razonable y legítimo que Unidas Podemos, si se le pide que aporte sus 42 votos a la investidura del presidente, exija a cambio formar parte del gobierno. Incluso aunque este planteamiento venga motivado por intereses partidistas. Una estrategia que quedó clara la misma noche del 28 de abril cuando Pablo Iglesias, al valorar los resultados electorales, dijo aquello de "somos menos, pero más decisivos". 

No comparto la idea beatífica de que las fuerzas políticas solo deben atender a los llamados intereses generales del país, como si estos fueran únicos y compactos y no existieran conflictos sociales en juego. Como si disponer de fuerzas políticas sólidas y estables no fuera también un interés general del conjunto de la sociedad. 

Tanto si su objetivo principal es impulsar las políticas propuestas en su programa electoral, como si la razón determinante es contribuir con la entrada en el Gobierno a la estabilidad de su espacio político, o ambas cosas a la vez, me parece del todo razonable la pretensión de Unidas Podemos. 

De la misma manera, creo que es legítimo que el PSOE y Pedro Sánchez formulen objeciones con relación a la pretensión de Unidas Podemos. Tienen sus motivos para intentar un gobierno monocolor, más compacto, según ellos más estable y menos condicionado. Sobre todo si prevén, como parece, que Pablo Iglesias quiera ejercer de miembro destacado de un Gobierno de coalición, que debe ser solidario en las políticas, y al mismo tiempo actuar como líder de un espacio político que va a tener que marcar perfil propio para no verse engullido por la fuerza de atracción gravitatoria que generan los gobiernos de coalición en relación con los socios menores. Especialmente cuando en pocos meses el Gobierno y los partidos deberán gestionar políticamente el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los dirigentes independentistas. 

Son pues, rebeldes con causa que tienen sus razones todas legítimas, pero eso no quita que, si no las gestionan bien, la cosa pueda terminar fatal. Y eso sí sería una gran irresponsabilidad, aunque cada cual después la cuelgue sobre hombros ajenos. 

Hay dos aspectos que a mi entender deben estar muy presentes en la construcción de la solución final que, por supuesto, solo podrá alcanzarse si está alejada de los posicionamientos iniciales de cada parte, como sucede en todas las negociaciones.

En España, como en la mayoría de las sociedades democráticas, la fragmentación del arco parlamentario obliga a configurar mayorías de gobierno con dos o más fuerzas políticas. Es un factor estructural de la política de nuestro tiempo. Pretender gobiernos monocolores es un espejismo que puede aparentar más cohesión pero que ofrece menos estabilidad. Incluso aunque la jugada le saliera bien a Pedro Sánchez sería un gran error a medio plazo. Aunque reconozco que esta pretensión de que la política mire a lontananza es muy anticuada y está en claro retroceso. 

Además, en los próximos años podemos disponer de una situación excepcionalmente favorable, con un período muy amplio sin procesos electorales a la vista -una vez celebradas las elecciones catalanas. Lo que constituye una oportunidad para abordar en clave progresista algunas de las grandes reformas que este país necesita encarar urgentemente- relaciones laborales, seguridad social, fiscalidad, sistema educativo- y para participar activamente en el reforzamiento de la Unión Europea. Abordar estos retos requiere de un Gobierno estable lo que no parece que se pueda garantizar solo con 123 votos en el Congreso, ni con acuerdos de geometría variable para los que no hay mimbres. 

En este sentido sorprende la posición de Pedro Sánchez con su actitud de "formador pasivo" de la mayoría necesaria para la investidura -que tan bien explica Lluís Orriols- pretendiendo que su elección como presidente caiga como fruta madura. El sueño húmedo de una investidura por decantación del proceso o agotamiento de los interlocutores no es realista; salvo que lo que se pretenda no sea solo la investidura, sino una jugada maestra de bolera, con la que en un solo movimiento se derriban todos los bolos a un lado y otro del espacio político del PSOE. Si esta fuera la estrategia, incluso saliéndole bien la jugada a Pedro Sánchez, sería una gran victoria pírrica. 

Es evidente que queda margen de tiempo para el acuerdo y que aún se está en la fase de marcar territorio, pero mejor no olvidar que las dinámicas del "juego del gallina" pueden ser muy peligrosas. Se comienza llevando al interlocutor al borde del precipicio para generarle vértigo negociador y se acaba sin poder frenar a tiempo y con todos despeñándose al vacío. Este riesgo es aún mayor cuando son los dos interlocutores los que juegan a generar pánico en el otro, haciéndole ver que es él el que asume más costes en la ruptura. La experiencia nos dice que esta estrategia de generar pánico en el otro requiere en primer lugar que sea muy creíble para los propios, lo que termina complicando las maniobras de reconducción desde el conflicto al pacto, sobe todo si la decisión final se hace depender de procesos participativos en los que la responsabilidad aparece diluida. 

Incluso en caso de alcanzarse un acuerdo final, las negociaciones tan ásperas suelen dejar heridas que no son el mejor ingrediente de un gobierno de coalición. 

Las izquierdas de este país deben entender que para avanzar en políticas de progreso es absolutamente necesario consolidar una relación de cooperación que será necesariamente compleja, basada en la cultura de la "cooperación competitiva" o si se quiere invertir el orden de la "competitividad cooperadora". Cuanto antes se asuma, mejor para todos; porque no hacerlo va a tener costes muy elevados, sobre todo para aquellas personas que más necesitan de las políticas de lucha contra la desigualdad social. 

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