La Junta de Andalucía sanciona con 1,62 millones de euros al BBVA por no informar de sus viviendas protegidas

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 1,62 millones de euros al BBVA por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas en Andalucía. Habría incumplido la obligación de ofrecerlas a los registros municipales de demandantes, mecanismo que garantiza su adjudicación conforme a criterios socioeconómicos objetivos y evita la especulación con las mismas.

Esta obligación fue establecida por la Ley de Vivienda Protegida, que fue introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, recurrida parcialmente en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación pero no en el artículo que se refiere a esta obligación. En el caso del BBVA, el número de inmuebles sin ofrecer a los registros que ha acreditado la consejería es 27. Como la sanción es de 60.000 euros por cada uno, se suma dicha cantidad. Los inmuebles se encuentran en las provincias de Granada (siete), Cádiz (seis), Almería (cinco), Huelva (cinco), Málaga (dos) y Sevilla (dos).

El BBVA ha anunciado que va a presentar recurso contra esta decisión. Fuentes del banco han explicado que “es una sanción por incumplimiento de un trámite administrativo y no por incumplimiento de la función social de vivienda”. Han matizado que “no es una sanción nueva, sino el desestimiento a las alegaciones presentadas por el banco a la impuesta hace un año”. Las mismas fuentes han subrayado que el banco “tiene definida una política activa en materia de vivienda social, que garantiza techo a todas las familias clientes de BBVA en riesgo de exclusión social con préstamo hipotecario”. Es más, el BBVA “aportó 900 viviendas al Fondo Social de Vivienda y se adhirió al Código de Buenas Prácticas”.

La resolución de la consejería contra el BBVA cierra un expediente abierto en febrero de 2013, tras haber desestimado las alegaciones presentadas por el banco, según ha reconocido desde el departamento que dirige Elena Cortés. También se han culminado expedientes en la misma línea contra otros dos bancos: una sanción para el Banco Popular de 5,82 millones de euros por 87 viviendas protegidas, y otra para el Sabadell por 120.000 euros por dos.

Hay abiertos también expedientes a otros cinco bancos, por un total de 3,48 millones de euros: Building Center (1,56 millones de euros por 26 viviendas protegidas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 por 13), Banco Santander (660.000 por 11), Servihabitat (360.000 por seis) y Anida Operaciones Singulares (120.000 por dos). Estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.